Maes, pónganle atención a esta vara, porque la cosa está color de hormiga. ¿Se acuerdan cuando uno salía a la calle y lo primero que veía era un mar de techos rojos? Diay, parece que esa imagen va camino a ser un recuerdo para contarle a los güilas. Según un reportaje que salió en el Extra, la famosa "fuerza roja" está en una crisis tan, pero tan brava, que para finales de este año podríamos perder más de 6.800 taxis. No, no leyeron mal. ¡Seis mil ochocientos! Eso es más de la mitad de todas las concesiones que había. Sencillamente, ¡qué despiche!
Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos a este punto? Pues la respuesta es un coctel explosivo. Por un lado, tenemos al elefante en la sala que todo el mundo conoce: las plataformas digitales. Desde que Uber, DiDi y compañía pusieron un pie aquí, el brete para los taxistas se vino en picada. Las ganancias, dicen ellos, han bajado hasta un 60%, pero los gastos siguen al 100%. A eso súmenle el garrotazo que significó la pandemia. La gente se guardó, el turismo se frenó y las calles se vaciaron. Para muchos taxistas, el negocio simplemente dejó de ser negocio y todo el plan se fue al traste.
Ahora, aquí es donde la torta se pone fea. Uno esperaría que el Gobierno metiera la cuchara, ¿verdad? Pues parece que no. Según los mismos líderes del gremio, como Rubén Vargas y Gilbert Ureña, el Gobierno se ha jalado una torta monumental. Denuncian que les prometieron regular las plataformas, que hasta redactaron un proyecto de ley juntos, pero que ese chunche lleva casi dos años agarrando polvo en la Asamblea Legislativa. Vargas fue más allá y tiró una bomba: dice que a muchos políticos no les sirve regular nada porque, supuestamente, están metidos en el negocio del transporte ilegal, alquilando carros y ganando plata por la libre. Si eso es cierto, la vara es más grave de lo que parece.
Pero mae, más allá de los números y la política, está la gente. Detrás de cada taxi rojo hay una familia que tiene que pagar la Caja, el marchamo, la gasolina y, diay, llevar el arroz y los frijoles a la casa. El reporte dice que una cuarta parte de los que están saliendo es porque simple y sencillamente no pueden seguir pagando las cargas sociales. Están ahogados. Se quedaron sin poder cambiar la unidad y sin plata para operar. El taxista de a pie está completamente salado, viendo cómo su forma de vida se desmorona mientras los de arriba, según ellos, "vuelven a ver para otro lado". Es una situación que frustra a cualquiera.
Al final, todo este despiche nos deja con una pregunta incómoda. El CTP nos vende la idea de que el transporte público regulado es un pilar de "justicia social" y "seguridad", con seguros y supervisiones que las plataformas no siempre garantizan. Y tienen un punto. Pero si ese sistema está colapsando y dejando a miles de familias en la calle, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo desaparecen los taxis? ¿O exigimos que el Gobierno se ponga las pilas y encuentre una solución justa para todos? La pregunta del millón para el foro es: ¿Dejamos que la "mano invisible del mercado" se vuele a la fuerza roja, o el Estado debería intervenir para salvar un servicio que, en teoría, es un derecho? ¿O ya es muy tarde y el taxi es una reliquia del pasado? Los leo.
Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos a este punto? Pues la respuesta es un coctel explosivo. Por un lado, tenemos al elefante en la sala que todo el mundo conoce: las plataformas digitales. Desde que Uber, DiDi y compañía pusieron un pie aquí, el brete para los taxistas se vino en picada. Las ganancias, dicen ellos, han bajado hasta un 60%, pero los gastos siguen al 100%. A eso súmenle el garrotazo que significó la pandemia. La gente se guardó, el turismo se frenó y las calles se vaciaron. Para muchos taxistas, el negocio simplemente dejó de ser negocio y todo el plan se fue al traste.
Ahora, aquí es donde la torta se pone fea. Uno esperaría que el Gobierno metiera la cuchara, ¿verdad? Pues parece que no. Según los mismos líderes del gremio, como Rubén Vargas y Gilbert Ureña, el Gobierno se ha jalado una torta monumental. Denuncian que les prometieron regular las plataformas, que hasta redactaron un proyecto de ley juntos, pero que ese chunche lleva casi dos años agarrando polvo en la Asamblea Legislativa. Vargas fue más allá y tiró una bomba: dice que a muchos políticos no les sirve regular nada porque, supuestamente, están metidos en el negocio del transporte ilegal, alquilando carros y ganando plata por la libre. Si eso es cierto, la vara es más grave de lo que parece.
Pero mae, más allá de los números y la política, está la gente. Detrás de cada taxi rojo hay una familia que tiene que pagar la Caja, el marchamo, la gasolina y, diay, llevar el arroz y los frijoles a la casa. El reporte dice que una cuarta parte de los que están saliendo es porque simple y sencillamente no pueden seguir pagando las cargas sociales. Están ahogados. Se quedaron sin poder cambiar la unidad y sin plata para operar. El taxista de a pie está completamente salado, viendo cómo su forma de vida se desmorona mientras los de arriba, según ellos, "vuelven a ver para otro lado". Es una situación que frustra a cualquiera.
Al final, todo este despiche nos deja con una pregunta incómoda. El CTP nos vende la idea de que el transporte público regulado es un pilar de "justicia social" y "seguridad", con seguros y supervisiones que las plataformas no siempre garantizan. Y tienen un punto. Pero si ese sistema está colapsando y dejando a miles de familias en la calle, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo desaparecen los taxis? ¿O exigimos que el Gobierno se ponga las pilas y encuentre una solución justa para todos? La pregunta del millón para el foro es: ¿Dejamos que la "mano invisible del mercado" se vuele a la fuerza roja, o el Estado debería intervenir para salvar un servicio que, en teoría, es un derecho? ¿O ya es muy tarde y el taxi es una reliquia del pasado? Los leo.
