¡Ay, Dios mío, qué movida! Resulta que ahora la Asamblea Legislativa anda tramitando un proyecto – el 24.757, pa’ que sepan – que quiere meterle orden a unos cobros raritos que hacen las universidades privadas. Unas varas que parecían inofensivas, pero que andan pesando un quintal a muchos estudiantes.
La idea general es que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Consesup), que es el encargado de vigilar esas universidades, tenga más poder para regular ciertas cosas. Entre ellas, esos cobros por graduación que a veces te dejan seco, y los que te meten la mano al bolsillo cuando tienes que hacer trabajos comunitarios o el proyecto final. Imagínate, ¡unos mil dólares o más! Una torta para cualquiera, máxime si estás buscando terminar la carrera.
Según Nueva República, los que trajeron la propuesta, la onda es que estas universidades, aunque le han dado un empujón a la educación en el país, a veces abusan con estos cobros. Dicen que es un problemón porque muchos estudiantes se quedan a medias, sin poder terminar sus estudios por culpa de esas cargas extra. ¡Un desperdicio de esfuerzo y plata!
El proyecto busca evitar justamente eso: que los estudiantes no tengan que sangrar económicamente para poder obtener su título. Plantea que el Consesup debería poder controlar estos costos, asegurándose de que sean justos y razonables, acorde con la realidad económica del país. No queremos que la graduación sea un lujo, sino un derecho accesible para todos, ¿verdad?
Y ojo, que ni modo que esto salga gratis. Según la Procuraduría General de la República, el Estado tiene derecho a supervisar a las universidades privadas, como cualquier otra institución que reciba fondos públicos o afecte al interés general. El Consesup ya tiene la potestad de fiscalizar y establecer estándares de calidad; este proyecto simplemente ampliaría ese alcance para incluir estos temas de cobros.
Lo bueno es que parece que todo está dentro de lo legal, al menos según los abogados que revisaron el proyecto. Digamos que tienen luz verde, siempre y cuando definan bien algunos términos clave, como “gastos excesivos” o “costos de titulación”. Porque ahí es donde la cosa se pone picante y hay espacio para interpretaciones.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Las universidades privadas ya han manifestado su preocupación por estos posibles cambios. Argumentan que podrían verse afectadas y que se dificultaría la gestión académica. Además, advierten que el Consesup tal vez no tiene la capacidad técnica ni presupuestaria para revisar todos estos requisitos adicionales. ¡Imagínate la burocracia! Un brete.
Ahora, la gran pregunta, mis queridos foreros: ¿Deberían realmente ponerle límites a lo que cobran las universidades privadas, o sería mejor dejar que cada una siga manejando sus propios precios? ¿Crees que esta regulación ayudará a democratizar el acceso a la educación superior, o generará más problemas de lo que soluciona? ¡Déjanos tus opiniones en los comentarios!
La idea general es que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Consesup), que es el encargado de vigilar esas universidades, tenga más poder para regular ciertas cosas. Entre ellas, esos cobros por graduación que a veces te dejan seco, y los que te meten la mano al bolsillo cuando tienes que hacer trabajos comunitarios o el proyecto final. Imagínate, ¡unos mil dólares o más! Una torta para cualquiera, máxime si estás buscando terminar la carrera.
Según Nueva República, los que trajeron la propuesta, la onda es que estas universidades, aunque le han dado un empujón a la educación en el país, a veces abusan con estos cobros. Dicen que es un problemón porque muchos estudiantes se quedan a medias, sin poder terminar sus estudios por culpa de esas cargas extra. ¡Un desperdicio de esfuerzo y plata!
El proyecto busca evitar justamente eso: que los estudiantes no tengan que sangrar económicamente para poder obtener su título. Plantea que el Consesup debería poder controlar estos costos, asegurándose de que sean justos y razonables, acorde con la realidad económica del país. No queremos que la graduación sea un lujo, sino un derecho accesible para todos, ¿verdad?
Y ojo, que ni modo que esto salga gratis. Según la Procuraduría General de la República, el Estado tiene derecho a supervisar a las universidades privadas, como cualquier otra institución que reciba fondos públicos o afecte al interés general. El Consesup ya tiene la potestad de fiscalizar y establecer estándares de calidad; este proyecto simplemente ampliaría ese alcance para incluir estos temas de cobros.
Lo bueno es que parece que todo está dentro de lo legal, al menos según los abogados que revisaron el proyecto. Digamos que tienen luz verde, siempre y cuando definan bien algunos términos clave, como “gastos excesivos” o “costos de titulación”. Porque ahí es donde la cosa se pone picante y hay espacio para interpretaciones.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Las universidades privadas ya han manifestado su preocupación por estos posibles cambios. Argumentan que podrían verse afectadas y que se dificultaría la gestión académica. Además, advierten que el Consesup tal vez no tiene la capacidad técnica ni presupuestaria para revisar todos estos requisitos adicionales. ¡Imagínate la burocracia! Un brete.
Ahora, la gran pregunta, mis queridos foreros: ¿Deberían realmente ponerle límites a lo que cobran las universidades privadas, o sería mejor dejar que cada una siga manejando sus propios precios? ¿Crees que esta regulación ayudará a democratizar el acceso a la educación superior, o generará más problemas de lo que soluciona? ¡Déjanos tus opiniones en los comentarios!
