Diay, maes, parece que la paz entre las universidades públicas duró menos que un aguacero en verano. La cosa se puso color de hormiga y, para no perder la costumbre, el pleito es por plata. Resulta que el Consejo Universitario de la UCR está que echa chispas con el CONARE por cómo se está repartiendo el aumento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2026. La vara está tan tensa que no solo mandaron un comunicado oficial con tono de ultimátum, sino que se movilizaron hasta las oficinas del CONARE en Pavas para dejar claro que no están jugando.
Vamos a ver si entiendo esta torta, porque la matemática es medio enredada, pero el sentimiento es clarísimo. Para el 2026, el Gobierno y los rectores negociaron un aumento del 1% para el FEES. Suena bien, ¿verdad? Son como ¢5.876 millones más para repartir entre todas las universidades públicas. El problema, o donde empezó el despiche, fue que el CONARE decidió meterle un “mordisco” de casi ¢455 millones a ese aumento para un tal “Fondo del Sistema”, que son proyectos y comisiones entre todas las U. O sea, antes de empezar a repartir el queque, ya le habían quitado un pedazo.
Aquí es donde la UCR pegó el grito al cielo. Según los números oficiales, a ellos les tocaba el pedazo más grande del aumento: ¢1.489 millones. Pero después del rebajo del CONARE, esa cifra se encogió a ¢1.077 millones. Y claro, el rector Carlos Araya salió a decir que eso era “insuficiente” y que el acuerdo los “perjudica seriamente”. Para que se hagan una idea del tamaño del enojo, la gente de la UCR sacó sus propias cuentas y dicen que, con sus 44.000 estudiantes, a ellos les correspondía un aumento de ¢2.846 millones. O sea, les están dando menos de la mitad de lo que consideran justo. ¡Con razón están tan salados!
La movida de la UCR es fuerte. Le están exigiendo al CONARE que le ponga pausa a ese acuerdo de una vez por todas y que se sienten a hablar como la gente. Quieren un proceso de negociación que sea, como dicen ellos, “pausado, franco, respetuoso y equitativo”. En otras palabras, quieren que se haga un plan de redistribución bien pensado, que no deje a ninguna universidad guindando y que reconozca el peso que tiene cada una. El hecho de que se fueran hasta Pavas no es un simple show; es una señal de que esta vez no van a aceptar un “no” por respuesta y que consideran que CONARE, en esta, se jaló una torta.
Al final del día, este brete no es solo una pelea de números entre rectores. Es una discusión que nos afecta a todos, porque de esa plata depende la calidad de la educación, las becas, la investigación y el futuro de miles de estudiantes. La UCR está plantando su bandera, argumentando que su tamaño y su matrícula justifican una tajada mucho mayor. Pero las otras universidades públicas también tienen sus necesidades y sus propios argumentos. La pregunta que queda en el aire es si este conflicto se podrá resolver sin que la cuerda se rompa y sin que el plan se vaya al traste.
Ahí se las dejo picando. ¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Tiene razón la UCR en exigir casi el triple de lo que le dieron, o debería ser más solidaria con el resto de las universidades públicas aunque le toque apretarse la faja?
Vamos a ver si entiendo esta torta, porque la matemática es medio enredada, pero el sentimiento es clarísimo. Para el 2026, el Gobierno y los rectores negociaron un aumento del 1% para el FEES. Suena bien, ¿verdad? Son como ¢5.876 millones más para repartir entre todas las universidades públicas. El problema, o donde empezó el despiche, fue que el CONARE decidió meterle un “mordisco” de casi ¢455 millones a ese aumento para un tal “Fondo del Sistema”, que son proyectos y comisiones entre todas las U. O sea, antes de empezar a repartir el queque, ya le habían quitado un pedazo.
Aquí es donde la UCR pegó el grito al cielo. Según los números oficiales, a ellos les tocaba el pedazo más grande del aumento: ¢1.489 millones. Pero después del rebajo del CONARE, esa cifra se encogió a ¢1.077 millones. Y claro, el rector Carlos Araya salió a decir que eso era “insuficiente” y que el acuerdo los “perjudica seriamente”. Para que se hagan una idea del tamaño del enojo, la gente de la UCR sacó sus propias cuentas y dicen que, con sus 44.000 estudiantes, a ellos les correspondía un aumento de ¢2.846 millones. O sea, les están dando menos de la mitad de lo que consideran justo. ¡Con razón están tan salados!
La movida de la UCR es fuerte. Le están exigiendo al CONARE que le ponga pausa a ese acuerdo de una vez por todas y que se sienten a hablar como la gente. Quieren un proceso de negociación que sea, como dicen ellos, “pausado, franco, respetuoso y equitativo”. En otras palabras, quieren que se haga un plan de redistribución bien pensado, que no deje a ninguna universidad guindando y que reconozca el peso que tiene cada una. El hecho de que se fueran hasta Pavas no es un simple show; es una señal de que esta vez no van a aceptar un “no” por respuesta y que consideran que CONARE, en esta, se jaló una torta.
Al final del día, este brete no es solo una pelea de números entre rectores. Es una discusión que nos afecta a todos, porque de esa plata depende la calidad de la educación, las becas, la investigación y el futuro de miles de estudiantes. La UCR está plantando su bandera, argumentando que su tamaño y su matrícula justifican una tajada mucho mayor. Pero las otras universidades públicas también tienen sus necesidades y sus propios argumentos. La pregunta que queda en el aire es si este conflicto se podrá resolver sin que la cuerda se rompa y sin que el plan se vaya al traste.
Ahí se las dejo picando. ¿Ustedes qué opinan, maes? ¿Tiene razón la UCR en exigir casi el triple de lo que le dieron, o debería ser más solidaria con el resto de las universidades públicas aunque le toque apretarse la faja?
