¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, ¿verdad? Después de años de polémicas y de ser señalado como un ente casi invisible, el Congreso le dio luz verde al cierre del Ministerio de Gobernación y Policía. Una medida que algunos ven como un paso adelante hacia la modernización del Estado, mientras que otros ya se rascan la cabeza preguntándose qué diablos va a pasar ahora con todas esas competencias.
La verdad es que este proyecto, impulsado por el Gobierno, llevaba tiempo dando vueltas. Como bien saben nuestros lectores más atentos, la idea era reestructurar el aparato estatal, quitándole lastre a algunas áreas y agilizando procesos. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado, después de darle mil vueltas y escuchar a expertos de ambos lados, terminó aprobándolo por mayoría. Un cinco a tres que deja ver la división de opiniones al respecto. Tenemos a los oficialistas Vargas y Nájera, el socialcristiano García, el liberal Feinzaig, e incluso Olga Morera de Nueva República apoyando la iniciativa.
Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. Tres diputados decidieron levantar la voz en contra: Rocío Alfaro del Frente Amplio, Danny Vargas del PLN y Vanessa Castro del PUSC. Ellos argumentan que el proyecto aún tiene muchas lagunas y que se corre el riesgo de crear más problemas de los que soluciona. Vanessa Castro, la del PUSC, fue particularmente tajante: "No soy responsable de acelerar un proyecto sin tener claridad sobre sus alcances". ¡Con razón, ma’am!
Y es que la realidad es que el Ministerio de Gobernación, como señala el propio Feinzaig, parecía existir más en los papeles que en la práctica. Según él, "solo existe en un renglón del presupuesto nacional". Una frase que resume a la perfección la percepción generalizada sobre esta institución, la cual acumulaba críticas desde hace años por su ineficiencia y falta de impacto real en la sociedad. Pero ojo, que esto no significa que desaparezcan sus funciones; simplemente, se repartirán entre otros ministerios.
¿Y a dónde van a parar esas funciones, se preguntan? Pues atención, porque ahí es donde empieza el verdadero brete. Por ejemplo, Migración y Extranjería, junto con el Tribunal Administrativo Migratorio, pasarán a manos del Ministerio de Seguridad Pública. Mideplan se encargará de Dinadeco, mientras que la Imprenta Nacional quedará bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia. Parece sencillo en papel, pero la implementación puede ser complicada, especialmente si no se define claramente cómo se integrarán estas áreas en sus nuevas estructuras.
La diputada Olga Morera de Nueva República, aunque votó a favor del proyecto, hizo hincapié en la necesidad de construir un texto sustitutivo que garantice una transición ordenada. "Ojalá podamos construir ese texto sustitutivo y podamos lograr que lo planteado se resuelva en una mesa de trabajo y sea un texto de consenso", expresó, dejando claro que todavía queda mucho por debatir y pulir. Feinzaig, con su característica franqueza, dijo estar dispuesto a redactar ese texto, incluso sin la colaboración del gobierno, asegurando que tienen los votos necesarios para aprobarlo. ¡Así se habla, mae!
Sin embargo, la oposición sigue expresando su preocupación. Vanessa Castro insistió en que es crucial abordar temas delicados como el de la Imprenta Nacional con cautela, evitando riesgos innecesarios. Y es que la Imprenta, además de producir documentos oficiales, juega un papel importante en la preservación del patrimonio cultural del país. Desconocer su futuro podría significar un golpe duro para la identidad nacional. Ahora, el proyecto pasa al Plenario para seguir su trámite, esperando ser puesto en agenda y regresar a la comisión con mociones vía artículo 137, incluyendo ese tan necesario texto sustitutivo.
En fin, parece que estamos ante un cambio significativo en la administración pública costarricense. ¿Será este el camino correcto para modernizar el Estado o simplemente estaremos creando nuevos dolores de cabeza? Compas, díganme ustedes: ¿creen que el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía es una medida necesaria y oportuna, o deberían haber explorado otras alternativas?
La verdad es que este proyecto, impulsado por el Gobierno, llevaba tiempo dando vueltas. Como bien saben nuestros lectores más atentos, la idea era reestructurar el aparato estatal, quitándole lastre a algunas áreas y agilizando procesos. La Comisión de Modernización y Reforma del Estado, después de darle mil vueltas y escuchar a expertos de ambos lados, terminó aprobándolo por mayoría. Un cinco a tres que deja ver la división de opiniones al respecto. Tenemos a los oficialistas Vargas y Nájera, el socialcristiano García, el liberal Feinzaig, e incluso Olga Morera de Nueva República apoyando la iniciativa.
Pero claro, no todo es miel sobre hojuelas. Tres diputados decidieron levantar la voz en contra: Rocío Alfaro del Frente Amplio, Danny Vargas del PLN y Vanessa Castro del PUSC. Ellos argumentan que el proyecto aún tiene muchas lagunas y que se corre el riesgo de crear más problemas de los que soluciona. Vanessa Castro, la del PUSC, fue particularmente tajante: "No soy responsable de acelerar un proyecto sin tener claridad sobre sus alcances". ¡Con razón, ma’am!
Y es que la realidad es que el Ministerio de Gobernación, como señala el propio Feinzaig, parecía existir más en los papeles que en la práctica. Según él, "solo existe en un renglón del presupuesto nacional". Una frase que resume a la perfección la percepción generalizada sobre esta institución, la cual acumulaba críticas desde hace años por su ineficiencia y falta de impacto real en la sociedad. Pero ojo, que esto no significa que desaparezcan sus funciones; simplemente, se repartirán entre otros ministerios.
¿Y a dónde van a parar esas funciones, se preguntan? Pues atención, porque ahí es donde empieza el verdadero brete. Por ejemplo, Migración y Extranjería, junto con el Tribunal Administrativo Migratorio, pasarán a manos del Ministerio de Seguridad Pública. Mideplan se encargará de Dinadeco, mientras que la Imprenta Nacional quedará bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia. Parece sencillo en papel, pero la implementación puede ser complicada, especialmente si no se define claramente cómo se integrarán estas áreas en sus nuevas estructuras.
La diputada Olga Morera de Nueva República, aunque votó a favor del proyecto, hizo hincapié en la necesidad de construir un texto sustitutivo que garantice una transición ordenada. "Ojalá podamos construir ese texto sustitutivo y podamos lograr que lo planteado se resuelva en una mesa de trabajo y sea un texto de consenso", expresó, dejando claro que todavía queda mucho por debatir y pulir. Feinzaig, con su característica franqueza, dijo estar dispuesto a redactar ese texto, incluso sin la colaboración del gobierno, asegurando que tienen los votos necesarios para aprobarlo. ¡Así se habla, mae!
Sin embargo, la oposición sigue expresando su preocupación. Vanessa Castro insistió en que es crucial abordar temas delicados como el de la Imprenta Nacional con cautela, evitando riesgos innecesarios. Y es que la Imprenta, además de producir documentos oficiales, juega un papel importante en la preservación del patrimonio cultural del país. Desconocer su futuro podría significar un golpe duro para la identidad nacional. Ahora, el proyecto pasa al Plenario para seguir su trámite, esperando ser puesto en agenda y regresar a la comisión con mociones vía artículo 137, incluyendo ese tan necesario texto sustitutivo.
En fin, parece que estamos ante un cambio significativo en la administración pública costarricense. ¿Será este el camino correcto para modernizar el Estado o simplemente estaremos creando nuevos dolores de cabeza? Compas, díganme ustedes: ¿creen que el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía es una medida necesaria y oportuna, o deberían haber explorado otras alternativas?
