Diay maes, ¿todo bien? Hablemos de algo que nos toca a todos, literalmente hasta la puerta de la casa: la basura. Porque parece que se está cocinando una torta de proporciones épicas en el Gran Área Metropolitana y, si nadie hace nada, nos podría explotar en la cara. Resulta que catorce, sí, ¡catorce!, alcaldes de los cantones más importantes del GAM le están tocando la puerta a Casa Presidencial con cara de emergencia, pidiendo una reunión urgente con el presi Chaves. La razón es simple y a la vez complicadísima: un nuevo decreto sobre el manejo de residuos sólidos que, según ellos, es prácticamente imposible de cumplir. Y cuando tantos alcaldes se ponen de acuerdo en algo, es porque la vara está que arde.
Para ponerlos en contexto, la cosa va así. El Ministerio de Salud sacó el Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, que busca “regionalizar” la gestión de la basura. Suena bien en el papel, ¿verdad? El problema, como casi siempre, está en los detalles y, sobre todo, en los plazos. Los alcaldes dicen que las fechas que les pusieron son una locura, que no hay forma humana ni técnica de implementar todo lo que se pide en el tiempo estipulado. Es básicamente el equivalente burocrático de pedirle a alguien que construya el Estadio Nacional en una semana con una cuchara. La carta que enviaron es clarísima: o se sientan a hablar y definen una hoja de ruta con plazos realistas, o todo el sistema de recolección se puede ir al traste.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Esto no es un simple berrinche político. El caso de Desamparados es el canario en la mina: ya se anunció que 250 mil vecinos podrían quedarse sin un lugar donde botar sus desechos. ¡Un cuarto de millón de personas! Imagínense el despiche sanitario y ambiental. Es una bomba de tiempo. Por eso, figuras como Diego Miranda, el alcalde de Chepe, andan moviendo cielo y tierra para que el Ejecutivo entienda la magnitud del problema. Miranda dice que Chaves está “anuente a dialogar”, lo cual es el primer paso, pero del dicho al hecho… hay un montón de basura en el trecho. Lo que piden no es que les perdonen el brete, sino que se sienten a la mesa los técnicos, los políticos y todos los involucrados para crear un plan que de verdad funcione.
La propuesta de los gobiernos locales es bastante sensata: armar una "hoja de ruta técnica". Esto, traducido del lenguaje político, significa: "Mae, sentémonos a hacer un plan lógico, con metas que se puedan medir y tiempos que no sean un chiste". El objetivo final es evitar que el costo de esta bronca, de esta aparente falta de planificación, termine cayéndole encima a los ciudadanos. Porque al final, si las municipalidades tienen que correr y gastar millonadas para cumplir con plazos imposibles, ¿adivinen de dónde va a salir esa plata? Exacto, de nuestros bolsillos, a través de impuestos y tasas municipales más altas. Se busca un "punto de equilibrio" para no jalarse una torta que después paguemos todos.
Al final, esta situación es el perfecto ejemplo de un “tema país” que va más allá de los colores políticos. Es un pulseo técnico y logístico con consecuencias directas en nuestra calidad de vida. No se trata de quién tiene la razón, sino de cómo evitamos que las calles de la GAM se conviertan en un basurero gigante. Los alcaldes ya pusieron las cartas sobre la mesa, y la pelota ahora está en la cancha del Presidente Chaves y del Ministerio de Salud. La pregunta es si habrá voluntad para negociar de verdad y evitar la crisis, o si seguiremos por el camino del decreto a rajatabla hasta que el problema sea inmanejable.
Diay, ¿ustedes qué creen? ¿Se logrará ese famoso "punto de equilibrio" o deberíamos irnos preparando para el colapso de la basura? ¿A quién le toca ceder más en esta vara: a las municipalidades o al gobierno central?
Para ponerlos en contexto, la cosa va así. El Ministerio de Salud sacó el Decreto Ejecutivo N.° 44974-S, que busca “regionalizar” la gestión de la basura. Suena bien en el papel, ¿verdad? El problema, como casi siempre, está en los detalles y, sobre todo, en los plazos. Los alcaldes dicen que las fechas que les pusieron son una locura, que no hay forma humana ni técnica de implementar todo lo que se pide en el tiempo estipulado. Es básicamente el equivalente burocrático de pedirle a alguien que construya el Estadio Nacional en una semana con una cuchara. La carta que enviaron es clarísima: o se sientan a hablar y definen una hoja de ruta con plazos realistas, o todo el sistema de recolección se puede ir al traste.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Esto no es un simple berrinche político. El caso de Desamparados es el canario en la mina: ya se anunció que 250 mil vecinos podrían quedarse sin un lugar donde botar sus desechos. ¡Un cuarto de millón de personas! Imagínense el despiche sanitario y ambiental. Es una bomba de tiempo. Por eso, figuras como Diego Miranda, el alcalde de Chepe, andan moviendo cielo y tierra para que el Ejecutivo entienda la magnitud del problema. Miranda dice que Chaves está “anuente a dialogar”, lo cual es el primer paso, pero del dicho al hecho… hay un montón de basura en el trecho. Lo que piden no es que les perdonen el brete, sino que se sienten a la mesa los técnicos, los políticos y todos los involucrados para crear un plan que de verdad funcione.
La propuesta de los gobiernos locales es bastante sensata: armar una "hoja de ruta técnica". Esto, traducido del lenguaje político, significa: "Mae, sentémonos a hacer un plan lógico, con metas que se puedan medir y tiempos que no sean un chiste". El objetivo final es evitar que el costo de esta bronca, de esta aparente falta de planificación, termine cayéndole encima a los ciudadanos. Porque al final, si las municipalidades tienen que correr y gastar millonadas para cumplir con plazos imposibles, ¿adivinen de dónde va a salir esa plata? Exacto, de nuestros bolsillos, a través de impuestos y tasas municipales más altas. Se busca un "punto de equilibrio" para no jalarse una torta que después paguemos todos.
Al final, esta situación es el perfecto ejemplo de un “tema país” que va más allá de los colores políticos. Es un pulseo técnico y logístico con consecuencias directas en nuestra calidad de vida. No se trata de quién tiene la razón, sino de cómo evitamos que las calles de la GAM se conviertan en un basurero gigante. Los alcaldes ya pusieron las cartas sobre la mesa, y la pelota ahora está en la cancha del Presidente Chaves y del Ministerio de Salud. La pregunta es si habrá voluntad para negociar de verdad y evitar la crisis, o si seguiremos por el camino del decreto a rajatabla hasta que el problema sea inmanejable.
Diay, ¿ustedes qué creen? ¿Se logrará ese famoso "punto de equilibrio" o deberíamos irnos preparando para el colapso de la basura? ¿A quién le toca ceder más en esta vara: a las municipalidades o al gobierno central?
