Maes, a veces uno lee unas varas que pasan en este país y no sabe si reír o llorar. Hoy me topé con una de esas historias que son el vivo retrato de por qué a veces sentimos que no avanzamos. La vara es así de simple y a la vez así de complicada: hay una escuela en Cipreses de Oreamuno que se está cayendo a pedazos, pero el MEP no puede meterle un cinco porque, agárrense, el terreno no está a su nombre. No, no es un chiste. Es la realidad de cientos de güilas y educadores que todos los días van a un centro educativo que es una bomba de tiempo.
Vamos a ponerle nombre y apellido al problema, porque esto ya pasa de castaño oscuro. La escuela de Cipreses es un catálogo de deficiencias. Imagínense el despiche: aulas de 35 metros cuadrados para grupos de 16 estudiantes. ¡Eso es básicamente un clóset con pizarra! No tienen zonas verdes, ni un triste lugar para que los chiquitos se sienten a descansar al aire libre. Para rematar, el inmueble está en un terreno inclinado, con los riesgos de seguridad que eso implica. Pero la cereza del pastel, la que de verdad demuestra que nos hemos jalado una torta monumental como país, es que las oficinas de Educación Especial funcionan en espacios improvisados... como un antiguo baño y una bodega. Lean eso de nuevo. Un baño. Para atender a estudiantes con necesidades especiales. Es una falta de respeto que clama al cielo.
Diay, ¿y por qué el MEP, con toda su Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), no ha hecho nada? Aquí es donde la burocracia tica brilla en todo su esplendor. Resulta que la ley actual es clarísima: el Estado solo puede invertir plata pública en propiedades que estén registradas a nombre de la entidad que va a ejecutar la obra. En este caso, el terreno es del Estado, sí, pero no está a nombre del MEP. Entonces, la DIE está de manos atadas. No pueden construir, no pueden reparar, no pueden terminar tres aulas que están a medio palo por falta de presupuesto. Es el colmo del 'no se puede' por un papel, un nudo legal que tiene a toda una comunidad educativa pagando los platos rotos.
Y en medio de este enredo, aparece el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, con una iniciativa de ley que, francamente, suena a lo más lógico del mundo. El proyecto busca una cosa: que el Estado le traspase de una vez por todas el bendito terreno al MEP. ¡Tan simple como eso! Con esa firma, se deshace el nudo. La DIE ya tendría la luz verde para terminar las aulas inconclusas y, más importante aún, para empezar a planificar las otras obras urgentes que necesita la escuela para ser un lugar digno y seguro. Es un parche de sentido común para una herida que lleva demasiado tiempo abierta, un intento de que la lógica le gane al papeleo para que los funcionarios puedan, por fin, hacer su brete.
Al final, esta historia va más allá de un diputado o un partido político. Refleja una enfermedad crónica de nuestro sistema: la incapacidad de responder con agilidad a las necesidades más básicas de la gente. Es absurdo que la seguridad y la dignidad de cientos de estudiantes dependan de un trámite que se pudo haber resuelto hace años. Ojalá que el proyecto avance rápido en la Asamblea y que esta torta se resuelva. Pero más allá de Cipreses, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros 'chunches' educativos están así, en un limbo legal, mientras los güilas pagan las consecuencias? ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de nuestra ineficiencia? Los leo, maes.
Vamos a ponerle nombre y apellido al problema, porque esto ya pasa de castaño oscuro. La escuela de Cipreses es un catálogo de deficiencias. Imagínense el despiche: aulas de 35 metros cuadrados para grupos de 16 estudiantes. ¡Eso es básicamente un clóset con pizarra! No tienen zonas verdes, ni un triste lugar para que los chiquitos se sienten a descansar al aire libre. Para rematar, el inmueble está en un terreno inclinado, con los riesgos de seguridad que eso implica. Pero la cereza del pastel, la que de verdad demuestra que nos hemos jalado una torta monumental como país, es que las oficinas de Educación Especial funcionan en espacios improvisados... como un antiguo baño y una bodega. Lean eso de nuevo. Un baño. Para atender a estudiantes con necesidades especiales. Es una falta de respeto que clama al cielo.
Diay, ¿y por qué el MEP, con toda su Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), no ha hecho nada? Aquí es donde la burocracia tica brilla en todo su esplendor. Resulta que la ley actual es clarísima: el Estado solo puede invertir plata pública en propiedades que estén registradas a nombre de la entidad que va a ejecutar la obra. En este caso, el terreno es del Estado, sí, pero no está a nombre del MEP. Entonces, la DIE está de manos atadas. No pueden construir, no pueden reparar, no pueden terminar tres aulas que están a medio palo por falta de presupuesto. Es el colmo del 'no se puede' por un papel, un nudo legal que tiene a toda una comunidad educativa pagando los platos rotos.
Y en medio de este enredo, aparece el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, con una iniciativa de ley que, francamente, suena a lo más lógico del mundo. El proyecto busca una cosa: que el Estado le traspase de una vez por todas el bendito terreno al MEP. ¡Tan simple como eso! Con esa firma, se deshace el nudo. La DIE ya tendría la luz verde para terminar las aulas inconclusas y, más importante aún, para empezar a planificar las otras obras urgentes que necesita la escuela para ser un lugar digno y seguro. Es un parche de sentido común para una herida que lleva demasiado tiempo abierta, un intento de que la lógica le gane al papeleo para que los funcionarios puedan, por fin, hacer su brete.
Al final, esta historia va más allá de un diputado o un partido político. Refleja una enfermedad crónica de nuestro sistema: la incapacidad de responder con agilidad a las necesidades más básicas de la gente. Es absurdo que la seguridad y la dignidad de cientos de estudiantes dependan de un trámite que se pudo haber resuelto hace años. Ojalá que el proyecto avance rápido en la Asamblea y que esta torta se resuelva. Pero más allá de Cipreses, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros 'chunches' educativos están así, en un limbo legal, mientras los güilas pagan las consecuencias? ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de nuestra ineficiencia? Los leo, maes.
