¡Ay, Dios mío, qué bronca! La polémica alrededor del Presidente Chaves sigue hirviendo, pero ahora con una decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que sacudió hasta los cimientos de la Asamblea Legislativa. Resulta que Pilar Cisneros, la jefaza del oficialismo, quería saber si el TSE tenía o no potestad para pedirle el desafuero al Presidente, y el departamento técnico de la Asamblea le respondió directo: ¡Sí, mija, tienen toda la razón!
La cosa empezó porque Cisneros, preocupada por las quince denuncias de beligerancia política que pesan sobre Chaves –y créeme, esas denuncias no son precisamente cositas menores–, hizo una consulta formal a la Asamblea. Quería estar segura de dónde estaban parados legalmente. Y los técnicos de la Asamblea, después de revisar los artículos 95 y 102 de la Constitución, así como el artículo 270 del Código Electoral, le dieron la respuesta bomba: el TSE sí puede meter presión y solicitar el desafuero.
Como bien saben los abogados y los entendidos en leyes, esto significa que el TSE tiene la potestad exclusiva para garantizar la imparcialidad electoral. Y para eso, según los expertos, pueden mover sus piezas como quieran. No hay pierde, pues, según explican en el oficio AL-DEST-CJU-093-2025, los procedimientos que realiza el Tribunal para cumplir esa función son suyos y de nadie más. ¡Ya ven, no andan jugando!
Pero ahí no termina la cosa, porque el informe también recurrió a la jurisprudencia del TSE, específicamente a la resolución 38-96. En 1996, el Tribunal dejó clarito que, en temas electorales, ellos son los mandamases y tienen la última palabra, incluso si la sanción no implica ir preso, sino perder la credencial. ¡Más claro imposible, muchachos!
Y para colmo de males, recordemos que el mismo TSE ya le había dicho a Cisneros la semana pasada que sí, que están dentro de sus facultades solicitar el desafuero por beligerancia. De hecho, Andrei Cambronero, el vocero de la presidencia del TSE, citó un precedente de 1995 donde se alertaba al entonces Presidente Figueres Olsen por presuntas conductas similares. ¡Imagínate el antecedente, pura pólvora!
Ahora, la Comisión Especial de la Asamblea, esa que instalaron pa' analizar el expediente de desafuero contra Chaves, tendrá que ponerle atención redonda a este asunto. Ya se preparan para debatir a fondo estas implicaciones legales y políticas. El brete está servido, y la discusión promete ser más caliente que un churrito con picante.
Aunque algunos dicen que la beligerancia política no es un delito penal, sino una conducta ilícita de carácter electoral, el artículo 102 inciso 5) de la Constitución deja claro que una declaratoria de culpabilidad por beligerancia conlleva la destitución inmediata e inhabilita al responsable para ejercer cargos públicos por al menos dos años. ¡Así está escrito, no hay pierde! Ni excusas, ni cháchara... ¡a cumplir con lo que dice la ley!
Entonces, ¿creen ustedes que el TSE actuó correctamente al darle luz verde al proceso de desafuero contra el Presidente Chaves? ¿Será que estamos frente a una crisis política de proporciones épicas o simplemente a un ajuste de cuentas entre poder ejecutivo y judicial? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis panas sobre este tremendo lío!
La cosa empezó porque Cisneros, preocupada por las quince denuncias de beligerancia política que pesan sobre Chaves –y créeme, esas denuncias no son precisamente cositas menores–, hizo una consulta formal a la Asamblea. Quería estar segura de dónde estaban parados legalmente. Y los técnicos de la Asamblea, después de revisar los artículos 95 y 102 de la Constitución, así como el artículo 270 del Código Electoral, le dieron la respuesta bomba: el TSE sí puede meter presión y solicitar el desafuero.
Como bien saben los abogados y los entendidos en leyes, esto significa que el TSE tiene la potestad exclusiva para garantizar la imparcialidad electoral. Y para eso, según los expertos, pueden mover sus piezas como quieran. No hay pierde, pues, según explican en el oficio AL-DEST-CJU-093-2025, los procedimientos que realiza el Tribunal para cumplir esa función son suyos y de nadie más. ¡Ya ven, no andan jugando!
Pero ahí no termina la cosa, porque el informe también recurrió a la jurisprudencia del TSE, específicamente a la resolución 38-96. En 1996, el Tribunal dejó clarito que, en temas electorales, ellos son los mandamases y tienen la última palabra, incluso si la sanción no implica ir preso, sino perder la credencial. ¡Más claro imposible, muchachos!
Y para colmo de males, recordemos que el mismo TSE ya le había dicho a Cisneros la semana pasada que sí, que están dentro de sus facultades solicitar el desafuero por beligerancia. De hecho, Andrei Cambronero, el vocero de la presidencia del TSE, citó un precedente de 1995 donde se alertaba al entonces Presidente Figueres Olsen por presuntas conductas similares. ¡Imagínate el antecedente, pura pólvora!
Ahora, la Comisión Especial de la Asamblea, esa que instalaron pa' analizar el expediente de desafuero contra Chaves, tendrá que ponerle atención redonda a este asunto. Ya se preparan para debatir a fondo estas implicaciones legales y políticas. El brete está servido, y la discusión promete ser más caliente que un churrito con picante.
Aunque algunos dicen que la beligerancia política no es un delito penal, sino una conducta ilícita de carácter electoral, el artículo 102 inciso 5) de la Constitución deja claro que una declaratoria de culpabilidad por beligerancia conlleva la destitución inmediata e inhabilita al responsable para ejercer cargos públicos por al menos dos años. ¡Así está escrito, no hay pierde! Ni excusas, ni cháchara... ¡a cumplir con lo que dice la ley!
Entonces, ¿creen ustedes que el TSE actuó correctamente al darle luz verde al proceso de desafuero contra el Presidente Chaves? ¿Será que estamos frente a una crisis política de proporciones épicas o simplemente a un ajuste de cuentas entre poder ejecutivo y judicial? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis panas sobre este tremendo lío!
