¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, con el MOPT metiendo la pata hasta el fondo. Resulta que la Contraloría nos acaba de echar encima un informe que pone los pelos de punta sobre la seguridad en nuestros puertos. No es cuento, parece que hemos estado durmiendo plácidamente mientras los riesgos de narcotráfico, terrorismo y otras cosas feas acechan nuestras costas. ¡Qué torta!
El informe de la CGR, que evaluó la gestión del MOPT entre 2024 y 2025, básicamente dice que no tenemos una política clara de seguridad portuaria. Esto significa que estamos manejándonos a tientas, improvisando y poniendo en riesgo la integridad del país. El documento lo planta clarito: “la gestión de la seguridad portuaria ha sido ejecutada sin la existencia de políticas públicas…”, lo cual ya da para hacerse bolas.
Y eso no es lo peor. Parece que una instalación portuaria, ¡ocho años!, operó sin contar con la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Imagínate, ocho años sin estar certificado. Eso es irse al traste en todos los sentidos. Al parecer, no tenían aprobado su plan de protección, y ese es un requisito obligatorio. ¡Qué carga!
Pero bueno, no solo es eso. También le faltaba personal especializado para vigilar esos bretes. La propia Dirección de Navegación y Seguridad Acuática (DNSA) reconoce que no tienen suficientes mae calificados para hacer bien su trabajo. Según el informe, “la propia DNSA ha reconocido la carencia de la ‘cantidad y tipo de personal’ requeridos”. ¿En qué planeta vivimos?
Para colmo, el MOPT anda reformando la organización interna, pero sin darle bola al tema de los recursos. El informe lo explica claro: “estas reformas no han sido acompañadas de la planificación y provisión de recursos necesarios”. ¡Un relajo total! Así nunca vamos a avanzar, mael.
Las evaluaciones de seguridad, que deberían actualizarse regularmente, están más viejas que la tos. En tres de las siete instalaciones portuarias certificadas, estas evaluaciones no se tocan desde hace ¡dos décadas! Con todos los avances tecnológicos y operativos que han pasado, seguimos aferrados a evaluaciones obsoletas. Esto, además, nos podría meter en problemas a nivel internacional, porque tampoco hemos implementado el Convenio Internacional sobre Normas de Formación y Titulación de la Gente de Mar (STCW). La Contraloría advierte que podríamos recibir una “sanción de carácter moral” por parte de la Organización Marítima Internacional. ¡Qué sal!
Al final, el informe echa toda la responsabilidad sobre la División Marítimo Portuaria (DMP), que debería estar proponiendo políticas al MOPT. Pero parece que ahí nadie se anima a decir nada. Se concluye que hubo “falta de proactividad de la DMP, que ha omitido su obligación de proponer políticas al nivel superior”. ¡Un círculo vicioso, diay!
Por supuesto, pedimos una explicación al MOPT, pero hasta ahora, silencio absoluto. Parece que les dio corte hablar del asunto. Ya veremos cómo sale este tingo. Ahora me pregunto, ¿cree usted que el gobierno realmente tomará cartas en el asunto y pondrá orden en nuestros puertos, o seguiremos siendo presa fácil para cualquier amenaza externa?
El informe de la CGR, que evaluó la gestión del MOPT entre 2024 y 2025, básicamente dice que no tenemos una política clara de seguridad portuaria. Esto significa que estamos manejándonos a tientas, improvisando y poniendo en riesgo la integridad del país. El documento lo planta clarito: “la gestión de la seguridad portuaria ha sido ejecutada sin la existencia de políticas públicas…”, lo cual ya da para hacerse bolas.
Y eso no es lo peor. Parece que una instalación portuaria, ¡ocho años!, operó sin contar con la Declaración de Cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Imagínate, ocho años sin estar certificado. Eso es irse al traste en todos los sentidos. Al parecer, no tenían aprobado su plan de protección, y ese es un requisito obligatorio. ¡Qué carga!
Pero bueno, no solo es eso. También le faltaba personal especializado para vigilar esos bretes. La propia Dirección de Navegación y Seguridad Acuática (DNSA) reconoce que no tienen suficientes mae calificados para hacer bien su trabajo. Según el informe, “la propia DNSA ha reconocido la carencia de la ‘cantidad y tipo de personal’ requeridos”. ¿En qué planeta vivimos?
Para colmo, el MOPT anda reformando la organización interna, pero sin darle bola al tema de los recursos. El informe lo explica claro: “estas reformas no han sido acompañadas de la planificación y provisión de recursos necesarios”. ¡Un relajo total! Así nunca vamos a avanzar, mael.
Las evaluaciones de seguridad, que deberían actualizarse regularmente, están más viejas que la tos. En tres de las siete instalaciones portuarias certificadas, estas evaluaciones no se tocan desde hace ¡dos décadas! Con todos los avances tecnológicos y operativos que han pasado, seguimos aferrados a evaluaciones obsoletas. Esto, además, nos podría meter en problemas a nivel internacional, porque tampoco hemos implementado el Convenio Internacional sobre Normas de Formación y Titulación de la Gente de Mar (STCW). La Contraloría advierte que podríamos recibir una “sanción de carácter moral” por parte de la Organización Marítima Internacional. ¡Qué sal!
Al final, el informe echa toda la responsabilidad sobre la División Marítimo Portuaria (DMP), que debería estar proponiendo políticas al MOPT. Pero parece que ahí nadie se anima a decir nada. Se concluye que hubo “falta de proactividad de la DMP, que ha omitido su obligación de proponer políticas al nivel superior”. ¡Un círculo vicioso, diay!
Por supuesto, pedimos una explicación al MOPT, pero hasta ahora, silencio absoluto. Parece que les dio corte hablar del asunto. Ya veremos cómo sale este tingo. Ahora me pregunto, ¿cree usted que el gobierno realmente tomará cartas en el asunto y pondrá orden en nuestros puertos, o seguiremos siendo presa fácil para cualquier amenaza externa?
