Diay maes, a veces uno lee noticias que lo dejan pensando si en Zapote están jugando dardos con los proyectos de ley. Hoy me topé con una vara que, para serles franca, me dejó con el pelo parado. Resulta que el Gobierno, a través del expediente 24.616, quiere que el Ministerio de Economía (el MEIC, para los compas) se ponga a "supervisar" a todas las entidades financieras del país. Así como lo oyen. Y como era de esperarse, a los meros meros de las superintendencias (la gente cuyo brete es, justamente, supervisar estas varas) casi les da un yeyo. Fueron a la Asamblea Legislativa y soltaron un bombazo que bautizaron como los "7 pecados capitales" de esta propuesta. Y no, no es una exageración; es más bien un llamado de emergencia antes de que nos jalemos una torta monumental.
Vamos a ver, desenredemos este chunche. El primer y más obvio problema es el conflicto de interés. El MEIC es parte del Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la cuchara metida en los bancos estatales. El ministro de Economía participa en el nombramiento de las juntas directivas de esos bancos. Entonces, con este proyecto, el MEIC sería juez y parte. Imagínense el despiche: el mismo ente que ayuda a poner a los directores de un banco, luego tendría que supervisarlos y, si se portan mal, sancionarlos. ¡Una belleza, verdad! Además, se crearía una duplicidad de funciones que ni para qué les cuento. Ya existen la Sugef, Sugese, Supén y Sugeval, que son entes técnicos e independientes. Poner al MEIC a hacer lo mismo sería como tener dos porteros en la misma cancha: más caro, más confuso y al final nadie sabe quién es el responsable del gol.
Pero la cosa se pone más fea. El proyecto le daría permiso al MEIC para pedirle al Centro de Información Crediticia (el famoso CIC de la Sugef) todos nuestros datos confidenciales. Sí, su historial crediticio y el mío, en manos de un ministerio que no tiene la especialización ni la independencia para manejarlos. Y si creían que eso era todo, prepárense para la cereza del pastel: los costos. Esta genialidad implicaría un nuevo "canon" de hasta un 1% del patrimonio de las entidades supervisadas. Un costo que, adivinen quién paga la fiesta al final. Spoiler: nosotros, los clientes, con servicios más caros. Es crear más burocracia, más cara, para resolver un problema que no se soluciona así.
Los superintendentes usaron palabras que asustan, y con toda la razón. Hablaron de un "desmantelamiento" del sistema de supervisión actual. Un sistema que, con sus fallas y todo, se basa en la independencia técnica. Entregarle esta responsabilidad a un actor político como el MEIC, con poderes para sancionar de forma "desproporcionada" (hablan hasta de cerrar bancos), es abrir una puerta a la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. Según ellos, toda esta vara se puede ir al traste, debilitando el sistema financiero, desincentivando la competencia y, al final del día, desprotegiendo al consumidor que supuestamente quieren defender. Es la definición de que el remedio salga peor que la enfermedad.
En resumen, lo que los tres superintendentes (porque curiosamente la de la Sugef no fue) describieron es un panorama bastante salado. Acusan que el proyecto es una "solapada derogación tácita" de sus competencias, o sea, una forma elegante de decir que les están quitando el brete por la puerta de atrás. Si bien es cierto que la protección al consumidor financiero se puede mejorar, este parece ser el camino más enredado, costoso e ineficiente. Suena más a una jugada de poder que a una solución técnica bien pensada. Maes, ¿ustedes le ven pies o cabeza a esto? ¿O es otro caso de "buenas intenciones, resultados desastrosos" que tanto nos gusta en este país? ¡Los leo!
Vamos a ver, desenredemos este chunche. El primer y más obvio problema es el conflicto de interés. El MEIC es parte del Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene la cuchara metida en los bancos estatales. El ministro de Economía participa en el nombramiento de las juntas directivas de esos bancos. Entonces, con este proyecto, el MEIC sería juez y parte. Imagínense el despiche: el mismo ente que ayuda a poner a los directores de un banco, luego tendría que supervisarlos y, si se portan mal, sancionarlos. ¡Una belleza, verdad! Además, se crearía una duplicidad de funciones que ni para qué les cuento. Ya existen la Sugef, Sugese, Supén y Sugeval, que son entes técnicos e independientes. Poner al MEIC a hacer lo mismo sería como tener dos porteros en la misma cancha: más caro, más confuso y al final nadie sabe quién es el responsable del gol.
Pero la cosa se pone más fea. El proyecto le daría permiso al MEIC para pedirle al Centro de Información Crediticia (el famoso CIC de la Sugef) todos nuestros datos confidenciales. Sí, su historial crediticio y el mío, en manos de un ministerio que no tiene la especialización ni la independencia para manejarlos. Y si creían que eso era todo, prepárense para la cereza del pastel: los costos. Esta genialidad implicaría un nuevo "canon" de hasta un 1% del patrimonio de las entidades supervisadas. Un costo que, adivinen quién paga la fiesta al final. Spoiler: nosotros, los clientes, con servicios más caros. Es crear más burocracia, más cara, para resolver un problema que no se soluciona así.
Los superintendentes usaron palabras que asustan, y con toda la razón. Hablaron de un "desmantelamiento" del sistema de supervisión actual. Un sistema que, con sus fallas y todo, se basa en la independencia técnica. Entregarle esta responsabilidad a un actor político como el MEIC, con poderes para sancionar de forma "desproporcionada" (hablan hasta de cerrar bancos), es abrir una puerta a la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. Según ellos, toda esta vara se puede ir al traste, debilitando el sistema financiero, desincentivando la competencia y, al final del día, desprotegiendo al consumidor que supuestamente quieren defender. Es la definición de que el remedio salga peor que la enfermedad.
En resumen, lo que los tres superintendentes (porque curiosamente la de la Sugef no fue) describieron es un panorama bastante salado. Acusan que el proyecto es una "solapada derogación tácita" de sus competencias, o sea, una forma elegante de decir que les están quitando el brete por la puerta de atrás. Si bien es cierto que la protección al consumidor financiero se puede mejorar, este parece ser el camino más enredado, costoso e ineficiente. Suena más a una jugada de poder que a una solución técnica bien pensada. Maes, ¿ustedes le ven pies o cabeza a esto? ¿O es otro caso de "buenas intenciones, resultados desastrosos" que tanto nos gusta en este país? ¡Los leo!
