¡Ay, Dios mío, qué tremenda vaina! Resulta que la Sala Constitucional le metió un buen susto a Casa Presidencial y les tocó sacar el agua bendita mostrando cuánto le pagan a algunos consejeros… y parece que no es precisamente para tomar café, diay.
Después de una pelea legal que duró meses, cortesía de un periodista insistente de Radio Zurquí – chape pa’ él, mae – los magistrados obligaron a Presidencia a soltar la sopa sobre los sueldos de sus funcionarios. No solo eso, sino que también salió a la luz cómo dos personajes sospechosos de manejar redes de desinformación y atacar a la oposición estaban engordando sus bolsillos con nuestra plata.
La jugada maestra de la Sala IV fue recibir un recurso de amparo presentado por el periodista, porque aparentemente Presidencia estaba tratando de esconder la pelota, dando respuestas evasivas y faltando con el respeto a la libertad de prensa. ¡Imagínate!, queriendo meterle mordaza a la verdad pura.
Pero bueno, ahí va la carne: Ariel Mora Fallas, consejero presidencial, se lleva a casa unos sólidos ¢1.543.646 mensuales. ¡Un buen brete! Y ni hablar de Aleikko Tattoli Dunkley, consultor profesional presidencial, que se embolsa ¢1.438.605. Ambos, señalan, han estado involucrados en actividades turbias en redes sociales, como coordinar grupos de WhatsApp para acosar a periodistas y opositores. ¡Qué poca vergüenza!
Esto no es ningún episodio aislado, muchachos. Esta decisión de la Sala IV se suma a una ristra de sentencias que han obligado al gobierno de Chaves a abrir un poquito los ojos y dejar ver qué está pasando detrás de bambalinas. Ya hemos visto casos similares con la cena con Bukele, los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y hasta datos del Ministerio de Educación Pública (MEP). Parece que el gobierno siempre anda buscando formas creativas de esquivar la transparencia, ¡qué lata!
Recordemos que este asunto de la transparencia no es nuevo. Desde hace tiempo, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han estado peleando para que el gobierno rinda cuentas y deje de actuar como si estuviéramos viviendo en medioevo. Este fallo de la Sala IV es una victoria importante, pero la lucha sigue, pues hay mucho por limpiar y muchos fantasmas que aparecen en cada esquina.
Esta historia nos recuerda que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y que debemos estar pendientes de cómo nuestros representantes gastan nuestro dinero y toman decisiones que afectan nuestras vidas. No podemos permitir que nos tomen el pelo, diay. Tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, ética en el servicio público.
Ahora bien, con toda esta movida, me pregunto: ¿hasta dónde llegará la investigación sobre estas prácticas y qué medidas tomará el gobierno para evitar que esto vuelva a pasar? ¿Creen que esto afectará la popularidad de Chaves o será simplemente otro escándalo más en la larga lista?
Después de una pelea legal que duró meses, cortesía de un periodista insistente de Radio Zurquí – chape pa’ él, mae – los magistrados obligaron a Presidencia a soltar la sopa sobre los sueldos de sus funcionarios. No solo eso, sino que también salió a la luz cómo dos personajes sospechosos de manejar redes de desinformación y atacar a la oposición estaban engordando sus bolsillos con nuestra plata.
La jugada maestra de la Sala IV fue recibir un recurso de amparo presentado por el periodista, porque aparentemente Presidencia estaba tratando de esconder la pelota, dando respuestas evasivas y faltando con el respeto a la libertad de prensa. ¡Imagínate!, queriendo meterle mordaza a la verdad pura.
Pero bueno, ahí va la carne: Ariel Mora Fallas, consejero presidencial, se lleva a casa unos sólidos ¢1.543.646 mensuales. ¡Un buen brete! Y ni hablar de Aleikko Tattoli Dunkley, consultor profesional presidencial, que se embolsa ¢1.438.605. Ambos, señalan, han estado involucrados en actividades turbias en redes sociales, como coordinar grupos de WhatsApp para acosar a periodistas y opositores. ¡Qué poca vergüenza!
Esto no es ningún episodio aislado, muchachos. Esta decisión de la Sala IV se suma a una ristra de sentencias que han obligado al gobierno de Chaves a abrir un poquito los ojos y dejar ver qué está pasando detrás de bambalinas. Ya hemos visto casos similares con la cena con Bukele, los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y hasta datos del Ministerio de Educación Pública (MEP). Parece que el gobierno siempre anda buscando formas creativas de esquivar la transparencia, ¡qué lata!
Recordemos que este asunto de la transparencia no es nuevo. Desde hace tiempo, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han estado peleando para que el gobierno rinda cuentas y deje de actuar como si estuviéramos viviendo en medioevo. Este fallo de la Sala IV es una victoria importante, pero la lucha sigue, pues hay mucho por limpiar y muchos fantasmas que aparecen en cada esquina.
Esta historia nos recuerda que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, y que debemos estar pendientes de cómo nuestros representantes gastan nuestro dinero y toman decisiones que afectan nuestras vidas. No podemos permitir que nos tomen el pelo, diay. Tenemos que exigir transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, ética en el servicio público.
Ahora bien, con toda esta movida, me pregunto: ¿hasta dónde llegará la investigación sobre estas prácticas y qué medidas tomará el gobierno para evitar que esto vuelva a pasar? ¿Creen que esto afectará la popularidad de Chaves o será simplemente otro escándalo más en la larga lista?
