¡Ay, Dios mío! Parece que la tranquilidad en las cárceles de Costa Rica es más bien un espejismo, pues resulta que otro par de funcionarios de la Policía Penitenciaria anduvieron haciendo cositas que ni cuenta. Esta vez, nos encontramos con dos casos separados donde intentaron meterle unas varas que estaban terminantemente prohibidas al centro penal Jorge Arturo Montero. ¡Un escándalo más para sumar a la lista!
Según fuentes oficiales, los hechos ocurrieron la semana pasada y pusieron en tela de juicio la integridad de estos guardias. Uno, identificado como Álvarez, llevó escondido en su bolso unos audífonos tipo manos libres –¿cómo se le ocurre?– mientras que el otro, Quesada, decidió meterse un teléfono celular en la bolsa de sus pantalones. ¡Imagínate el brete que podían causar con eso adentro! No es ningún secreto que tener celulares dentro de las cárceles facilita actividades ilícitas y pone en riesgo la seguridad de todos.
Las autoridades judiciales ya tienen a ambos funcionarios bajo investigación. Se les acusa de intento de introducir artículos ilícitos, y ahora les tocará demostrar que no hicieron nada malo, aunque con estas pruebas parece bastante difícil. La Fiscalía General de la Nación está analizando el caso a fondo para determinar qué sanciones podrían recibir si son declarados culpables. Esto obviamente complica aún más la situación del sistema penitenciario, que ya anda bastante tambaleante.
Y esto no es novedad, ¿eh? Como bien saben nuestros lectores, este tipo de incidentes no son exclusivos de este centro penal. Desde mayo del año pasado, el Ministerio de Justicia y Paz ha puesto a disposición de las autoridades judiciales a ¡nada más y nada menos que 56 funcionarios! De esos, 45 son policías penitenciarios y 11 pertenecen al personal administrativo. Un número alarmante que demuestra la magnitud del problema.
Lo curioso es que este incremento en la cantidad de denuncias aparentemente se debe a la implementación de leyes más estrictas que regulan el ingreso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios. Antes, tal vez, pasaban más cosas y no se detectaban, o simplemente no había tanta supervisión. Ahora, con la lupa puesta, los errores salen a la luz. Pero también puede ser que haya más corrupción, claro, y eso es lo que preocupa a muchos.
Muchos se preguntan cómo es posible que funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad permitan siquiera pensar en ingresar objetos prohibidos a las cárceles. ¿Será por negligencia, soborno, o simplemente falta de capacitación? Lo cierto es que cada caso pone en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario costarricense y la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para garantizar la seguridad interna.
La población está harta de escuchar estas noticias. Ya nadie se sorprende porque se ha convertido en algo rutinario. Pero la realidad es que estos actos comprometen la imagen del país y generan incertidumbre sobre la capacidad del Estado para controlar las cárceles. Además, alimentan la sensación de impunidad entre los reclusos y dificultan la labor de rehabilitación.
En fin, ¡qué torta! Este nuevo escándalo nos deja pensando: ¿Cómo podemos fortalecer la vigilancia en los centros penitenciarios para evitar futuros incidentes similares? ¿Será suficiente con aumentar las inspecciones aleatorias o necesitamos implementar otras medidas más drásticas, como la instalación de inhibidores de señal o el uso de tecnología más avanzada para detectar contrabando? ¡Den su opinión en el foro!
Según fuentes oficiales, los hechos ocurrieron la semana pasada y pusieron en tela de juicio la integridad de estos guardias. Uno, identificado como Álvarez, llevó escondido en su bolso unos audífonos tipo manos libres –¿cómo se le ocurre?– mientras que el otro, Quesada, decidió meterse un teléfono celular en la bolsa de sus pantalones. ¡Imagínate el brete que podían causar con eso adentro! No es ningún secreto que tener celulares dentro de las cárceles facilita actividades ilícitas y pone en riesgo la seguridad de todos.
Las autoridades judiciales ya tienen a ambos funcionarios bajo investigación. Se les acusa de intento de introducir artículos ilícitos, y ahora les tocará demostrar que no hicieron nada malo, aunque con estas pruebas parece bastante difícil. La Fiscalía General de la Nación está analizando el caso a fondo para determinar qué sanciones podrían recibir si son declarados culpables. Esto obviamente complica aún más la situación del sistema penitenciario, que ya anda bastante tambaleante.
Y esto no es novedad, ¿eh? Como bien saben nuestros lectores, este tipo de incidentes no son exclusivos de este centro penal. Desde mayo del año pasado, el Ministerio de Justicia y Paz ha puesto a disposición de las autoridades judiciales a ¡nada más y nada menos que 56 funcionarios! De esos, 45 son policías penitenciarios y 11 pertenecen al personal administrativo. Un número alarmante que demuestra la magnitud del problema.
Lo curioso es que este incremento en la cantidad de denuncias aparentemente se debe a la implementación de leyes más estrictas que regulan el ingreso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos a los centros penitenciarios. Antes, tal vez, pasaban más cosas y no se detectaban, o simplemente no había tanta supervisión. Ahora, con la lupa puesta, los errores salen a la luz. Pero también puede ser que haya más corrupción, claro, y eso es lo que preocupa a muchos.
Muchos se preguntan cómo es posible que funcionarios encargados de mantener el orden y la seguridad permitan siquiera pensar en ingresar objetos prohibidos a las cárceles. ¿Será por negligencia, soborno, o simplemente falta de capacitación? Lo cierto es que cada caso pone en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario costarricense y la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para garantizar la seguridad interna.
La población está harta de escuchar estas noticias. Ya nadie se sorprende porque se ha convertido en algo rutinario. Pero la realidad es que estos actos comprometen la imagen del país y generan incertidumbre sobre la capacidad del Estado para controlar las cárceles. Además, alimentan la sensación de impunidad entre los reclusos y dificultan la labor de rehabilitación.
En fin, ¡qué torta! Este nuevo escándalo nos deja pensando: ¿Cómo podemos fortalecer la vigilancia en los centros penitenciarios para evitar futuros incidentes similares? ¿Será suficiente con aumentar las inspecciones aleatorias o necesitamos implementar otras medidas más drásticas, como la instalación de inhibidores de señal o el uso de tecnología más avanzada para detectar contrabando? ¡Den su opinión en el foro!
