Maes, hay varas que simplemente no se hacen. Hay líneas que no se cruzan. Y recortarle el presupuesto a la gente que, de por sí, la tiene más cuesta arriba, diay, eso está en el top de la lista. Pues parece que al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al de Hacienda se les olvidó el memo, porque se jalaron una torta monumental al meterle tijera a los recursos del Centro Nacional de Educación Helen Keller. Sí, leyeron bien: le quitaron apoyo a la institución que se dedica a formar a personas con discapacidad visual y sordoceguera. ¡Qué despiche!
La historia es la de siempre, pero no por eso menos indignante. El Gobierno, en su infinita sabiduría presupuestaria, decidió que era buena idea reducir el apoyo económico a este centro. El problema es que esa “reducción” no es solo un número en una hoja de Excel; es un golpe directo al mentón de una población que depende de esos servicios para tener una vida autónoma. Hablamos de programas que son el puro ABC de la independencia: aprender a moverse por la ciudad, a usar el bastón blanco, recibir educación especializada en la casa... Varitas mágicas no son, son herramientas básicas para la inclusión y el desarrollo personal.
Con este recorte, todo ese esfuerzo corría el riesgo de irse al traste. Imagínense lo que es depender de esos cursos para poder salir a la calle, buscar un brete o simplemente sentirse parte de la comunidad, y que de un pronto a otro te digan: “lo sentimos, salado, ya no hay plata”. Peor aún, la falta de fondos impedía que los profes del centro pudieran viajar fuera de la GAM, dejando a un montón de gente de zonas rurales completamente botada. O sea, un doble golpe a la equidad y a la decencia más elemental.
Pero por dicha, y aquí es donde la vara se pone tuanis, no todo estaba perdido. Un ciudadano valiente, afectado directamente, no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo. ¿Y qué creen? La Sala IV, haciendo su brete como se debe, le dio toda la razón. En una sentencia que debería enmarcarse, los magistrados declararon que la jugada del MEP era una violación clarísima al derecho a una educación adaptada y al principio de igualdad. ¡Qué carga de resolución! Un recordatorio contundente de que en este país, al menos en el papel, los derechos de las poblaciones vulnerables se respetan.
Y la cosa no quedó en un simple regaño. La Sala les puso un ultimátum con nombre y apellido a los responsables. Le dieron un mes al MEP para que presente un plan y empiece a bajar esas listas de espera para los servicios de orientación y movilidad. Y al Ministro de Hacienda, le dieron tres meses para que emita un decreto y suelte la plata necesaria. Sin excusas. De hecho, les advirtieron que si no cumplen, se pueden ganar una acusación por el delito de desobediencia. O sea, que esta vez la orden viene con dientes.
Al final, esta noticia es un respiro. Demuestra que los mecanismos de control judicial funcionan y que la ciudadanía tiene poder. Pero también deja un sabor amargo, porque esta situación nunca debió haber pasado. No deberíamos necesitar que la Sala IV le recuerde al Gobierno sus obligaciones más básicas. La verdadera victoria será el día en que este tipo de recortes ni siquiera se consideren una opción. Pero bueno, por ahora es un gane importante. ¿Qué piensan ustedes, foreros? ¿Creen que este tipo de fallos realmente logran cambiar la mentalidad de los que administran el país, o es solo un parche temporal hasta el próximo recorte?
La historia es la de siempre, pero no por eso menos indignante. El Gobierno, en su infinita sabiduría presupuestaria, decidió que era buena idea reducir el apoyo económico a este centro. El problema es que esa “reducción” no es solo un número en una hoja de Excel; es un golpe directo al mentón de una población que depende de esos servicios para tener una vida autónoma. Hablamos de programas que son el puro ABC de la independencia: aprender a moverse por la ciudad, a usar el bastón blanco, recibir educación especializada en la casa... Varitas mágicas no son, son herramientas básicas para la inclusión y el desarrollo personal.
Con este recorte, todo ese esfuerzo corría el riesgo de irse al traste. Imagínense lo que es depender de esos cursos para poder salir a la calle, buscar un brete o simplemente sentirse parte de la comunidad, y que de un pronto a otro te digan: “lo sentimos, salado, ya no hay plata”. Peor aún, la falta de fondos impedía que los profes del centro pudieran viajar fuera de la GAM, dejando a un montón de gente de zonas rurales completamente botada. O sea, un doble golpe a la equidad y a la decencia más elemental.
Pero por dicha, y aquí es donde la vara se pone tuanis, no todo estaba perdido. Un ciudadano valiente, afectado directamente, no se quedó de brazos cruzados y presentó un recurso de amparo. ¿Y qué creen? La Sala IV, haciendo su brete como se debe, le dio toda la razón. En una sentencia que debería enmarcarse, los magistrados declararon que la jugada del MEP era una violación clarísima al derecho a una educación adaptada y al principio de igualdad. ¡Qué carga de resolución! Un recordatorio contundente de que en este país, al menos en el papel, los derechos de las poblaciones vulnerables se respetan.
Y la cosa no quedó en un simple regaño. La Sala les puso un ultimátum con nombre y apellido a los responsables. Le dieron un mes al MEP para que presente un plan y empiece a bajar esas listas de espera para los servicios de orientación y movilidad. Y al Ministro de Hacienda, le dieron tres meses para que emita un decreto y suelte la plata necesaria. Sin excusas. De hecho, les advirtieron que si no cumplen, se pueden ganar una acusación por el delito de desobediencia. O sea, que esta vez la orden viene con dientes.
Al final, esta noticia es un respiro. Demuestra que los mecanismos de control judicial funcionan y que la ciudadanía tiene poder. Pero también deja un sabor amargo, porque esta situación nunca debió haber pasado. No deberíamos necesitar que la Sala IV le recuerde al Gobierno sus obligaciones más básicas. La verdadera victoria será el día en que este tipo de recortes ni siquiera se consideren una opción. Pero bueno, por ahora es un gane importante. ¿Qué piensan ustedes, foreros? ¿Creen que este tipo de fallos realmente logran cambiar la mentalidad de los que administran el país, o es solo un parche temporal hasta el próximo recorte?
