Maes, hay noticias que a uno simplemente le revuelven el estómago, y esta es una de ellas. Pónganse en los zapatos de esta familia: tu hijo, un médico de 30 años, de un día para otro se esfuma. No contesta el cel, no llega a la casa, nada. Luego te enterás de que la policía se lo llevó cerca de su brete en Granada, Nicaragua, y desde entonces… silencio. Un silencio que grita tortura y arbitrariedad. Esa es la pesadilla que está viviendo la familia del doctor costarricense Jerry Estrada Ruiz desde el pasado 13 de agosto.
La vara es que esto no es un simple error o un malentendido. Estamos hablando de un secuestro de Estado con todas las letras, un despiche marca Ortega-Murillo. Al día de hoy, más de dos meses después, al mae no le han presentado ni un solo cargo formal. ¡Ni uno! No le han permitido hablar con un abogado, y su paradero oficial es un misterio. Su abogado aquí, Salvador Marenco, está pegando el grito al cielo exigiendo información básica, porque lo que están haciendo es desaparecerlo a la fuerza. La mamá de Jerry, que ya está exiliada, ha recibido reportes extraoficiales de que lo están torturando. ¡Qué sal! Uno se pone a pensar en la angustia de esa señora y se le hiela la sangre.
Diay, ¿y por qué se la agarraron con él? Porque Jerry no es ningún improvisado. En 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra el régimen, él fue uno de los tantos jóvenes que salió a la calle a jugársela. Era estudiante de medicina y por su activismo lo expulsaron de la universidad. Desde ese momento, el régimen le puso el ojo encima, lo asediaron y lo amenazaron hasta que la situación se volvió insostenible. Lo que está pasando ahora no es casualidad; es una factura que le están cobrando por atreverse a disentir. Él es solo uno de los, al menos, 32 casos documentados de desapariciones forzadas, aunque todos sabemos que la cifra real es mucho mayor.
Aquí es donde la cosa se pone aún más densa para nosotros. La diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, ya levantó la voz en el plenario, y con toda la razón del mundo. Dijo algo que es puro sentido común: Costa Rica y la comunidad internacional no pueden quedarse de brazos cruzados. Todo el debido proceso, los derechos humanos más básicos de Jerry, simplemente se fueron al traste. No podemos seguir con el discurso de “respeto a la soberanía” cuando al otro lado de la frontera una dictadura está secuestrando y torturando a un ciudadano nuestro. Es una línea que no se puede cruzar.
Al final, toda esta vara nos obliga a vernos en el espejo como país. Somos la democracia “pura vida”, el faro de paz de la región, pero ¿de qué sirve ese título si no somos capaces de defender con firmeza a nuestra propia gente? La vida de Jerry Estrada está en juego, y cada día que pasa en silencio es una victoria para sus captores. La presión diplomática, las denuncias internacionales y la visibilidad del caso son las únicas herramientas que nos quedan. Dejarlo solo sería una mancha imborrable para nuestra historia y nuestra supuesta autoridad moral en la región.
La vara es que esto no es un simple error o un malentendido. Estamos hablando de un secuestro de Estado con todas las letras, un despiche marca Ortega-Murillo. Al día de hoy, más de dos meses después, al mae no le han presentado ni un solo cargo formal. ¡Ni uno! No le han permitido hablar con un abogado, y su paradero oficial es un misterio. Su abogado aquí, Salvador Marenco, está pegando el grito al cielo exigiendo información básica, porque lo que están haciendo es desaparecerlo a la fuerza. La mamá de Jerry, que ya está exiliada, ha recibido reportes extraoficiales de que lo están torturando. ¡Qué sal! Uno se pone a pensar en la angustia de esa señora y se le hiela la sangre.
Diay, ¿y por qué se la agarraron con él? Porque Jerry no es ningún improvisado. En 2018, cuando estallaron las protestas masivas contra el régimen, él fue uno de los tantos jóvenes que salió a la calle a jugársela. Era estudiante de medicina y por su activismo lo expulsaron de la universidad. Desde ese momento, el régimen le puso el ojo encima, lo asediaron y lo amenazaron hasta que la situación se volvió insostenible. Lo que está pasando ahora no es casualidad; es una factura que le están cobrando por atreverse a disentir. Él es solo uno de los, al menos, 32 casos documentados de desapariciones forzadas, aunque todos sabemos que la cifra real es mucho mayor.
Aquí es donde la cosa se pone aún más densa para nosotros. La diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, ya levantó la voz en el plenario, y con toda la razón del mundo. Dijo algo que es puro sentido común: Costa Rica y la comunidad internacional no pueden quedarse de brazos cruzados. Todo el debido proceso, los derechos humanos más básicos de Jerry, simplemente se fueron al traste. No podemos seguir con el discurso de “respeto a la soberanía” cuando al otro lado de la frontera una dictadura está secuestrando y torturando a un ciudadano nuestro. Es una línea que no se puede cruzar.
Al final, toda esta vara nos obliga a vernos en el espejo como país. Somos la democracia “pura vida”, el faro de paz de la región, pero ¿de qué sirve ese título si no somos capaces de defender con firmeza a nuestra propia gente? La vida de Jerry Estrada está en juego, y cada día que pasa en silencio es una victoria para sus captores. La presión diplomática, las denuncias internacionales y la visibilidad del caso son las únicas herramientas que nos quedan. Dejarlo solo sería una mancha imborrable para nuestra historia y nuestra supuesta autoridad moral en la región.
