¡Ay, Dios mío! Esto se puso feísimo, pura chincha. Apenas estábamos recuperándonos de las fiestas de fin de año y ya nos llegó la cruda realidad: San José se convirtió en el epicentro de la guerra narca en Costa Rica. Las estadísticas hablan por sí solas, y no dan pie a muchas alegrías, digámoslo así.
Según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el 2024 se contaron 229 asesinatos en la provincia de San José. Pero, ¡sorpresa!, al cerrar el 2025, esa cifra escaló hasta los 281. Un aumento del 22,7% interanual que, francamente, nos deja helados. No es un dato menor, ¿eh?
Mientras otras provincias como Limón, que históricamente ha sido caldo de cultivo para estas actividades ilícitas, muestran una ligera estabilidad (pasando de 167 a 166 homicidios), e incluso Puntarenas experimenta una leve disminución (de 146 a 116), San José va en picada. Esto demuestra que el problema no es solamente de zonas costeras, sino que se ha infiltrado en el corazón del país.
A nivel nacional, la situación tampoco pinta muy bien. Sumamos 826 muertes violentas a lo largo del 2025, además de 81 víctimas colaterales – esas personas inocentes que terminan atrapadas en medio del fuego cruzado. ¡Qué sal! Uno camina por la calle pensando qué estará pasando realmente. Es preocupante ver cómo la violencia afecta a familias enteras y pone en riesgo la seguridad de todos nosotros.
El OIJ estima que 547 de estos casos son considerados “ajustes de cuentas”, un término que, aunque técnico, refleja la crueldad y la frialdad con la que se ejecutan estos crímenes. Estos ajustes no son precisamente peleas de gallos, sino ejecuciones premeditadas entre grupos rivales que buscan controlar territorios y rutas de narcotráfico. Y ahí, lamentablemente, muchos ciudadanos terminan pagando el precio.
Expertos en seguridad han señalado la creciente presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país, quienes aportan recursos y experiencia para fortalecer sus operaciones. Además, la facilidad con la que se adquieren armas de fuego ilegales agrava aún más la situación. No es un secreto que hay contrabandistas de armas a montón, buscando hacer negocio con la desgracia ajena.
Las autoridades, por su parte, aseguran estar redoblando esfuerzos para combatir esta ola de violencia. Han incrementado operativos policiales, fortalecido la inteligencia y establecido alianzas con otros países de la región. Pero, sinceramente, a veces da la sensación de que estamos corriendo detrás del tren, tratando de agarrarle la mano cuando ya se fue a toda velocidad. Necesitamos soluciones a fondo, no parches temporales.
Es evidente que la guerra narca se ha convertido en una amenaza seria para nuestra sociedad. La inseguridad ciudadana aumenta, el miedo se apodera de las calles y la confianza en las instituciones se erosiona. Entonces, ¿qué podemos hacer, como ciudadanos comunes y corrientes, para ayudar a frenar esta espiral de violencia? ¿Creemos que es suficiente con más policías y operativos, o necesitamos abordar también las causas profundas que alimentan este flagelo, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes?
Según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el 2024 se contaron 229 asesinatos en la provincia de San José. Pero, ¡sorpresa!, al cerrar el 2025, esa cifra escaló hasta los 281. Un aumento del 22,7% interanual que, francamente, nos deja helados. No es un dato menor, ¿eh?
Mientras otras provincias como Limón, que históricamente ha sido caldo de cultivo para estas actividades ilícitas, muestran una ligera estabilidad (pasando de 167 a 166 homicidios), e incluso Puntarenas experimenta una leve disminución (de 146 a 116), San José va en picada. Esto demuestra que el problema no es solamente de zonas costeras, sino que se ha infiltrado en el corazón del país.
A nivel nacional, la situación tampoco pinta muy bien. Sumamos 826 muertes violentas a lo largo del 2025, además de 81 víctimas colaterales – esas personas inocentes que terminan atrapadas en medio del fuego cruzado. ¡Qué sal! Uno camina por la calle pensando qué estará pasando realmente. Es preocupante ver cómo la violencia afecta a familias enteras y pone en riesgo la seguridad de todos nosotros.
El OIJ estima que 547 de estos casos son considerados “ajustes de cuentas”, un término que, aunque técnico, refleja la crueldad y la frialdad con la que se ejecutan estos crímenes. Estos ajustes no son precisamente peleas de gallos, sino ejecuciones premeditadas entre grupos rivales que buscan controlar territorios y rutas de narcotráfico. Y ahí, lamentablemente, muchos ciudadanos terminan pagando el precio.
Expertos en seguridad han señalado la creciente presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país, quienes aportan recursos y experiencia para fortalecer sus operaciones. Además, la facilidad con la que se adquieren armas de fuego ilegales agrava aún más la situación. No es un secreto que hay contrabandistas de armas a montón, buscando hacer negocio con la desgracia ajena.
Las autoridades, por su parte, aseguran estar redoblando esfuerzos para combatir esta ola de violencia. Han incrementado operativos policiales, fortalecido la inteligencia y establecido alianzas con otros países de la región. Pero, sinceramente, a veces da la sensación de que estamos corriendo detrás del tren, tratando de agarrarle la mano cuando ya se fue a toda velocidad. Necesitamos soluciones a fondo, no parches temporales.
Es evidente que la guerra narca se ha convertido en una amenaza seria para nuestra sociedad. La inseguridad ciudadana aumenta, el miedo se apodera de las calles y la confianza en las instituciones se erosiona. Entonces, ¿qué podemos hacer, como ciudadanos comunes y corrientes, para ayudar a frenar esta espiral de violencia? ¿Creemos que es suficiente con más policías y operativos, o necesitamos abordar también las causas profundas que alimentan este flagelo, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes?
