¡Ay, Dios mío, qué torta! Parece que estamos metidos en un brete gordo con esta historia de la tasa de usura. La Cámara de Comercio anda buscando que le retomen los pelos a la ley, porque dicen que está causando más daño que beneficio. Como si estuviéramos jugando canicas, resulta que ahora la gente que necesita un chuche rápido, se va directo a buscarlo en esquemas turbios, ¡diay!
Todo empezó en junio del 2020, cuando aprobaron la Ley 9859 para intentar proteger a los clientes del sistema financiero. La idea era buena, vamos, hasta suena chiva, pero parece que las cosas no salieron como estaban pensadas. Ahora el Banco Central tiene que actualizar esos topes cada seis meses, y los números están bien salados, especialmente para los microcréditos. Conexión directa al bolsillo del pueblo, chunche.
Ricardo Carvajal, el asesor económico de la Cámara, nos explica que la ley nació con buenas intenciones, sí señor, quería bajar el costo del crédito. Pero según él, ahora está causando exclusión financiera y empujando a la gente a tomar prestado con los señores del ‘gota a gota’. ¡Y eso es qué carga! Lo peor es que ahora andamos todos preocupados porque estos prestamistas informales tienen más poder que nunca y nadie sabe qué se va a hacer al respecto.
Lo grave es que ya hay gente dando bandazos, desesperada por conseguir plata y terminando atrapada en ciclos de deuda interminables. Carvajal propone que establezcan diferentes tasas de interés según el nivel de riesgo de cada consumidor. Suena lógico, ¿no? Que el banco evalúe quién es más responsable y le dé un crédito a una tasa justa, en lugar de ponerle el mismo tope a todos, tanto al empresario que tiene buen historial como al vecino que siempre se ha ido al rojo.
Pero la cosa no acaba ahí, mae. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también está poniéndole ojo al asunto, porque ven una relación directa entre la exclusión financiera y la inseguridad. La Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc) advierte que los esquemas irregulares de préstamo se están expandiendo como maleza, con usura, extorsión y violencia como ingredientes principales. Realmente ¡qué despiche! Ya hasta la comunidad internacional se preocupa más que nosotros.
Y ni hablar del estudio que hizo el investigador Édgar Robles, que demostró que esta fijación de tasas máximas nos costó un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Eso es mucho dinero, chavón! Significa que consumimos menos, producimos menos y, en general, la economía anda más lenta. Todo por querer hacer lo correcto, pero terminando con resultados contrarios a los esperados.
Un documento de la ONU detalla cómo funciona este fenómeno del 'gota a gota', explicando la estructura y el impacto de estas redes criminales. Según Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, “'El gota a gota’ no es solo un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica.” Y añade que necesitamos alternativas financieras formales, políticas sociales y acciones legales para acabar con esto.
Con toda esta información, queda claro que tenemos un problema serio en nuestras manos. La ley de usura, que pretendía protegernos, parece estar teniendo el efecto contrario. ¿Será posible encontrar una solución que equilibre la protección del consumidor con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional? ¿Deberíamos reconsiderar la totalidad de la Ley 9859 o enfocarnos en modificaciones puntuales? ¡Compas del foro, díganme qué piensan ustedes!
Todo empezó en junio del 2020, cuando aprobaron la Ley 9859 para intentar proteger a los clientes del sistema financiero. La idea era buena, vamos, hasta suena chiva, pero parece que las cosas no salieron como estaban pensadas. Ahora el Banco Central tiene que actualizar esos topes cada seis meses, y los números están bien salados, especialmente para los microcréditos. Conexión directa al bolsillo del pueblo, chunche.
Ricardo Carvajal, el asesor económico de la Cámara, nos explica que la ley nació con buenas intenciones, sí señor, quería bajar el costo del crédito. Pero según él, ahora está causando exclusión financiera y empujando a la gente a tomar prestado con los señores del ‘gota a gota’. ¡Y eso es qué carga! Lo peor es que ahora andamos todos preocupados porque estos prestamistas informales tienen más poder que nunca y nadie sabe qué se va a hacer al respecto.
Lo grave es que ya hay gente dando bandazos, desesperada por conseguir plata y terminando atrapada en ciclos de deuda interminables. Carvajal propone que establezcan diferentes tasas de interés según el nivel de riesgo de cada consumidor. Suena lógico, ¿no? Que el banco evalúe quién es más responsable y le dé un crédito a una tasa justa, en lugar de ponerle el mismo tope a todos, tanto al empresario que tiene buen historial como al vecino que siempre se ha ido al rojo.
Pero la cosa no acaba ahí, mae. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también está poniéndole ojo al asunto, porque ven una relación directa entre la exclusión financiera y la inseguridad. La Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc) advierte que los esquemas irregulares de préstamo se están expandiendo como maleza, con usura, extorsión y violencia como ingredientes principales. Realmente ¡qué despiche! Ya hasta la comunidad internacional se preocupa más que nosotros.
Y ni hablar del estudio que hizo el investigador Édgar Robles, que demostró que esta fijación de tasas máximas nos costó un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Eso es mucho dinero, chavón! Significa que consumimos menos, producimos menos y, en general, la economía anda más lenta. Todo por querer hacer lo correcto, pero terminando con resultados contrarios a los esperados.
Un documento de la ONU detalla cómo funciona este fenómeno del 'gota a gota', explicando la estructura y el impacto de estas redes criminales. Según Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, “'El gota a gota’ no es solo un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica.” Y añade que necesitamos alternativas financieras formales, políticas sociales y acciones legales para acabar con esto.
Con toda esta información, queda claro que tenemos un problema serio en nuestras manos. La ley de usura, que pretendía protegernos, parece estar teniendo el efecto contrario. ¿Será posible encontrar una solución que equilibre la protección del consumidor con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional? ¿Deberíamos reconsiderar la totalidad de la Ley 9859 o enfocarnos en modificaciones puntuales? ¡Compas del foro, díganme qué piensan ustedes!
