¡Ay, Dios mío, qué panorama! Resulta que nuestros jueces, esos que tienen que meterle duro a los juicios, andan pasando por momentos bien difíciles. No es cuento, parece que el estrés, las amenazas y una carga laboral monumental les están cobrando factura, y la cosa va de mal en peor.
Según Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la presión constante, la falta de tiempo para desconectar y hasta la inseguridad están minando la salud mental de los encargados de impartir justicia. Y todo esto viene a relucir luego de la partida del juez Sergio Quesada, un golpe duro que hizo reflexionar a los magistrados sobre la necesidad urgente de echarle atención a este brete.
Lo más preocupante es que, según Orocú, la cúpula judicial se anda haciendo la mosca, y no están tomando cartas en el asunto. A pesar de que se conocen los problemas, los recursos siguen siendo escasos, y el trabajo de los funcionarios judiciales se duplica, generando una sobrecarga que nadie mide realmente. ¡Imagínate, mae! Trabajar al doble sin descanso, eso te quita las ganas de cualquier cosa.
Pero no solo es la carga de trabajo. Según Acojud, muchos jueces están recibiendo presiones directas, amenazas incluso, y vivenciendo situaciones de inseguridad que afectan tanto a ellos como a sus familias. Parece sacado de película, ¿verdad? Pero es la realidad que están viviendo quienes nos protegen y hacen cumplir la ley.
Los números no mienten: en 2022, el 63% de las incapacidades dentro del Poder Judicial estaban relacionadas con problemas emocionales o mentales, y esa cifra, según fuentes internas, ha ido en aumento desde entonces. ¡Una barbaridad! Solo en 2024, hubo casi 14 mil personas incapacitadas y más de 55 mil boletas médicas relacionadas con problemas de salud mental. Qué sal!
Ahora, lo de las vacaciones profilácticas es otro tema que pincha. Actualmente, solo los médicos del Poder Judicial pueden acceder a este beneficio. ¿Por qué no los jueces, los oficiales de seguridad y los fiscales también? Orocú critica duramente la política de bienestar y salud que, según ella, es insuficiente para abordar la gravedad de la situación. “Después de un juicio de crimen organizado que dura más de un año, por ejemplo, no hay ningún tipo de intervención para ver cómo quedó el juez, fiscal o defensor público... ¡Nada!”, enfatizó.
El Poder Judicial, por supuesto, dice que sí están haciendo cosas. Han puesto en marcha programas con equipos especializados en psicología, medicina y trabajo social, ofreciendo apoyo a los jueces en diferentes etapas de su carrera. Dicen que en 2023 y hasta ahora, han hecho más de dos mil sesiones de acompañamiento psicológico, pero admiten que los recursos son limitados. Ya saben, siempre la misma historia: quieren hacer, pero no tienen suficiente para echarlo andar a toda máquina.
En fin, la situación pinta fea, muy fea. Parece que estamos ante una crisis silenciosa dentro del Poder Judicial, una que pone en riesgo no solo la salud de los funcionarios, sino también la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos. Entonces dime, ¿crees que el Poder Judicial está haciendo lo suficiente para proteger la salud mental de sus empleados, o necesitamos medidas más drásticas y efectivas? ¿Será posible implementar las vacaciones profilácticas sin que se vaya todo al traste por falta de presupuesto?
Según Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la presión constante, la falta de tiempo para desconectar y hasta la inseguridad están minando la salud mental de los encargados de impartir justicia. Y todo esto viene a relucir luego de la partida del juez Sergio Quesada, un golpe duro que hizo reflexionar a los magistrados sobre la necesidad urgente de echarle atención a este brete.
Lo más preocupante es que, según Orocú, la cúpula judicial se anda haciendo la mosca, y no están tomando cartas en el asunto. A pesar de que se conocen los problemas, los recursos siguen siendo escasos, y el trabajo de los funcionarios judiciales se duplica, generando una sobrecarga que nadie mide realmente. ¡Imagínate, mae! Trabajar al doble sin descanso, eso te quita las ganas de cualquier cosa.
Pero no solo es la carga de trabajo. Según Acojud, muchos jueces están recibiendo presiones directas, amenazas incluso, y vivenciendo situaciones de inseguridad que afectan tanto a ellos como a sus familias. Parece sacado de película, ¿verdad? Pero es la realidad que están viviendo quienes nos protegen y hacen cumplir la ley.
Los números no mienten: en 2022, el 63% de las incapacidades dentro del Poder Judicial estaban relacionadas con problemas emocionales o mentales, y esa cifra, según fuentes internas, ha ido en aumento desde entonces. ¡Una barbaridad! Solo en 2024, hubo casi 14 mil personas incapacitadas y más de 55 mil boletas médicas relacionadas con problemas de salud mental. Qué sal!
Ahora, lo de las vacaciones profilácticas es otro tema que pincha. Actualmente, solo los médicos del Poder Judicial pueden acceder a este beneficio. ¿Por qué no los jueces, los oficiales de seguridad y los fiscales también? Orocú critica duramente la política de bienestar y salud que, según ella, es insuficiente para abordar la gravedad de la situación. “Después de un juicio de crimen organizado que dura más de un año, por ejemplo, no hay ningún tipo de intervención para ver cómo quedó el juez, fiscal o defensor público... ¡Nada!”, enfatizó.
El Poder Judicial, por supuesto, dice que sí están haciendo cosas. Han puesto en marcha programas con equipos especializados en psicología, medicina y trabajo social, ofreciendo apoyo a los jueces en diferentes etapas de su carrera. Dicen que en 2023 y hasta ahora, han hecho más de dos mil sesiones de acompañamiento psicológico, pero admiten que los recursos son limitados. Ya saben, siempre la misma historia: quieren hacer, pero no tienen suficiente para echarlo andar a toda máquina.
En fin, la situación pinta fea, muy fea. Parece que estamos ante una crisis silenciosa dentro del Poder Judicial, una que pone en riesgo no solo la salud de los funcionarios, sino también la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos. Entonces dime, ¿crees que el Poder Judicial está haciendo lo suficiente para proteger la salud mental de sus empleados, o necesitamos medidas más drásticas y efectivas? ¿Será posible implementar las vacaciones profilácticas sin que se vaya todo al traste por falta de presupuesto?
