En un país que se enorgullece de ser una de las democracias más estables de América Latina, donde la calidad de vida es un emblema nacional, la noticia de que más de 1600 comunidades viven sin acceso a agua potable en Costa Rica es un recordatorio crudo de la desigualdad que permea nuestra sociedad.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha confirmado que estas comunidades, diseminadas a lo largo y ancho del país, enfrentan una realidad que contrasta brutalmente con la narrativa del desarrollo y el progreso.
La situación es más que alarmante. Hablamos de miles de familias que día a día lidian con la incertidumbre de no saber si el agua que consumen es segura.
¿Qué pasó con aquel país que se jactaba de su naturaleza pura y sus logros en sostenibilidad?
Pues bien, parece que mientras algunos de nosotros disfrutamos de los beneficios del desarrollo, otros están pagando el precio de un sistema que ha fallado en proporcionar lo más básico: agua limpia y segura.
El AyA señala varios factores que contribuyen a esta crisis. Primero, la infraestructura hídrica en muchas de estas comunidades es obsoleta o inexistente. En lugar de llevar el agua a todos los rincones del país, parece que la inversión se ha concentrado en áreas urbanas y turísticas, dejando a las comunidades rurales en un abandono sistemático. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un país que se enorgullece de su desarrollo humano, tengamos un acceso al agua que depende de dónde vivas y cuánto ganas?
Además, el cambio climático ha exacerbado la situación. Las sequías prolongadas y la variabilidad en las precipitaciones han reducido significativamente las fuentes de agua en muchas zonas. Esto, combinado con la deforestación y la falta de gestión sostenible de los recursos hídricos, ha creado un cóctel explosivo que pone en peligro la salud y el bienestar de miles de costarricenses. Y no nos engañemos, no estamos hablando solo de comunidades alejadas o indígenas; la crisis toca también a zonas periurbanas donde la expansión descontrolada ha sobrepasado la capacidad de los servicios básicos.
Por supuesto, en medio de esta tormenta, se levanta la bandera de la solidaridad. Organizaciones comunitarias, ONGs y algunos gobiernos locales han hecho esfuerzos encomiables para mitigar la crisis, construyendo pozos, gestionando camiones cisterna y organizando campañas de recolección de agua. Sin embargo, estos parches no son suficientes. El problema es estructural y requiere una respuesta integral que vaya más allá de la caridad momentánea. Necesitamos una planificación hídrica que contemple a todo el país, con inversiones a largo plazo y una gestión equitativa de los recursos.
La pregunta que surge es inevitable:
¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando la urgencia de una verdadera justicia hídrica?
Costa Rica ha sido un ejemplo para el mundo en muchos aspectos, pero la realidad de estas 1600 comunidades es una mancha en nuestro historial que no podemos seguir ocultando. Es fácil hablar de sostenibilidad y bienestar cuando tienes agua potable al abrir el grifo, pero la verdadera prueba de una sociedad justa es cómo tratamos a los más vulnerables.
El AyA ha prometido acciones para resolver esta crisis, pero las palabras no pueden seguir siendo una excusa para la inacción. Se requieren soluciones concretas, inversiones que prioricen a las comunidades más afectadas y una reestructuración del sistema hídrico nacional que garantice el acceso al agua como un derecho humano fundamental y no como un privilegio. Y si bien las autoridades tienen una gran responsabilidad, nosotros como ciudadanos también debemos exigir rendición de cuentas y mantener la presión para que esta crisis se resuelva.
La situación actual no solo es un desafío logístico, sino un llamado a la reflexión sobre quiénes somos como nación y hacia dónde queremos ir.
¿Podemos realmente hablar de un país desarrollado cuando más de 1600 comunidades están atrapadas en una lucha diaria por algo tan esencial como el agua?
La respuesta debería ser un rotundo no, y es hora de que actuemos en consecuencia.
La crisis del agua no es solo un problema de infraestructura, es un test de nuestra humanidad y de nuestra capacidad para construir un país verdaderamente inclusivo.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha confirmado que estas comunidades, diseminadas a lo largo y ancho del país, enfrentan una realidad que contrasta brutalmente con la narrativa del desarrollo y el progreso.
La situación es más que alarmante. Hablamos de miles de familias que día a día lidian con la incertidumbre de no saber si el agua que consumen es segura.
¿Qué pasó con aquel país que se jactaba de su naturaleza pura y sus logros en sostenibilidad?
Pues bien, parece que mientras algunos de nosotros disfrutamos de los beneficios del desarrollo, otros están pagando el precio de un sistema que ha fallado en proporcionar lo más básico: agua limpia y segura.
El AyA señala varios factores que contribuyen a esta crisis. Primero, la infraestructura hídrica en muchas de estas comunidades es obsoleta o inexistente. En lugar de llevar el agua a todos los rincones del país, parece que la inversión se ha concentrado en áreas urbanas y turísticas, dejando a las comunidades rurales en un abandono sistemático. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en un país que se enorgullece de su desarrollo humano, tengamos un acceso al agua que depende de dónde vivas y cuánto ganas?
Además, el cambio climático ha exacerbado la situación. Las sequías prolongadas y la variabilidad en las precipitaciones han reducido significativamente las fuentes de agua en muchas zonas. Esto, combinado con la deforestación y la falta de gestión sostenible de los recursos hídricos, ha creado un cóctel explosivo que pone en peligro la salud y el bienestar de miles de costarricenses. Y no nos engañemos, no estamos hablando solo de comunidades alejadas o indígenas; la crisis toca también a zonas periurbanas donde la expansión descontrolada ha sobrepasado la capacidad de los servicios básicos.
Por supuesto, en medio de esta tormenta, se levanta la bandera de la solidaridad. Organizaciones comunitarias, ONGs y algunos gobiernos locales han hecho esfuerzos encomiables para mitigar la crisis, construyendo pozos, gestionando camiones cisterna y organizando campañas de recolección de agua. Sin embargo, estos parches no son suficientes. El problema es estructural y requiere una respuesta integral que vaya más allá de la caridad momentánea. Necesitamos una planificación hídrica que contemple a todo el país, con inversiones a largo plazo y una gestión equitativa de los recursos.
La pregunta que surge es inevitable:
¿Hasta cuándo vamos a seguir ignorando la urgencia de una verdadera justicia hídrica?
Costa Rica ha sido un ejemplo para el mundo en muchos aspectos, pero la realidad de estas 1600 comunidades es una mancha en nuestro historial que no podemos seguir ocultando. Es fácil hablar de sostenibilidad y bienestar cuando tienes agua potable al abrir el grifo, pero la verdadera prueba de una sociedad justa es cómo tratamos a los más vulnerables.
El AyA ha prometido acciones para resolver esta crisis, pero las palabras no pueden seguir siendo una excusa para la inacción. Se requieren soluciones concretas, inversiones que prioricen a las comunidades más afectadas y una reestructuración del sistema hídrico nacional que garantice el acceso al agua como un derecho humano fundamental y no como un privilegio. Y si bien las autoridades tienen una gran responsabilidad, nosotros como ciudadanos también debemos exigir rendición de cuentas y mantener la presión para que esta crisis se resuelva.
La situación actual no solo es un desafío logístico, sino un llamado a la reflexión sobre quiénes somos como nación y hacia dónde queremos ir.
¿Podemos realmente hablar de un país desarrollado cuando más de 1600 comunidades están atrapadas en una lucha diaria por algo tan esencial como el agua?
La respuesta debería ser un rotundo no, y es hora de que actuemos en consecuencia.
La crisis del agua no es solo un problema de infraestructura, es un test de nuestra humanidad y de nuestra capacidad para construir un país verdaderamente inclusivo.
