Maes, agárrense porque esta vara está como para sentarse a analizarla con calma. Resulta que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) acaba de tirar una bomba: a partir de setiembre del 2025, le van a meter un ajuste serio a las jornadas de la gente que bretea en el COAVIFMU. Para los que no están en la jugada, ese es el centro que atiende las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer que entran por el 9-1-1. O sea, un servicio que es, literalmente, vital.
La versión oficial, muy elegante y con lenguaje de comunicado de prensa, dice que es para “garantizar el estricto cumplimiento del marco legal” y “optimizar los recursos públicos”. Traducido al buen tico: se dieron cuenta del despiche que tenían. Según el mismo INAMU, durante el 2024 y 2025, al personal de este centro se le pagaron horas extras “de manera permanente”. ¡Permanente! Diay, mae, eso no es una extras, eso es prácticamente un segundo salario. Y claro, eso generó “un incremento significativo” en el gasto. Aquí es donde uno se pregunta cómo se les fue la mano de esa manera. Se jalaron una torta administrativa que, por lo visto, duró años y representó un hueco importante en la billetera de la institución.
Ahora, aquí es donde la vara se pone color de hormiga. Por un lado, es obvio que tener una planilla inflada con horas extra fijas no es sostenible ni legal. El Estado no puede funcionar así, y que pongan orden es, en principio, lo correcto. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la gente que está ahí, en la trinchera, atendiendo casos terribles día y noche? Para una persona funcionaria, que le digan que esas extras “permanentes” se acaban, se traduce en un bajonazo de salario considerable. El comunicado habla muy bonito de “condiciones laborales dignas” y “bienestar integral”, pero para muchos, el bienestar empieza por tener suficiente plata para pagar las cuentas. ¡Qué sal para ellos! De la noche a la mañana, su realidad financiera va a cambiar por una decisión que se tomó para corregir un desorden que no fue culpa suya.
El INAMU se escuda, y con razón, en el artículo 136 del Código de Trabajo, diciendo que con esto “prevalece el principio de legalidad”. O sea, están diciendo: “tranquilos todos, solo estamos haciendo lo que la ley dice”. Y sí, tienen un punto. El problema no es el ajuste de ahora, sino el desorden de antes. La pregunta del millón es: ¿cómo van a garantizar que el servicio no se vaya al traste? Atender una línea de emergencia 24/7 requiere personal siempre disponible. Si cortan las extras, ¿van a contratar más gente para cubrir los turnos? ¿O van a estirar al personal actual hasta que no puedan más, afectando la calidad de la atención a las víctimas? Porque si la solución es menos gente o gente más cansada, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Al final, esto deja un sabor agridulce. Por un lado, se aplaude que se intente ordenar la casa y usar la plata de forma más eficiente. Nadie quiere que los impuestos se vayan en pagos irregulares. Pero por el otro, la ejecución de esta medida es crítica. Estamos hablando de un servicio que es la primera línea de defensa para miles de mujeres en situaciones de peligro extremo. No es cualquier oficina pública. El cambio rige hasta setiembre del 2025, lo que les da un año para planificar. Esperemos que lo usen bien y no terminen arreglando un problema financiero creando una crisis humana.
Maes, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esto es una movida necesaria para frenar un despilfarro, o es un riesgo enorme para un servicio que literalmente salva vidas? ¿O las dos cosas? ¡Los leo en los comentarios!
La versión oficial, muy elegante y con lenguaje de comunicado de prensa, dice que es para “garantizar el estricto cumplimiento del marco legal” y “optimizar los recursos públicos”. Traducido al buen tico: se dieron cuenta del despiche que tenían. Según el mismo INAMU, durante el 2024 y 2025, al personal de este centro se le pagaron horas extras “de manera permanente”. ¡Permanente! Diay, mae, eso no es una extras, eso es prácticamente un segundo salario. Y claro, eso generó “un incremento significativo” en el gasto. Aquí es donde uno se pregunta cómo se les fue la mano de esa manera. Se jalaron una torta administrativa que, por lo visto, duró años y representó un hueco importante en la billetera de la institución.
Ahora, aquí es donde la vara se pone color de hormiga. Por un lado, es obvio que tener una planilla inflada con horas extra fijas no es sostenible ni legal. El Estado no puede funcionar así, y que pongan orden es, en principio, lo correcto. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la gente que está ahí, en la trinchera, atendiendo casos terribles día y noche? Para una persona funcionaria, que le digan que esas extras “permanentes” se acaban, se traduce en un bajonazo de salario considerable. El comunicado habla muy bonito de “condiciones laborales dignas” y “bienestar integral”, pero para muchos, el bienestar empieza por tener suficiente plata para pagar las cuentas. ¡Qué sal para ellos! De la noche a la mañana, su realidad financiera va a cambiar por una decisión que se tomó para corregir un desorden que no fue culpa suya.
El INAMU se escuda, y con razón, en el artículo 136 del Código de Trabajo, diciendo que con esto “prevalece el principio de legalidad”. O sea, están diciendo: “tranquilos todos, solo estamos haciendo lo que la ley dice”. Y sí, tienen un punto. El problema no es el ajuste de ahora, sino el desorden de antes. La pregunta del millón es: ¿cómo van a garantizar que el servicio no se vaya al traste? Atender una línea de emergencia 24/7 requiere personal siempre disponible. Si cortan las extras, ¿van a contratar más gente para cubrir los turnos? ¿O van a estirar al personal actual hasta que no puedan más, afectando la calidad de la atención a las víctimas? Porque si la solución es menos gente o gente más cansada, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
Al final, esto deja un sabor agridulce. Por un lado, se aplaude que se intente ordenar la casa y usar la plata de forma más eficiente. Nadie quiere que los impuestos se vayan en pagos irregulares. Pero por el otro, la ejecución de esta medida es crítica. Estamos hablando de un servicio que es la primera línea de defensa para miles de mujeres en situaciones de peligro extremo. No es cualquier oficina pública. El cambio rige hasta setiembre del 2025, lo que les da un año para planificar. Esperemos que lo usen bien y no terminen arreglando un problema financiero creando una crisis humana.
Maes, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esto es una movida necesaria para frenar un despilfarro, o es un riesgo enorme para un servicio que literalmente salva vidas? ¿O las dos cosas? ¡Los leo en los comentarios!
