¡Ay, Dios mío, qué cargada! Parece que la Sala Cuarta de nuestro Órgano Judicial le dio un buen correctivo al CCSS este miércoles. Resulta que esos señores, encargados de cuidar nuestra seguridad social, estaban tratando de lavarse las manos argumentando que no tenían billete para pagar las licencias de cuidado. ¡Imagínate la osadía!
La movida es así: desde hace más de medio mes, familias enteras que dependen de esas licencias –mamás y papás cuidando a sus hijos enfermos o a sus seres queridos en fase terminal– andaban desesperadas porque el CCSS simplemente se había olvidado de ellos. Más de 50 días sin un colón, ¡diay! El cuento es que estos cuidadores se vieron obligados a salir a las calles, hasta protestaron frente a Casa Presidencial el 31 de octubre, pidiendo que les paguen lo que legalmente les corresponde.
Y la Sala Constitucional, como bien saben, no tolera esos rollo. Enfatizó, con todas las letras, que quedarse sin dinero no es excusa válida cuando se trata de cumplir obligaciones sociales y proteger los derechos fundamentales de la gente. Estos derechos, como bien sabemos, son clave para garantizar la calidad de vida de quienes luchan contra enfermedades graves y de los niños y niñas que necesitan cuidados especiales. Hablando claro, no hay lugar para “me voy a morir” en temas de derechos básicos, ¿entienden?
Para ponerle pausa a tanta bronca, los magistrados fueron directos: el CCSS tiene que ponerse al día con todos esos pagos atrasados. Ya basta de excusas baratas y de intentar evadir responsabilidades. Con eso queda clarito, ¿verdad, mae? No puedes jugar con el bienestar de las personas que más lo necesitan.
Ahora, para entender mejor la magnitud de esto, hablemos del beneficio en sí. Las licencias de cuidado buscan precisamente eso, mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan situaciones muy difíciles. Se trata de permitir que familiares puedan brindar atención personalizada a pacientes en fase terminal o a niños y adolescentes con condiciones de salud complejas, sin tener que elegir entre cuidar a sus seres queridos y mantener a flote la casa. Es un apoyo fundamental en momentos críticos.
Lo que pasa es que parece que algunos en el gobierno, o al menos en el CCSS, se olvidan de que detrás de cada trámite hay una historia humana, una familia sufriendo, un niño necesitado. Ese es el problema, que a veces nos ponemos sordos a las necesidades reales de la gente, pensando en números y presupuestos, pero perdiendo de vista la esencia de lo que significa tener un Estado Social de Derecho. ¡Es una verdadera pena!
Esta decisión de la Sala Cuarta es un sopapo para aquellos que creen que se puede brincarle a las leyes y que el dinero siempre es una excusa válida. Es un recordatorio importante de que el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Que sirva de ejemplo para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. ¡Que aprendan la lección, chunches!
En fin, la pelota ahora está en el techo del CCSS. Tendrán que rascarse el bolsillo y empezar a pagar lo que deben. Pero me pregunto, ¿cree usted que esta decisión de la Sala Cuarta cambiará realmente la forma en que el gobierno gestiona los recursos públicos y prioriza el bienestar de los costarricenses, o simplemente será otra promesa rota al final del día?
La movida es así: desde hace más de medio mes, familias enteras que dependen de esas licencias –mamás y papás cuidando a sus hijos enfermos o a sus seres queridos en fase terminal– andaban desesperadas porque el CCSS simplemente se había olvidado de ellos. Más de 50 días sin un colón, ¡diay! El cuento es que estos cuidadores se vieron obligados a salir a las calles, hasta protestaron frente a Casa Presidencial el 31 de octubre, pidiendo que les paguen lo que legalmente les corresponde.
Y la Sala Constitucional, como bien saben, no tolera esos rollo. Enfatizó, con todas las letras, que quedarse sin dinero no es excusa válida cuando se trata de cumplir obligaciones sociales y proteger los derechos fundamentales de la gente. Estos derechos, como bien sabemos, son clave para garantizar la calidad de vida de quienes luchan contra enfermedades graves y de los niños y niñas que necesitan cuidados especiales. Hablando claro, no hay lugar para “me voy a morir” en temas de derechos básicos, ¿entienden?
Para ponerle pausa a tanta bronca, los magistrados fueron directos: el CCSS tiene que ponerse al día con todos esos pagos atrasados. Ya basta de excusas baratas y de intentar evadir responsabilidades. Con eso queda clarito, ¿verdad, mae? No puedes jugar con el bienestar de las personas que más lo necesitan.
Ahora, para entender mejor la magnitud de esto, hablemos del beneficio en sí. Las licencias de cuidado buscan precisamente eso, mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan situaciones muy difíciles. Se trata de permitir que familiares puedan brindar atención personalizada a pacientes en fase terminal o a niños y adolescentes con condiciones de salud complejas, sin tener que elegir entre cuidar a sus seres queridos y mantener a flote la casa. Es un apoyo fundamental en momentos críticos.
Lo que pasa es que parece que algunos en el gobierno, o al menos en el CCSS, se olvidan de que detrás de cada trámite hay una historia humana, una familia sufriendo, un niño necesitado. Ese es el problema, que a veces nos ponemos sordos a las necesidades reales de la gente, pensando en números y presupuestos, pero perdiendo de vista la esencia de lo que significa tener un Estado Social de Derecho. ¡Es una verdadera pena!
Esta decisión de la Sala Cuarta es un sopapo para aquellos que creen que se puede brincarle a las leyes y que el dinero siempre es una excusa válida. Es un recordatorio importante de que el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Que sirva de ejemplo para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. ¡Que aprendan la lección, chunches!
En fin, la pelota ahora está en el techo del CCSS. Tendrán que rascarse el bolsillo y empezar a pagar lo que deben. Pero me pregunto, ¿cree usted que esta decisión de la Sala Cuarta cambiará realmente la forma en que el gobierno gestiona los recursos públicos y prioriza el bienestar de los costarricenses, o simplemente será otra promesa rota al final del día?
