¡Ay, Dios mío, qué vaina! Resulta que ahora los hombres, los papás, los compadres, hasta el vecino curioso, podrían meterle mano a la decisión de si una mujér aplica o no un aborto terapéutico. Sí, así como lo leyeron, parece que nos vamos pa’ otro lado con esto del aborto en Costa Rica, y ni hablar del bronca que ya se armó.
La jugada salió a la luz gracias a CRHoy, revelando una modificación a la norma existente. Según el documento, firmado por el Presidente Chaves y la Ministra Marín, en situaciones donde la mujer no pueda dar su consentimiento – ya sea por enfermedad grave, incapacidad o cualquier otra situación – el equipo médico “deberá tomar en consideración la voluntad del cónyuge, la pareja actual, el padre del nasciturus o un acompañante de su confianza mayor de edad”. ¡Imagínate la escena! Uno se siente un poco sacudido con esta propuesta.
Esto cambia totalmente lo que se había establecido en 2019, durante la administración de Alvarado Quesada, que ponía toda la responsabilidad en manos del equipo médico. En aquel entonces, era la doctora quien tomaba la decisión final, basándose en el criterio profesional y evaluando la condición médica de la paciente. Ahora, metieron a otros actores en la ecuación, abriendo un pandemonium de opiniones y preocupaciones justas.
Desde Casa Presidencial, defienden esta modificación como un esfuerzo por “llenar vacíos legales”. Dicen que buscan asegurar que se tomen en cuenta todos los factores relevantes en estas situaciones complejas. Pero ahí viene la fregada, porque especialistas en derechos humanos y varias diputadas, incluyendo a Rocío Alfaro del Frente Amplio, han levantado la voz, acusando que esto limita el acceso al procedimiento y pone en peligro la autonomía de la mujer. ¡Qué sal, tener que discutir estos temas!
Larissa Arroyo, abogada experta en Derechos Humanos, fue directa: “Esta medida contraviene flagrantemente el artículo 121 de nuestra Constitución, que protege los derechos fundamentales de las personas. Esto es un ataque frontal a la democracia y al Estado de derecho.” Y vaya que tiene razón, porque meter a terceras personas en una decisión tan íntima y delicada como esta es abrir la caja de Pandora.
Para hacerlo aún más complicado, la nueva norma endurece los requisitos para acceder al aborto terapéutico. Ahora, solo se considerará el procedimiento “ante el fracaso de todas las medidas utilizadas para tratar y estabilizar las patologías graves que están descompensadas y fuera de control”. ¿Qué significa esto? Que será muchísimo más difícil demostrar la necesidad del aborto, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres.
En el plano político, la polémica ha escalado rápidamente. La diputada Alfaro calificó la medida como una regresión en derechos y criticó la forma en que el gobierno ha manejado el asunto. “Es una vergüenza que hayan derogado una norma técnica que funcionaba bien para aplicar una ley de hace décadas. ¡Un verdadero desastre!” exclamó la legisladora, reflejando la indignación de muchos costarricenses. Este brete se les vino encima, claro que sí.
Definitivamente, este tema ha reavivado el debate nacional sobre los derechos reproductivos y el rol del Estado en decisiones personales de salud. La pregunta que queda es: ¿Debería el Estado realmente permitir que los hombres tengan influencia en una decisión que afecta la vida y el cuerpo de una mujer? ¿Hasta dónde debe llegar la intervención estatal en temas de salud sexual y reproductiva? ¡Digan lo que piensan, bay!
La jugada salió a la luz gracias a CRHoy, revelando una modificación a la norma existente. Según el documento, firmado por el Presidente Chaves y la Ministra Marín, en situaciones donde la mujer no pueda dar su consentimiento – ya sea por enfermedad grave, incapacidad o cualquier otra situación – el equipo médico “deberá tomar en consideración la voluntad del cónyuge, la pareja actual, el padre del nasciturus o un acompañante de su confianza mayor de edad”. ¡Imagínate la escena! Uno se siente un poco sacudido con esta propuesta.
Esto cambia totalmente lo que se había establecido en 2019, durante la administración de Alvarado Quesada, que ponía toda la responsabilidad en manos del equipo médico. En aquel entonces, era la doctora quien tomaba la decisión final, basándose en el criterio profesional y evaluando la condición médica de la paciente. Ahora, metieron a otros actores en la ecuación, abriendo un pandemonium de opiniones y preocupaciones justas.
Desde Casa Presidencial, defienden esta modificación como un esfuerzo por “llenar vacíos legales”. Dicen que buscan asegurar que se tomen en cuenta todos los factores relevantes en estas situaciones complejas. Pero ahí viene la fregada, porque especialistas en derechos humanos y varias diputadas, incluyendo a Rocío Alfaro del Frente Amplio, han levantado la voz, acusando que esto limita el acceso al procedimiento y pone en peligro la autonomía de la mujer. ¡Qué sal, tener que discutir estos temas!
Larissa Arroyo, abogada experta en Derechos Humanos, fue directa: “Esta medida contraviene flagrantemente el artículo 121 de nuestra Constitución, que protege los derechos fundamentales de las personas. Esto es un ataque frontal a la democracia y al Estado de derecho.” Y vaya que tiene razón, porque meter a terceras personas en una decisión tan íntima y delicada como esta es abrir la caja de Pandora.
Para hacerlo aún más complicado, la nueva norma endurece los requisitos para acceder al aborto terapéutico. Ahora, solo se considerará el procedimiento “ante el fracaso de todas las medidas utilizadas para tratar y estabilizar las patologías graves que están descompensadas y fuera de control”. ¿Qué significa esto? Que será muchísimo más difícil demostrar la necesidad del aborto, poniendo en riesgo la vida de muchas mujeres.
En el plano político, la polémica ha escalado rápidamente. La diputada Alfaro calificó la medida como una regresión en derechos y criticó la forma en que el gobierno ha manejado el asunto. “Es una vergüenza que hayan derogado una norma técnica que funcionaba bien para aplicar una ley de hace décadas. ¡Un verdadero desastre!” exclamó la legisladora, reflejando la indignación de muchos costarricenses. Este brete se les vino encima, claro que sí.
Definitivamente, este tema ha reavivado el debate nacional sobre los derechos reproductivos y el rol del Estado en decisiones personales de salud. La pregunta que queda es: ¿Debería el Estado realmente permitir que los hombres tengan influencia en una decisión que afecta la vida y el cuerpo de una mujer? ¿Hasta dónde debe llegar la intervención estatal en temas de salud sexual y reproductiva? ¡Digan lo que piensan, bay!
