¡Ay, Dios mío, qué torta! Resulta que la embarcación “El Guardián”, que le costó al Sinac unos jugosos ¢498 millones en 2019, está tirada, oxidándose y haciendo borrón en el erario público. Sí, así como lo escucharon, un barco que prometía combatir el narcotráfico en la Isla del Coco, hoy es más útil para criar cangrejas que para patrullar aguas territoriales. ¡Una verdadera pena!
Esta lancha, que valía la friolera de $849,360 en aquel entonces, se compró con la ilusión de fortalecer la vigilancia en una de las zonas más estratégicas del país. Pero, sorpresa, sorpresa, nunca llegó a cumplir su cometido. Según el Servicio Nacional de Guardacostas, la embarcación simplemente no tenía la capacidad operativa necesaria para enfrentar los desafíos que implicaban patrullar la Isla del Coco y sus alrededores.
Lo peor de todo es que, según un oficio firmado por el comandante Adrián Delgado, jefe de Mantenimiento del Servicio Nacional de Guardacostas, ya se habían levantado alertas sobre estos problemas desde antes de la compra. Aparentemente, alguien hizo caso omiso de las advertencias y dio luz verde a la adquisición, dejando al país con un bache gigante en las finanzas públicas. ¡Parece que alguien se durmió en los laureles!
El problema radica en que la embarcación, un modelo Windmill 14 de la empresa Lutz Hermanos, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el cartel licitatorio. Por ejemplo, mientras que se necesitaba una capacidad para transportar seis pasajeros, esta embarcación apenas podía albergar cinco. Además, su capacidad de carga era de tan solo 1.080 kilogramos, muy lejos de los 2.500 kilogramos exigidos por la institución. ¡Un verdadero fiasco!
Y eso no es todo, amigos. El asunto llegó a tal punto que el Sinac tuvo que ejecutar la garantía de cumplimiento por un monto de $42.468 –unos ¢21 millones– debido a estos incumplimientos. Imaginen el dinero que se pudo haber invertido en otras cosas útiles para la comunidad... Pero bueno, ya sabemos cómo andamos con estas cosas, ¿verdad?
Las pruebas realizadas demostraron que la embarcación no alcanzaba las especificaciones técnicas requeridas, y los representantes de la empresa trataron de poner excusas. Según Delgado, el bote era demasiado lento y consumía mucha gasolina cuando enfrentaba olas superiores a 1,5 metros, lo que dificultaría aún más su operatividad en la Isla del Coco. ¡Un brete el que nos han metido!
La empresa Lutz Hermanos, por su parte, defiende su producto, argumentando que sí cumple con todas las especificaciones técnicas del cartel. Afirman que existe una diferencia de criterios y que el cartel no exige que todos los roles se ejecuten de manera simultánea. Sin embargo, la realidad es que la embarcación sigue sin funcionar y representa un desperdicio de recursos públicos. ¡Qué sal!
Así que, mi gente, la pregunta del millón es: ¿Quién(es) serán los responsables de esta chapuza? ¿Se trató de una falla en el proceso de selección, corrupción o simple negligencia? Compartan sus opiniones y teorías en el foro. ¿Consideran que se deberían abrir investigaciones más profundas para esclarecer lo sucedido y evitar que vuelva a ocurrir?
Esta lancha, que valía la friolera de $849,360 en aquel entonces, se compró con la ilusión de fortalecer la vigilancia en una de las zonas más estratégicas del país. Pero, sorpresa, sorpresa, nunca llegó a cumplir su cometido. Según el Servicio Nacional de Guardacostas, la embarcación simplemente no tenía la capacidad operativa necesaria para enfrentar los desafíos que implicaban patrullar la Isla del Coco y sus alrededores.
Lo peor de todo es que, según un oficio firmado por el comandante Adrián Delgado, jefe de Mantenimiento del Servicio Nacional de Guardacostas, ya se habían levantado alertas sobre estos problemas desde antes de la compra. Aparentemente, alguien hizo caso omiso de las advertencias y dio luz verde a la adquisición, dejando al país con un bache gigante en las finanzas públicas. ¡Parece que alguien se durmió en los laureles!
El problema radica en que la embarcación, un modelo Windmill 14 de la empresa Lutz Hermanos, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el cartel licitatorio. Por ejemplo, mientras que se necesitaba una capacidad para transportar seis pasajeros, esta embarcación apenas podía albergar cinco. Además, su capacidad de carga era de tan solo 1.080 kilogramos, muy lejos de los 2.500 kilogramos exigidos por la institución. ¡Un verdadero fiasco!
Y eso no es todo, amigos. El asunto llegó a tal punto que el Sinac tuvo que ejecutar la garantía de cumplimiento por un monto de $42.468 –unos ¢21 millones– debido a estos incumplimientos. Imaginen el dinero que se pudo haber invertido en otras cosas útiles para la comunidad... Pero bueno, ya sabemos cómo andamos con estas cosas, ¿verdad?
Las pruebas realizadas demostraron que la embarcación no alcanzaba las especificaciones técnicas requeridas, y los representantes de la empresa trataron de poner excusas. Según Delgado, el bote era demasiado lento y consumía mucha gasolina cuando enfrentaba olas superiores a 1,5 metros, lo que dificultaría aún más su operatividad en la Isla del Coco. ¡Un brete el que nos han metido!
La empresa Lutz Hermanos, por su parte, defiende su producto, argumentando que sí cumple con todas las especificaciones técnicas del cartel. Afirman que existe una diferencia de criterios y que el cartel no exige que todos los roles se ejecuten de manera simultánea. Sin embargo, la realidad es que la embarcación sigue sin funcionar y representa un desperdicio de recursos públicos. ¡Qué sal!
Así que, mi gente, la pregunta del millón es: ¿Quién(es) serán los responsables de esta chapuza? ¿Se trató de una falla en el proceso de selección, corrupción o simple negligencia? Compartan sus opiniones y teorías en el foro. ¿Consideran que se deberían abrir investigaciones más profundas para esclarecer lo sucedido y evitar que vuelva a ocurrir?
