Maes, hay varas que uno lee en las noticias y simplemente no puede creer. A veces por buenas, pero esta vez, es todo lo contrario. Agárrense porque el Ministerio de Salud se acaba de jalar una torta de esas monumentales, una que no solo es un despiche administrativo, sino que pone en jaque la vida de un montón de gente. Hablo de la famosa “norma hepática” que, sin comerse a nadie y antes de tiempo, empezaron a aplicar este julio. La vara es tan seria que ya tiene a pacientes, médicos y hasta expertos en bioética con el grito en el cielo, y con toda la razón del mundo.
Diay, ¿qué es el gran problema? Imagínense que usted o un familiar suyo necesita un trasplante de hígado para seguir viviendo. Pasa por un proceso larguísimo, lleno de exámenes y de una angustia que ni les cuento, para entrar en una lista de espera que ya de por sí es un calvario. Y ahora, de la nada, el Ministerio de Salud saca una norma debajo de la manga que básicamente le pone un filtro de edad y condición. Si usted tiene 65 años o más, o si tiene ciertas enfermedades crónicas (aunque las tenga controladísimas), ¡paf!, queda fuera. Así de fácil. Le dicen, con otras palabras, que su vida ya no vale la pena el esfuerzo o la inversión. Es un portazo en la cara que se siente no solo injusto, sino profundamente inhumano.
Lo más increíble de este enredo es cómo se manejó todo. Según denuncia la Fundación Vida Nueva, esto no fue un proceso transparente ni consensuado. No se sentaron a hablar con todos los equipos de trasplante del país, que son los que están en el día a día, en las trincheras, viendo la realidad de los pacientes. No, al parecer la decisión fue unilateral, casi que a puerta cerrada. Además, se pasaron por la faja la fecha oficial de entrada en vigencia, que era para finales de agosto. O sea, no solo el contenido de la norma es un desastre, sino que la forma en que la impusieron huele a abuso de autoridad por todo lado. Es como si el brete del Ministerio ya no fuera velar por la salud de TODOS, sino decidir quién es "salvable" y quién no. ¡Qué mala vara!
Aquí es donde la cosa se pone todavía más densa. Esto no es un simple reglamento; es un tema que toca las fibras más sensibles de nuestros derechos como ciudadanos. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y eso incluye el derecho a la salud y a la vida. ¿Desde cuándo la edad o una condición médica estable se convirtieron en un criterio para desechar a una persona? La esperanza de muchísimos pacientes, que ya de por sí pende de un hilo, con esta norma simplemente se fue al traste. Expertos de la UNA lo han dicho clarito: la norma es discriminatoria y antiética. Están convirtiendo la medicina, que debería ser una ciencia para salvar vidas, en una especie de lotería macabra donde los que ya están salados por su enfermedad, ahora lo están también por su cédula.
Por eso el llamado de los pacientes es tan urgente y tan claro: hay que detener esta locura. Exigen que se suspenda la aplicación de la norma de inmediato y que se abra un diálogo de verdad, uno donde participen todos los que tienen que participar. Quieren una política pública de trasplantes que se base en ciencia, en ética y en la realidad del país, no en un plumazo que parece más un recorte de presupuesto humano que una decisión médica. Al final, la vida y la dignidad no son negociables. Ahora la pregunta queda picando en el aire para todos nosotros: ¿Estamos de acuerdo con que el Estado empiece a decidir quién tiene derecho a luchar por su vida y quién no? ¿Qué dice esto de nosotros como sociedad?
Diay, ¿qué es el gran problema? Imagínense que usted o un familiar suyo necesita un trasplante de hígado para seguir viviendo. Pasa por un proceso larguísimo, lleno de exámenes y de una angustia que ni les cuento, para entrar en una lista de espera que ya de por sí es un calvario. Y ahora, de la nada, el Ministerio de Salud saca una norma debajo de la manga que básicamente le pone un filtro de edad y condición. Si usted tiene 65 años o más, o si tiene ciertas enfermedades crónicas (aunque las tenga controladísimas), ¡paf!, queda fuera. Así de fácil. Le dicen, con otras palabras, que su vida ya no vale la pena el esfuerzo o la inversión. Es un portazo en la cara que se siente no solo injusto, sino profundamente inhumano.
Lo más increíble de este enredo es cómo se manejó todo. Según denuncia la Fundación Vida Nueva, esto no fue un proceso transparente ni consensuado. No se sentaron a hablar con todos los equipos de trasplante del país, que son los que están en el día a día, en las trincheras, viendo la realidad de los pacientes. No, al parecer la decisión fue unilateral, casi que a puerta cerrada. Además, se pasaron por la faja la fecha oficial de entrada en vigencia, que era para finales de agosto. O sea, no solo el contenido de la norma es un desastre, sino que la forma en que la impusieron huele a abuso de autoridad por todo lado. Es como si el brete del Ministerio ya no fuera velar por la salud de TODOS, sino decidir quién es "salvable" y quién no. ¡Qué mala vara!
Aquí es donde la cosa se pone todavía más densa. Esto no es un simple reglamento; es un tema que toca las fibras más sensibles de nuestros derechos como ciudadanos. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y eso incluye el derecho a la salud y a la vida. ¿Desde cuándo la edad o una condición médica estable se convirtieron en un criterio para desechar a una persona? La esperanza de muchísimos pacientes, que ya de por sí pende de un hilo, con esta norma simplemente se fue al traste. Expertos de la UNA lo han dicho clarito: la norma es discriminatoria y antiética. Están convirtiendo la medicina, que debería ser una ciencia para salvar vidas, en una especie de lotería macabra donde los que ya están salados por su enfermedad, ahora lo están también por su cédula.
Por eso el llamado de los pacientes es tan urgente y tan claro: hay que detener esta locura. Exigen que se suspenda la aplicación de la norma de inmediato y que se abra un diálogo de verdad, uno donde participen todos los que tienen que participar. Quieren una política pública de trasplantes que se base en ciencia, en ética y en la realidad del país, no en un plumazo que parece más un recorte de presupuesto humano que una decisión médica. Al final, la vida y la dignidad no son negociables. Ahora la pregunta queda picando en el aire para todos nosotros: ¿Estamos de acuerdo con que el Estado empiece a decidir quién tiene derecho a luchar por su vida y quién no? ¿Qué dice esto de nosotros como sociedad?
