¡Ay, Dios mío! La cosa está feísima con el transporte público en Costa Rica. Resulta que, según la Aresep, casi 50 rutas de autobús corren peligro de desaparecer del mapa, dejando a muchísimas personas varadas y sin cómo ir al trabajo, a la escuela o al doctor. Esto no pinta nada bien, y parece que el problema va más allá de unas pocas deficiencias.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha soltado la bomba: un buen porcentaje de las rutas no están cumpliendo con las condiciones mínimas para seguir operando. Paolo Varela, el intendente de Transporte, nos explica que el problema se agudiza por temas económicos y por la falta de optimización en los horarios, frecuencias y tarifas. Parece que algunos prestadores simplemente no están sacando rentabilidad de sus operaciones, y eso los lleva a plantearse dejarlo todo.
Varela desglosa la situación en tres grupos principales: un 60% de las rutas que funcionan relativamente bien, aunque con algunos ajustes en la oferta; un 25% que ya están prácticamente abandonadas, y un 15% que ni siquiera están reportando datos. Ese último grupo es motivo de gran preocupación, porque indica que la situación podría ser aún peor de lo que se cree. ¿Será que estamos ante un panorama más oscuro de lo que aparenta?
Pero no todo es culpa de los empresarios, claro. La Aresep apunta directamente a modelos operativos desactualizados y a tarifas que no cubren los costos. Según sus análisis, hasta 33 rutas están en abandono y otras 27 están cobrando menos de ¢20 por kilómetro recorrido, ¡una ganga para los usuarios, pero un majeazo para los dueños de los buses!
Y aquí viene lo interesante: el Consejo de Transporte Público (CTP) admite que muchas de estas rutas fueron establecidas hace años sin criterios técnicos sólidos, es decir, sin evaluar realmente si había una necesidad real de servicio. En otras palabras, alguien decidió poner un bus donde quizás nadie lo necesitaba, y ahora la cosa se fue al traste. Es como plantar mangos en el Pacífico Sur, ¡no va a dar fruto, chunches!
Las zonas rurales, especialmente la región Chorotega y el Huetar Norte, son las más afectadas, concentrando alrededor del 50% de los servicios que han dejado de prestarse. Gabriela Prado, de la Aresep, destaca el impacto negativo que esto tiene en la calidad de vida de los habitantes de esas zonas, quienes dependen del transporte público para acceder a servicios básicos como atención médica y educación. ¡Una verdadera carga para esos mae!
Ahora, la Aresep dice que van a cambiar la estrategia y poner a los pasajeros en el centro de la ecuación, buscando involucrarlos en el cuidado de su servicio. Suena lindo en teoría, pero la verdad es que necesitamos acciones concretas y rápidas para evitar que el transporte público se convierta en un brete imposible de resolver. Hay que actualizar tarifas, mejorar los horarios y asegurarse de que las rutas sean viables económicamente. La pregunta es: ¿será que las autoridades tienen la voluntad política y los recursos necesarios para hacerlo?
Esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo podemos, como sociedad costarricense, garantizar el acceso equitativo al transporte público en todo el país, especialmente en las zonas rurales? ¿Es momento de repensar radicalmente el modelo de transporte, considerando alternativas como subsidios directos a las rutas más vulnerables o incluso la implementación de sistemas de transporte bajo demanda?
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ha soltado la bomba: un buen porcentaje de las rutas no están cumpliendo con las condiciones mínimas para seguir operando. Paolo Varela, el intendente de Transporte, nos explica que el problema se agudiza por temas económicos y por la falta de optimización en los horarios, frecuencias y tarifas. Parece que algunos prestadores simplemente no están sacando rentabilidad de sus operaciones, y eso los lleva a plantearse dejarlo todo.
Varela desglosa la situación en tres grupos principales: un 60% de las rutas que funcionan relativamente bien, aunque con algunos ajustes en la oferta; un 25% que ya están prácticamente abandonadas, y un 15% que ni siquiera están reportando datos. Ese último grupo es motivo de gran preocupación, porque indica que la situación podría ser aún peor de lo que se cree. ¿Será que estamos ante un panorama más oscuro de lo que aparenta?
Pero no todo es culpa de los empresarios, claro. La Aresep apunta directamente a modelos operativos desactualizados y a tarifas que no cubren los costos. Según sus análisis, hasta 33 rutas están en abandono y otras 27 están cobrando menos de ¢20 por kilómetro recorrido, ¡una ganga para los usuarios, pero un majeazo para los dueños de los buses!
Y aquí viene lo interesante: el Consejo de Transporte Público (CTP) admite que muchas de estas rutas fueron establecidas hace años sin criterios técnicos sólidos, es decir, sin evaluar realmente si había una necesidad real de servicio. En otras palabras, alguien decidió poner un bus donde quizás nadie lo necesitaba, y ahora la cosa se fue al traste. Es como plantar mangos en el Pacífico Sur, ¡no va a dar fruto, chunches!
Las zonas rurales, especialmente la región Chorotega y el Huetar Norte, son las más afectadas, concentrando alrededor del 50% de los servicios que han dejado de prestarse. Gabriela Prado, de la Aresep, destaca el impacto negativo que esto tiene en la calidad de vida de los habitantes de esas zonas, quienes dependen del transporte público para acceder a servicios básicos como atención médica y educación. ¡Una verdadera carga para esos mae!
Ahora, la Aresep dice que van a cambiar la estrategia y poner a los pasajeros en el centro de la ecuación, buscando involucrarlos en el cuidado de su servicio. Suena lindo en teoría, pero la verdad es que necesitamos acciones concretas y rápidas para evitar que el transporte público se convierta en un brete imposible de resolver. Hay que actualizar tarifas, mejorar los horarios y asegurarse de que las rutas sean viables económicamente. La pregunta es: ¿será que las autoridades tienen la voluntad política y los recursos necesarios para hacerlo?
Esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo podemos, como sociedad costarricense, garantizar el acceso equitativo al transporte público en todo el país, especialmente en las zonas rurales? ¿Es momento de repensar radicalmente el modelo de transporte, considerando alternativas como subsidios directos a las rutas más vulnerables o incluso la implementación de sistemas de transporte bajo demanda?
