¡Ay, Dios mío, qué movida! Resulta que ahora sí, parece que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) va a tener el visto bueno para deshacerse de toda esa pila de propiedades, carros y demás churunches que han caído en sus manos gracias a los capos. Un proyecto de ley presentado por el dipu Gilbert Jiménez Siles podría ponerle fin al sufrimiento de ver cómo estos bienes se van al traste esperando años y años por un juicio.
La verdad es que la situación actual es un verdadero despiche. Según explican, el artículo 20 de la ley 8754 ha estado atascando todo, dejando montones de activos inmovilizados durante tanto tiempo que terminan perdiendo valor. Imagínate, el caso 'Palidejo', una casa en Alajuela que lleva más de una década parada, acumulando polvo y costándole al Estado una fortuna en mantenimiento. ¡Un lujo que no nos podemos permitir, chunches!
Lo que propone el diputado es flexibilizar esas reglas, darle al ICD la potestad de monetizar esos bienes rápido, sin andar batallando con procesos judiciales interminables. Claro, siempre cuidando que se respeten los derechos de todos, pero agilizando las cosas para que el Estado recupere su plata y, de paso, le pegue un buen golpe al narcotráfico. Porque, díganlo en voz baja, mientras más tiempo estén esos bienes amparados, más fácil se hace para el hampa lavarlos y meterlos en la bolsa.
Jiménez, con toda la razón del mundo, afirma que esto está totalmente acorde con los estándares internacionales, con organizaciones como GAFI, la OEA y la Convención de Palermo. Dice que estamos hablando de modernizar las herramientas que tenemos para combatir el crimen, convirtiendo esa riqueza ilícita en una fuente de financiamiento para la seguridad pública, el OIJ, el Ministerio Público e incluso para ayudar a las víctimas de este flagelo. ¡Eso sí es darle la vuelta al tablero!
Y miren las ventajas: primero, ahorramos una banda de plata en mantenimiento de esos bienes, que a veces vale más el costo que el bien mismo. Segundo, vendemos antes los activos que sí tienen salida rápida. Tercero, convertimos activos malos en recursos para fortalecer la lucha contra el narco y proteger a nuestra gente. Cuarto, aseguramos que todo esté transparente, con control judicial constante, para evitar cualquier sospecha. Suena a planazo, ¿eh?
Este proyecto no es nuevo; ya había otra iniciativa similar que terminó archivada, pero esta vez viene con más fuerza, incorporando sugerencias técnicas y teniendo en cuenta lo que dicen los expertos a nivel internacional. Como dice el diputado, “Costa Rica no puede seguir regalando el deterioro de activos que provienen del crimen”. Hay que tomar cartas en el asunto y convertir esa riqueza sucia en una inversión para cuidar nuestras comunidades. La idea es dejarles claro a los peces gordos que acá no se juega limpio.
Ahora, algunos puristas dirán que se corre el riesgo de violar el debido proceso o que se pueden cometer errores. Pero la realidad es que la situación actual es aún peor, porque permite que el crimen siga operando impune mientras el Estado se queda viendo cómo sus activos se pudren. Con esta reforma, al menos le damos al ICD las herramientas necesarias para actuar con mayor agilidad y eficiencia, protegiendo los intereses del país. Es una jugada arriesgada, pero a veces hay que jugársela si queremos salir adelante y frenar la ola de violencia que nos azota.
En fin, el proyecto está ahora en manos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esperemos que no le den largas y que lo aprueben pronto. Después de todo, ¿ustedes creen que esta reforma es realmente efectiva para combatir el crimen organizado, o simplemente abrirá la puerta a nuevos abusos y corrupción? Déjenme saber su opinión en los comentarios – ¡quiero saber qué piensan mis panas!
La verdad es que la situación actual es un verdadero despiche. Según explican, el artículo 20 de la ley 8754 ha estado atascando todo, dejando montones de activos inmovilizados durante tanto tiempo que terminan perdiendo valor. Imagínate, el caso 'Palidejo', una casa en Alajuela que lleva más de una década parada, acumulando polvo y costándole al Estado una fortuna en mantenimiento. ¡Un lujo que no nos podemos permitir, chunches!
Lo que propone el diputado es flexibilizar esas reglas, darle al ICD la potestad de monetizar esos bienes rápido, sin andar batallando con procesos judiciales interminables. Claro, siempre cuidando que se respeten los derechos de todos, pero agilizando las cosas para que el Estado recupere su plata y, de paso, le pegue un buen golpe al narcotráfico. Porque, díganlo en voz baja, mientras más tiempo estén esos bienes amparados, más fácil se hace para el hampa lavarlos y meterlos en la bolsa.
Jiménez, con toda la razón del mundo, afirma que esto está totalmente acorde con los estándares internacionales, con organizaciones como GAFI, la OEA y la Convención de Palermo. Dice que estamos hablando de modernizar las herramientas que tenemos para combatir el crimen, convirtiendo esa riqueza ilícita en una fuente de financiamiento para la seguridad pública, el OIJ, el Ministerio Público e incluso para ayudar a las víctimas de este flagelo. ¡Eso sí es darle la vuelta al tablero!
Y miren las ventajas: primero, ahorramos una banda de plata en mantenimiento de esos bienes, que a veces vale más el costo que el bien mismo. Segundo, vendemos antes los activos que sí tienen salida rápida. Tercero, convertimos activos malos en recursos para fortalecer la lucha contra el narco y proteger a nuestra gente. Cuarto, aseguramos que todo esté transparente, con control judicial constante, para evitar cualquier sospecha. Suena a planazo, ¿eh?
Este proyecto no es nuevo; ya había otra iniciativa similar que terminó archivada, pero esta vez viene con más fuerza, incorporando sugerencias técnicas y teniendo en cuenta lo que dicen los expertos a nivel internacional. Como dice el diputado, “Costa Rica no puede seguir regalando el deterioro de activos que provienen del crimen”. Hay que tomar cartas en el asunto y convertir esa riqueza sucia en una inversión para cuidar nuestras comunidades. La idea es dejarles claro a los peces gordos que acá no se juega limpio.
Ahora, algunos puristas dirán que se corre el riesgo de violar el debido proceso o que se pueden cometer errores. Pero la realidad es que la situación actual es aún peor, porque permite que el crimen siga operando impune mientras el Estado se queda viendo cómo sus activos se pudren. Con esta reforma, al menos le damos al ICD las herramientas necesarias para actuar con mayor agilidad y eficiencia, protegiendo los intereses del país. Es una jugada arriesgada, pero a veces hay que jugársela si queremos salir adelante y frenar la ola de violencia que nos azota.
En fin, el proyecto está ahora en manos de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esperemos que no le den largas y que lo aprueben pronto. Después de todo, ¿ustedes creen que esta reforma es realmente efectiva para combatir el crimen organizado, o simplemente abrirá la puerta a nuevos abusos y corrupción? Déjenme saber su opinión en los comentarios – ¡quiero saber qué piensan mis panas!
