Diay, maes, agárrense de algo porque esta vara está para adentro. Uno a veces cree que ya lo ha visto todo en este país, pero siempre hay algo que nos demuestra que el despiche puede ser todavía más grande. Resulta que el mero director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, fue a la Asamblea Legislativa y soltó la sopa: no es que los narcos nos estén atacando desde afuera, es que están haciendo fila para meterse a ser policías. Así como lo oyen. Estructuras criminales enteras viendo el uniforme azul no como un enemigo, sino como una oportunidad de brete.
Y aquí es donde la historia se pone digna de una película de comedia negra. Ustedes pensarían que si el director de la policía identifica a un aspirante con nexos narco, diay, lo saca de la fila y listo, ¿verdad? ¡Pues no! Resulta que don Marlon tiene ya TRES demandas laborales encima. ¿La razón? Negarse a contratar a estas joyitas. ¡Qué sal! El mae intenta hacer lo correcto, filtrar a la gente que claramente no debería ni acercarse a un arma de reglamento, y termina en el banquillo de los acusados. Los aspirantes rechazados, muy vivos ellos, van a un juzgado, meten una medida cautelar y casi que obligan al Estado a contratarlos. Es el mundo al revés, una torta legal que nos deja completamente vulnerables.
Para terminar de pintar el panorama, los expertos que analizaron el tema nos recuerdan dos verdades que duelen. Primero, el abogado Bryan Sandí explica que el problema es de raíz legal. Con la bendita presunción de inocencia, no se puede descartar a alguien solo por sospechas, por más fundamentadas que estén. Si el mae demanda, tiene altas probabilidades de ganar. Segundo, el criminólogo Jorge Ulloa pone el dedo en la llaga más obvia: los salarios de hambre. Seamos honestos, si a un oficial se le paga una miseria, se le exige que arriesgue la vida y además se le da un equipo a medio palo, ¿de verdad nos sorprende que una oferta de un par de melones del narco le suene tentadora? Es la receta perfecta para el desastre.
Pero esperen, que la cereza del pastel de este despiche es el régimen disciplinario. Contó Cubillo que hay casos de pacos que han estado hasta dos años en prisión preventiva por vínculos con el narco. Luego, por A o por B, el juicio sale a su favor y quedan absueltos. ¿Qué pasa entonces? El Ministerio está legalmente obligado a reinstalarlos. De un día para otro, ese mismo funcionario vuelve a ponerse el uniforme, a portar un arma y a subirse a una patrulla. Imagínense la confianza de sus compañeros, sabiendo que el mae que tienen a la par durmió en la cárcel por sospechas de ser un soplón. Es una locura que dinamita la moral de la tropa desde adentro.
Al final, la vara es un enredo por donde se le vea. Tenemos narcos tocando la puerta para entrar, un sistema legal que le ata las manos a quienes intentan impedirlo, salarios que invitan a la corrupción y un régimen disciplinario que parece un chiste de mal gusto. Es una tormenta perfecta que pone en jaque la seguridad de todos nosotros. La pregunta del millón es: ¿cómo carajos arreglamos esto? ¿Hay que cambiar la ley y arriesgar la presunción de inocencia, o seguimos de brazos cruzados mientras los malos se nos meten hasta en la cocina? ¿Qué harían ustedes, maes? Los leo.
Y aquí es donde la historia se pone digna de una película de comedia negra. Ustedes pensarían que si el director de la policía identifica a un aspirante con nexos narco, diay, lo saca de la fila y listo, ¿verdad? ¡Pues no! Resulta que don Marlon tiene ya TRES demandas laborales encima. ¿La razón? Negarse a contratar a estas joyitas. ¡Qué sal! El mae intenta hacer lo correcto, filtrar a la gente que claramente no debería ni acercarse a un arma de reglamento, y termina en el banquillo de los acusados. Los aspirantes rechazados, muy vivos ellos, van a un juzgado, meten una medida cautelar y casi que obligan al Estado a contratarlos. Es el mundo al revés, una torta legal que nos deja completamente vulnerables.
Para terminar de pintar el panorama, los expertos que analizaron el tema nos recuerdan dos verdades que duelen. Primero, el abogado Bryan Sandí explica que el problema es de raíz legal. Con la bendita presunción de inocencia, no se puede descartar a alguien solo por sospechas, por más fundamentadas que estén. Si el mae demanda, tiene altas probabilidades de ganar. Segundo, el criminólogo Jorge Ulloa pone el dedo en la llaga más obvia: los salarios de hambre. Seamos honestos, si a un oficial se le paga una miseria, se le exige que arriesgue la vida y además se le da un equipo a medio palo, ¿de verdad nos sorprende que una oferta de un par de melones del narco le suene tentadora? Es la receta perfecta para el desastre.
Pero esperen, que la cereza del pastel de este despiche es el régimen disciplinario. Contó Cubillo que hay casos de pacos que han estado hasta dos años en prisión preventiva por vínculos con el narco. Luego, por A o por B, el juicio sale a su favor y quedan absueltos. ¿Qué pasa entonces? El Ministerio está legalmente obligado a reinstalarlos. De un día para otro, ese mismo funcionario vuelve a ponerse el uniforme, a portar un arma y a subirse a una patrulla. Imagínense la confianza de sus compañeros, sabiendo que el mae que tienen a la par durmió en la cárcel por sospechas de ser un soplón. Es una locura que dinamita la moral de la tropa desde adentro.
Al final, la vara es un enredo por donde se le vea. Tenemos narcos tocando la puerta para entrar, un sistema legal que le ata las manos a quienes intentan impedirlo, salarios que invitan a la corrupción y un régimen disciplinario que parece un chiste de mal gusto. Es una tormenta perfecta que pone en jaque la seguridad de todos nosotros. La pregunta del millón es: ¿cómo carajos arreglamos esto? ¿Hay que cambiar la ley y arriesgar la presunción de inocencia, o seguimos de brazos cruzados mientras los malos se nos meten hasta en la cocina? ¿Qué harían ustedes, maes? Los leo.
