¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan el bronco que se armó en la Corte? Resulta que el proyecto de ley para endurecer la prisión preventiva, ese que venimos escuchando meses, recibió una sacudida considerable. No porque se canceló, sino porque la Corte le puso hielo, diciéndole a la Asamblea que aunque legalmente pueden modificarlo, deberían pensarlo dos veces… y preparar el bolsillo.
Para refrescarles la memoria, este proyecto, impulsado por la diputada Moreira, buscaba darle más dientes a los jueces para meterle preso a los sospechosos de toques duros como el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. La idea era simple: si alguien parece peligroso, ¡a la cárcel! Adiós a esas jueguetes de arresto domiciliario o prohibiciones de salir del país. Parecía que nos íbamos a poner a prueba con balas, pero la Corte le metió un ‘pero’ gigante.
Según la magistrada Patricia Vargas, la jefa del análisis, la propuesta tiene huecos, agujeros del tamaño de un Chunche. Dice que hablan de proteger “grupos poblacionales” pero nunca especifican quiénes son esos grupos. ¿Es que quieren meterle preso a cualquiera que se les antoje? ¡Esto podría convertirse en un gallinero!
Lo peor de todo es que la Corte advierte que, si se aprueba este proyecto tal cual, podríamos estar abriendo la puerta a demandas internacionales. Imagínense: terminamos pagando abogados carísimos en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por haber metido a alguien preso sin pruebas sólidas. ¡Una torta! Mejor que estemos pilas con esto.
La Corte no es que esté diciendo que no se necesita hacer nada, claro que no. Reconocen que el problema de la inseguridad es serio, que los delincuentes están haciendo de las suyas, pero insisten en que la prisión preventiva no puede ser la primera opción. Hay otras medidas, como brazaletes electrónicos, vigilancia constante, incluso restricciones de movimiento. Ya saben, opciones para mantener a los malos controlados sin llenar las cárceles hasta arriba.
Y hablando de cárceles, ahí viene otro problemón. La Corte dice que si los diputados deciden aprobar el proyecto, tendrán que invertir más dinero en infraestructura y personal para manejar a toda esa gente que van a meterle preso. ¿De dónde sacarán la plata? ¿Cortarán presupuestos de educación o salud? ¡Esta vaina se pone cada vez más complicada!
Pero volviendo al corazón del asunto, lo que realmente preocupa es que este proyecto podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Es decir, asumir que alguien es culpable antes de tener una sentencia firme. Eso va en contra de todo lo que representa un Estado de Derecho, ¿verdad, mae?
En fin, la pelota vuelve a estar en la cancha de la Asamblea Legislativa. Ahora los diputados tienen que escuchar a la Corte, analizar los riesgos legales y económicos, y decidir si vale la pena seguir adelante con este proyecto tan controvertido. Bueno, ya saben mi pregunta para ustedes: ¿Creen que el Gobierno debería priorizar el endurecimiento de la prisión preventiva a pesar de los riesgos de demandas internacionales y mayores costos, o deberíamos enfocarnos en fortalecer otras medidas cautelares y abordar las causas profundas de la delincuencia?
Para refrescarles la memoria, este proyecto, impulsado por la diputada Moreira, buscaba darle más dientes a los jueces para meterle preso a los sospechosos de toques duros como el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. La idea era simple: si alguien parece peligroso, ¡a la cárcel! Adiós a esas jueguetes de arresto domiciliario o prohibiciones de salir del país. Parecía que nos íbamos a poner a prueba con balas, pero la Corte le metió un ‘pero’ gigante.
Según la magistrada Patricia Vargas, la jefa del análisis, la propuesta tiene huecos, agujeros del tamaño de un Chunche. Dice que hablan de proteger “grupos poblacionales” pero nunca especifican quiénes son esos grupos. ¿Es que quieren meterle preso a cualquiera que se les antoje? ¡Esto podría convertirse en un gallinero!
Lo peor de todo es que la Corte advierte que, si se aprueba este proyecto tal cual, podríamos estar abriendo la puerta a demandas internacionales. Imagínense: terminamos pagando abogados carísimos en el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos por haber metido a alguien preso sin pruebas sólidas. ¡Una torta! Mejor que estemos pilas con esto.
La Corte no es que esté diciendo que no se necesita hacer nada, claro que no. Reconocen que el problema de la inseguridad es serio, que los delincuentes están haciendo de las suyas, pero insisten en que la prisión preventiva no puede ser la primera opción. Hay otras medidas, como brazaletes electrónicos, vigilancia constante, incluso restricciones de movimiento. Ya saben, opciones para mantener a los malos controlados sin llenar las cárceles hasta arriba.
Y hablando de cárceles, ahí viene otro problemón. La Corte dice que si los diputados deciden aprobar el proyecto, tendrán que invertir más dinero en infraestructura y personal para manejar a toda esa gente que van a meterle preso. ¿De dónde sacarán la plata? ¿Cortarán presupuestos de educación o salud? ¡Esta vaina se pone cada vez más complicada!
Pero volviendo al corazón del asunto, lo que realmente preocupa es que este proyecto podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Es decir, asumir que alguien es culpable antes de tener una sentencia firme. Eso va en contra de todo lo que representa un Estado de Derecho, ¿verdad, mae?
En fin, la pelota vuelve a estar en la cancha de la Asamblea Legislativa. Ahora los diputados tienen que escuchar a la Corte, analizar los riesgos legales y económicos, y decidir si vale la pena seguir adelante con este proyecto tan controvertido. Bueno, ya saben mi pregunta para ustedes: ¿Creen que el Gobierno debería priorizar el endurecimiento de la prisión preventiva a pesar de los riesgos de demandas internacionales y mayores costos, o deberíamos enfocarnos en fortalecer otras medidas cautelares y abordar las causas profundas de la delincuencia?
