Maes, vieran el novelón que se armó en la Asamblea Legislativa con la presentación del presupuesto para el 2026. Uno aquí, esperando noticias que le den un poquito de paz en medio de tanta inseguridad, y sale el Gobierno a jalarnos el piso. Resulta que, en un giro digno de un guion de comedia trágica, el proyecto de ley le mete un tijeretazo de casi ¢300 millones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sí, leyeron bien. Mientras la cosa en la calle está que arde, en los escritorios con aire acondicionado deciden que la policía judicial necesita menos plata que este año. ¡Qué torta!
La vara se puso color de hormiga en la Comisión de Hacendarios. El ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, llegó muy quitado de pena a explicar su plan de gastos, pero los diputados no se comieron el cuento. Luis Fernando Mendoza, del PLN, fue el primero en brincar, diciendo que dejar al OIJ con el mismo presupuesto era una irresponsabilidad. Pero la presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, lo corrigió en vivo y a todo color: “Ministro, con todo respeto, no es el mismo monto, son casi ¢300 millones MENOS”. Y para echarle más leña al fuego, Ramírez recordó que Hacienda todavía debe ¢9.000 millones que la Asamblea ya le había aprobado al OIJ para este 2025. O sea, no solo no les quieren dar más, sino que les deben plata y se hacen los locos. ¡El colmo!
Y aquí es donde el asunto se va al traste y se convierte en un clásico “tírese la bola”. Ante los cuestionamientos, el ministro Lucke se lavó las manos con una facilidad que asusta. Su defensa fue, palabras más, palabras menos: “Esa no es mi bronca”. Argumentó que el presupuesto de seguridad en general sí aumenta, pero que la responsabilidad de repartirle el dinero al OIJ es del Poder Judicial. “El Poder Judicial, después del MEP, es la que recibe más del presupuesto y la asignación del OIJ debe verse más del lado del Poder Judicial”, dijo. Básicamente, le tiró el chicharrón encima a la Corte, como diciéndole a Rándall Zúñiga, el director del OIJ, que vaya a llorarle a otro santo.
Pero cuando uno pensaba que el nivel de desconexión no podía ser mayor, llegó la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, y se robó el show con un “mic drop” que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Después de repetir la misma línea de que el Poder Judicial tiene más plata y que ellos son los que tienen que resolver, remató la faena con una frase que va a quedar para la historia de la indiferencia política: “Que se apañen entre ellos”. Así, sin anestesia. Un “ahí se ven, arréglense solos” en su máxima expresión, mientras el resto del país se pregunta quién nos va a cuidar si los que tienen que investigar los crímenes no tienen ni para la gasolina.
Al final, el panorama es desolador. Tenemos un problema de seguridad que nos tiene a todos con el Jesús en la boca, una policía judicial pidiendo a gritos recursos para poder hacer su brete, y una clase política que, en lugar de buscar soluciones, se dedica a pasarse la papa caliente. La discusión apenas empieza, porque el proyecto tiene que pasar por el Plenario en los próximos meses, pero la señal es pésima. Los que quedamos salados, como siempre, somos los ciudadanos de a pie, que vemos cómo las vidas valen menos que un pleito por partidas presupuestarias. Diay, maes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Es pura politiquería barata o de verdad Hacienda tiene un punto y el Poder Judicial debería "apañárselas"? ¿Quién paga los platos rotos al final?
La vara se puso color de hormiga en la Comisión de Hacendarios. El ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, llegó muy quitado de pena a explicar su plan de gastos, pero los diputados no se comieron el cuento. Luis Fernando Mendoza, del PLN, fue el primero en brincar, diciendo que dejar al OIJ con el mismo presupuesto era una irresponsabilidad. Pero la presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, lo corrigió en vivo y a todo color: “Ministro, con todo respeto, no es el mismo monto, son casi ¢300 millones MENOS”. Y para echarle más leña al fuego, Ramírez recordó que Hacienda todavía debe ¢9.000 millones que la Asamblea ya le había aprobado al OIJ para este 2025. O sea, no solo no les quieren dar más, sino que les deben plata y se hacen los locos. ¡El colmo!
Y aquí es donde el asunto se va al traste y se convierte en un clásico “tírese la bola”. Ante los cuestionamientos, el ministro Lucke se lavó las manos con una facilidad que asusta. Su defensa fue, palabras más, palabras menos: “Esa no es mi bronca”. Argumentó que el presupuesto de seguridad en general sí aumenta, pero que la responsabilidad de repartirle el dinero al OIJ es del Poder Judicial. “El Poder Judicial, después del MEP, es la que recibe más del presupuesto y la asignación del OIJ debe verse más del lado del Poder Judicial”, dijo. Básicamente, le tiró el chicharrón encima a la Corte, como diciéndole a Rándall Zúñiga, el director del OIJ, que vaya a llorarle a otro santo.
Pero cuando uno pensaba que el nivel de desconexión no podía ser mayor, llegó la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, y se robó el show con un “mic drop” que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Después de repetir la misma línea de que el Poder Judicial tiene más plata y que ellos son los que tienen que resolver, remató la faena con una frase que va a quedar para la historia de la indiferencia política: “Que se apañen entre ellos”. Así, sin anestesia. Un “ahí se ven, arréglense solos” en su máxima expresión, mientras el resto del país se pregunta quién nos va a cuidar si los que tienen que investigar los crímenes no tienen ni para la gasolina.
Al final, el panorama es desolador. Tenemos un problema de seguridad que nos tiene a todos con el Jesús en la boca, una policía judicial pidiendo a gritos recursos para poder hacer su brete, y una clase política que, en lugar de buscar soluciones, se dedica a pasarse la papa caliente. La discusión apenas empieza, porque el proyecto tiene que pasar por el Plenario en los próximos meses, pero la señal es pésima. Los que quedamos salados, como siempre, somos los ciudadanos de a pie, que vemos cómo las vidas valen menos que un pleito por partidas presupuestarias. Diay, maes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Es pura politiquería barata o de verdad Hacienda tiene un punto y el Poder Judicial debería "apañárselas"? ¿Quién paga los platos rotos al final?
