Maes, hay varas que le hielan a uno la sangre, y esta que reventó en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares es una de esas. De verdad, uno lee la noticia y se le revuelve todo. No estamos hablando de un descuido cualquiera, estamos hablando de un chiquito de sétimo que, presuntamente, fue abusado por un grupo de rocos de décimo y undécimo. Y si eso ya es un golpe durísimo, la segunda parte de la historia es la que de verdad enciende las alarmas: la supuesta negligencia de los propios funcionarios del colegio. ¡Qué despiche!
Porque vamos a ver, la noticia no es solo el acto terrible en sí, sino lo que vino después, o más bien, lo que no vino. Según la denuncia que ahora investiga el MEP, el personal del cole aparentemente se jaló una torta monumental al no aplicar los protocolos como debían. Diay, ¿entonces para qué existen? Uno se imagina que en una institución, y más una bilingüe que se las tira de tener cierto nivel, el personal debería estar más que capacitado para manejar una crisis así. Pero no, la Dirección Regional de Occidente tuvo que mandar todo el caso al Departamento de Asuntos Disciplinarios porque, al parecer, a la hora de la hora, el librito de reglas fue un buen adorno para el estante.
Lo que más frustra de todo este enredo es la burocracia que se activa después del desastre. El director regional, Miguel Sibaja, confirma que se mandó la investigación "para arriba" y que se están tomando medidas para "garantizar justicia y seguridad". Palabras muy bonitas, pero que suenan a cassette. Mientras tanto, ¿quién responde por el trauma del menor y la angustia de su familia? Como siempre, tuvieron que ser los mismos padres de familia los que se organizaron, hicieron una reunión con el OIJ y hasta montaron una comisión para pulsearla ellos mismos y reforzar la seguridad. Es el cuento de nunca acabar: cuando las instituciones fallan, es la gente de a pie la que tiene que salir a hacer el brete.
Y es que este caso deja al descubierto una verdad que incomoda a muchos: los protocolos del MEP, en la práctica, a veces valen menos que un colón de madera. ¿Cuántos docentes y administrativos realmente saben qué hacer, paso a paso, en un momento de pánico como este? ¿O solo se acuerdan del protocolo cuando ya el daño está hecho y hay que buscar culpables? El chiquito, salado, tuvo que vivir una pesadilla dentro del lugar que se supone debía ser el más seguro para él después de su casa. Y ahora, su caso se convierte en un número de expediente que viaja de un escritorio a otro, mientras una comunidad entera queda con un sabor amargo y una desconfianza enorme.
Esto va más allá de Palmares, es un reflejo de un sistema que a menudo se protege a sí mismo antes que a los estudiantes. La investigación del MEP es necesaria, obvio, pero la agilidad y la transparencia van a ser claves para que la gente no sienta que todo esto es pura paja. No se puede permitir que la confianza en el sistema educativo, que ya viene bien golpeada, termine de irse al traste por la inacción o el miedo de unos cuantos a asumir su responsabilidad.
Maes, y ahora la pregunta del millón para ustedes: ¿creen que esta investigación del MEP va a llegar a algo concreto y sentar un precedente, o estamos viendo otro caso que se va a diluir entre apelaciones y trámites burocráticos hasta que a todos se nos olvide?
Porque vamos a ver, la noticia no es solo el acto terrible en sí, sino lo que vino después, o más bien, lo que no vino. Según la denuncia que ahora investiga el MEP, el personal del cole aparentemente se jaló una torta monumental al no aplicar los protocolos como debían. Diay, ¿entonces para qué existen? Uno se imagina que en una institución, y más una bilingüe que se las tira de tener cierto nivel, el personal debería estar más que capacitado para manejar una crisis así. Pero no, la Dirección Regional de Occidente tuvo que mandar todo el caso al Departamento de Asuntos Disciplinarios porque, al parecer, a la hora de la hora, el librito de reglas fue un buen adorno para el estante.
Lo que más frustra de todo este enredo es la burocracia que se activa después del desastre. El director regional, Miguel Sibaja, confirma que se mandó la investigación "para arriba" y que se están tomando medidas para "garantizar justicia y seguridad". Palabras muy bonitas, pero que suenan a cassette. Mientras tanto, ¿quién responde por el trauma del menor y la angustia de su familia? Como siempre, tuvieron que ser los mismos padres de familia los que se organizaron, hicieron una reunión con el OIJ y hasta montaron una comisión para pulsearla ellos mismos y reforzar la seguridad. Es el cuento de nunca acabar: cuando las instituciones fallan, es la gente de a pie la que tiene que salir a hacer el brete.
Y es que este caso deja al descubierto una verdad que incomoda a muchos: los protocolos del MEP, en la práctica, a veces valen menos que un colón de madera. ¿Cuántos docentes y administrativos realmente saben qué hacer, paso a paso, en un momento de pánico como este? ¿O solo se acuerdan del protocolo cuando ya el daño está hecho y hay que buscar culpables? El chiquito, salado, tuvo que vivir una pesadilla dentro del lugar que se supone debía ser el más seguro para él después de su casa. Y ahora, su caso se convierte en un número de expediente que viaja de un escritorio a otro, mientras una comunidad entera queda con un sabor amargo y una desconfianza enorme.
Esto va más allá de Palmares, es un reflejo de un sistema que a menudo se protege a sí mismo antes que a los estudiantes. La investigación del MEP es necesaria, obvio, pero la agilidad y la transparencia van a ser claves para que la gente no sienta que todo esto es pura paja. No se puede permitir que la confianza en el sistema educativo, que ya viene bien golpeada, termine de irse al traste por la inacción o el miedo de unos cuantos a asumir su responsabilidad.
Maes, y ahora la pregunta del millón para ustedes: ¿creen que esta investigación del MEP va a llegar a algo concreto y sentar un precedente, o estamos viendo otro caso que se va a diluir entre apelaciones y trámites burocráticos hasta que a todos se nos olvide?
