¡Ay, Dios mío, qué lío nos cayó encima! La Sala Cuatro le dio caña a las instituciones y les puso plazos cortitos para solucionar el problemón de los precaristas en Purral de Goicoechea. Ya saben, esos terrenos del IMAS que llevan años siendo tomados... ¡una torta monumental!
La jugada viene desde septiembre pasado, cuando una vecina de Guadalupe presentó un amparo porque dice que el IMAS y la municipalidad han hecho la vista gorda al asunto. Según ella, la situación ya se salió de control, con gente construyendo chinchorros a diestra y siniestra, generando problemas de seguridad y salud pública. ¡Un brete pa' la comunidad, vamos!
Y no es solo eso, pues el recurso también señala que hay mucha delincuencia en la zona, venta de droga, y que la basura va directo a los ríos, contaminando todo. La recurrente dice que lleva tiempo pidiendo ayuda a la municipalidad y al IMAS, pero nadie le hace caso. ¡Parece que nadie quiere meterle cosquillas al gato!
Ahora, la Sala Constitucional mandó un mensaje clarito: el IMAS, la municipalidad, el SINAC y hasta el área rectora de salud tienen ocho meses para resolver este bajón. Sí, ¡ocho meses! Pero ojo, no es cualquier solución, tienen que respetar los derechos de las personas que viven ahí, cuidar el medio ambiente y proteger las áreas de conservación. ¡Todo junto, mándale!
Lo más urgente, la Sala pide que tomen medidas inmediatas para frenar la contaminación. Dicen que hay que hacer algo rápido porque la situación está afectando a la salud de la gente y dañando el ecosistema. ¡Más vale prevenir que lamentar, ¿no?
Pero, esperen, que aún hay más. Además de tener que solucionar el problema, las autoridades van a tener que pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados. Esto va a parar a la justicia contencioso administrativa, así que prepárense para ver movidas.
La verdad es que esta situación refleja muchos problemas que tenemos en Costa Rica: la invasión de terrenos públicos, la falta de planificación urbana, y la poca respuesta de las instituciones. Siempre parece que ya estamos pagando la factura de decisiones pasadas que nunca fueron abordadas correctamente. Un clásico, díganle…
Con todo esto, me pregunto: ¿Realmente creen que las instituciones podrán cumplir con el plazo de ocho meses y resolver este problemón de raíz, o será otra promesa vacía que se irá al traste? ¡Déjenme saber su opinión en el foro!
La jugada viene desde septiembre pasado, cuando una vecina de Guadalupe presentó un amparo porque dice que el IMAS y la municipalidad han hecho la vista gorda al asunto. Según ella, la situación ya se salió de control, con gente construyendo chinchorros a diestra y siniestra, generando problemas de seguridad y salud pública. ¡Un brete pa' la comunidad, vamos!
Y no es solo eso, pues el recurso también señala que hay mucha delincuencia en la zona, venta de droga, y que la basura va directo a los ríos, contaminando todo. La recurrente dice que lleva tiempo pidiendo ayuda a la municipalidad y al IMAS, pero nadie le hace caso. ¡Parece que nadie quiere meterle cosquillas al gato!
Ahora, la Sala Constitucional mandó un mensaje clarito: el IMAS, la municipalidad, el SINAC y hasta el área rectora de salud tienen ocho meses para resolver este bajón. Sí, ¡ocho meses! Pero ojo, no es cualquier solución, tienen que respetar los derechos de las personas que viven ahí, cuidar el medio ambiente y proteger las áreas de conservación. ¡Todo junto, mándale!
Lo más urgente, la Sala pide que tomen medidas inmediatas para frenar la contaminación. Dicen que hay que hacer algo rápido porque la situación está afectando a la salud de la gente y dañando el ecosistema. ¡Más vale prevenir que lamentar, ¿no?
Pero, esperen, que aún hay más. Además de tener que solucionar el problema, las autoridades van a tener que pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados. Esto va a parar a la justicia contencioso administrativa, así que prepárense para ver movidas.
La verdad es que esta situación refleja muchos problemas que tenemos en Costa Rica: la invasión de terrenos públicos, la falta de planificación urbana, y la poca respuesta de las instituciones. Siempre parece que ya estamos pagando la factura de decisiones pasadas que nunca fueron abordadas correctamente. Un clásico, díganle…
Con todo esto, me pregunto: ¿Realmente creen que las instituciones podrán cumplir con el plazo de ocho meses y resolver este problemón de raíz, o será otra promesa vacía que se irá al traste? ¡Déjenme saber su opinión en el foro!
