¡Ay, Dios mío! Se armó un maje en la Asamblea Legislativa, porque parece que los diputados decidieron mandar pa'rriba un plan que quería ponerle freno a las pensiones altas del sector público. Un proyecto que prometía aliviarle el bolsillo a algunos, terminó archivado, y ahora toca ver qué onda con esto.
Todo empezó con un intento del Gobierno de igualar las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio y otras áreas que dependen del Presupuesto Nacional con el tope que tiene la Caja. La idea era que nadie pudiera cobrar más de ¢1,7 millones mensuales, la misma cifra que reciben quienes tienen derecho a las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en la CCSS. Suena bien en teoría, ¿verdad?, pero al final, los números no cuadraron y salió un lío considerable.
El expediente 24.786, con un nombre largo como “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del Sector Público”, llegó a la Comisión de Asuntos Sociales con la esperanza de hacer cambios significativos. Pero resulta que seis diputados – Cynthia Córdoba y Gloria Navas (independientes), Andrea Álvarez, Rosaura Méndez y Kattia Rivera (PLN), y Priscilla Vindas (Frente Amplio) – dijeron que no estaban convencidos. Una mayoría aplastante, vamos, dejando a Ada Acuña (oficialista) como la única defensora de la propuesta.
Según dicen, los diputados no estaban muy conformes con la jugada. Gloria Navas, con toda la sinceridad del mundo, soltó que “el proyecto no aporta mayor cosa, que generaría confusión”. Y agregó que “en materia de pensiones existen muchas leyes; no se deben afectar derechos jurídicos”. ¡Uy! Parece que a algunos les preocupa más proteger esos privilegios que pensar en el bienestar general, ¿no?
Pero miren estos datos, mi gente. Según información proporcionada, hay 12.968 pensionados en los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, y ¡aguántense!, de esos, 916 están cobrando más del tope de la CCSS. ¡Más de mil personas recibiendo pensiones estratosféricas mientras otros apenas si llegan a fin de mes! Y para colmo, la pensión más alta llega a los casi ¢14 millones. ¡Un maje tremendo!
Este dato nos hace preguntarnos si realmente estamos hablando de justicia social o simplemente de mantener unos beneficios exagerados para unos pocos privilegiados. Porque honestamente, viendo esas cifras, cuesta creer que podamos tener un sistema de pensiones equitativo y sostenible para todos. ¡Esto huele a corrupción y favoritismo!
Ahora, con el dictamen negativo, el proyecto se va directamente al archivo de la Asamblea Legislativa, perdiendo cualquier posibilidad de avanzar. Esto significa que las pensiones altas seguirán como andan, y la brecha entre los que tienen y los que no seguirá creciendo. Qué pena, porque la oportunidad de hacer algo bueno se echó a perder.
Entonces, mi gente, aquí queda la reflexión: ¿creen ustedes que era justo limitar las pensiones altas, o que es un ataque injustificado a los derechos adquiridos? ¿Y cómo podemos construir un sistema de pensiones más equitativo y sostenible para todos los costarricenses, sin que unos cuantos se lleven la mejor parte? Dejen sus opiniones abajo y a ver qué sale de este maje… ¡díganme qué piensan!
Todo empezó con un intento del Gobierno de igualar las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio y otras áreas que dependen del Presupuesto Nacional con el tope que tiene la Caja. La idea era que nadie pudiera cobrar más de ¢1,7 millones mensuales, la misma cifra que reciben quienes tienen derecho a las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en la CCSS. Suena bien en teoría, ¿verdad?, pero al final, los números no cuadraron y salió un lío considerable.
El expediente 24.786, con un nombre largo como “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del Sector Público”, llegó a la Comisión de Asuntos Sociales con la esperanza de hacer cambios significativos. Pero resulta que seis diputados – Cynthia Córdoba y Gloria Navas (independientes), Andrea Álvarez, Rosaura Méndez y Kattia Rivera (PLN), y Priscilla Vindas (Frente Amplio) – dijeron que no estaban convencidos. Una mayoría aplastante, vamos, dejando a Ada Acuña (oficialista) como la única defensora de la propuesta.
Según dicen, los diputados no estaban muy conformes con la jugada. Gloria Navas, con toda la sinceridad del mundo, soltó que “el proyecto no aporta mayor cosa, que generaría confusión”. Y agregó que “en materia de pensiones existen muchas leyes; no se deben afectar derechos jurídicos”. ¡Uy! Parece que a algunos les preocupa más proteger esos privilegios que pensar en el bienestar general, ¿no?
Pero miren estos datos, mi gente. Según información proporcionada, hay 12.968 pensionados en los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional, y ¡aguántense!, de esos, 916 están cobrando más del tope de la CCSS. ¡Más de mil personas recibiendo pensiones estratosféricas mientras otros apenas si llegan a fin de mes! Y para colmo, la pensión más alta llega a los casi ¢14 millones. ¡Un maje tremendo!
Este dato nos hace preguntarnos si realmente estamos hablando de justicia social o simplemente de mantener unos beneficios exagerados para unos pocos privilegiados. Porque honestamente, viendo esas cifras, cuesta creer que podamos tener un sistema de pensiones equitativo y sostenible para todos. ¡Esto huele a corrupción y favoritismo!
Ahora, con el dictamen negativo, el proyecto se va directamente al archivo de la Asamblea Legislativa, perdiendo cualquier posibilidad de avanzar. Esto significa que las pensiones altas seguirán como andan, y la brecha entre los que tienen y los que no seguirá creciendo. Qué pena, porque la oportunidad de hacer algo bueno se echó a perder.
Entonces, mi gente, aquí queda la reflexión: ¿creen ustedes que era justo limitar las pensiones altas, o que es un ataque injustificado a los derechos adquiridos? ¿Y cómo podemos construir un sistema de pensiones más equitativo y sostenible para todos los costarricenses, sin que unos cuantos se lleven la mejor parte? Dejen sus opiniones abajo y a ver qué sale de este maje… ¡díganme qué piensan!
