¡Ay, Dios mío! Resulta que la Contraloría nos soltó una bomba bien grande sobre el programa Avancemos, el que debería estar ayudando a los estudiantes más necesitados. Parece que hay un buen problemón con cómo andamos manejando la plata, y la cifra es… ¡ufff!, preocupante.
La cosa es así: un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) desenmascaró que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), encargado de este programa, repartió casi dos millardos y medio colones anualmente –sí, ya leíste bien– a gente que ni siquiera estaba estudiando. Imagínate la bronca, el esfuerzo de los que sí se portan y estudian, y luego sale esto…
Estamos hablando de 36.456 personas, ¡una barbaridad!, que representan cerca del 7% del total de beneficiarios. Esto significa que recursos destinados a apoyar la educación de los niños y jóvenes más vulnerables se fueron a parar a bolsillos que no debían. Y eso, mae, no da pie a muchas alegrías, díganlo como quieran.
Lo que peor pinta es que el IMAS no está haciendo bien sus deberes. No están validando automáticamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP) si los beneficiarios siguen inscritos en alguna escuela. A veces, la información tarda meses en actualizarse, así que resulta imposible saber quién realmente necesita la ayuda. ¡Un descuido tremendo!
Además, parece que nadie anda cuidando qué pasa con estos estudiantes después de recibir el apoyo económico. Una vez que reciben la lana, ¿siguen estudiando? Nadie lo sabe, porque no hay un sistema de seguimiento adecuado. Es como tirar la plata al río, brete tras brete.
Y para rematar, la coordinación entre el IMAS y el MEP anda floja. El Consejo de Coordinación del Programa Avancemos, el que se supone debe supervisar todo esto, ni siquiera se ha reunido desde mayo del año pasado. ¿Se imaginan? ¡Meses sin reuniones! Eso explica la falta de organización, la duplicidad de beneficiarios y las demoras en la limpieza de las listas.
A pesar de todo este lío, la Contraloría reconoce que Avancemos sí ha tenido un impacto positivo en reducir la deserción escolar. Pero, como dicen ellos mismos, “la credibilidad y sostenibilidad del programa dependen de corregir esas filtraciones”. Porque, díganlo con migo, si seguimos así, la gente va a perder la fe en estos programas sociales y eso es lo que menos queremos.
En fin, parece que tenemos mucho que analizar y arreglar. Este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. ¿Ustedes creen que el IMAS logrará solucionar estos problemas y evitar que siguan saliendo dineros así? ¿Debería haber sanciones más severas para quienes se aprovechan de este tipo de programas?
La cosa es así: un reporte de la Contraloría General de la República (CGR) desenmascaró que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), encargado de este programa, repartió casi dos millardos y medio colones anualmente –sí, ya leíste bien– a gente que ni siquiera estaba estudiando. Imagínate la bronca, el esfuerzo de los que sí se portan y estudian, y luego sale esto…
Estamos hablando de 36.456 personas, ¡una barbaridad!, que representan cerca del 7% del total de beneficiarios. Esto significa que recursos destinados a apoyar la educación de los niños y jóvenes más vulnerables se fueron a parar a bolsillos que no debían. Y eso, mae, no da pie a muchas alegrías, díganlo como quieran.
Lo que peor pinta es que el IMAS no está haciendo bien sus deberes. No están validando automáticamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP) si los beneficiarios siguen inscritos en alguna escuela. A veces, la información tarda meses en actualizarse, así que resulta imposible saber quién realmente necesita la ayuda. ¡Un descuido tremendo!
Además, parece que nadie anda cuidando qué pasa con estos estudiantes después de recibir el apoyo económico. Una vez que reciben la lana, ¿siguen estudiando? Nadie lo sabe, porque no hay un sistema de seguimiento adecuado. Es como tirar la plata al río, brete tras brete.
Y para rematar, la coordinación entre el IMAS y el MEP anda floja. El Consejo de Coordinación del Programa Avancemos, el que se supone debe supervisar todo esto, ni siquiera se ha reunido desde mayo del año pasado. ¿Se imaginan? ¡Meses sin reuniones! Eso explica la falta de organización, la duplicidad de beneficiarios y las demoras en la limpieza de las listas.
A pesar de todo este lío, la Contraloría reconoce que Avancemos sí ha tenido un impacto positivo en reducir la deserción escolar. Pero, como dicen ellos mismos, “la credibilidad y sostenibilidad del programa dependen de corregir esas filtraciones”. Porque, díganlo con migo, si seguimos así, la gente va a perder la fe en estos programas sociales y eso es lo que menos queremos.
En fin, parece que tenemos mucho que analizar y arreglar. Este caso nos hace reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. ¿Ustedes creen que el IMAS logrará solucionar estos problemas y evitar que siguan saliendo dineros así? ¿Debería haber sanciones más severas para quienes se aprovechan de este tipo de programas?
