¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, amigos del Foro. Resulta que el Ministro Rudolf Lücke, con toda la calma del mundo, le ha metido el freno de mano a la transferencia de ¢8.688 millones al Poder Judicial. Dinero que ya estaba presupuestado, ¿eh? No es que quieran invertirlo en algo bueno, parece. Ya les cayó la fama de apretarle el bolsillo a quien necesita trabajar por nuestra seguridad.
La jugada, según explican desde Hacienda, es que el dinero se bajó de las partidas destinadas al pago de intereses de la deuda pública. ¡Pero dígame!, ¿cómo justificar que la seguridad del país pasa a segundo plano cuando estamos viendo cómo la delincuencia se mete hasta en las casas de nuestros abuelos? Parece que hay prioridades bastante raras por ahí arriba, mi pana.
Orlando Aguirre, el Presidente de la Corte Suprema, ya le mandó un mensaje al Ministro Lücke, diciéndole claro: esto es un problema serio. Principalmente porque afectará al OIJ y al Ministerio Público, que andaban con la guardia en alto intentando darle pelea al hampa. Imaginen la torta que puede salir de esto, güevos.
Y no es cualquier plata, gente. Estos ¢8.688 millones eran para contratar 176 nuevos policías judiciales y 99 fiscales. Además, para pagar arriendos y comprar vehículos. El OIJ, en particular, iba a fortalecer sus delegaciones en zonas clave como La Cruz, Tamarindo, Cabo Velas y Puerto Jiménez. ¡Zonas donde los maleantes andan como reyes! Que ni se diga que no sabíamos que esos lugares necesitaban refuerzos.
Michael Soto, el director interino del OIJ, expresó su preocupación (con razón). Espera que las cosas cambien, que el gobierno entienda que estos recursos son vitales para seguir combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado. Pero ya saben, con este gobierno... uno nunca sabe qué esperar. Espero que no nos agarre perrengue.
Carlo Díaz, el Fiscal General, también salió a defender la necesidad de estos fondos. Dice que la falta de personal está complicando los procesos legales, generando demoras y poniendo en riesgo que los criminales queden libres. ¡Una verdadera pena! Porque mientras tanto, los delincuentes siguen haciendo de las suyas y la ciudadanía anda asustada en su propia casa. El brete está duro, diay.
Lo peor de todo es que esto no es algo nuevo. Desde el año pasado, el gobierno se ha negado a entregar recursos al OIJ y a la Fiscalía. Ahora, con esta maniobra, quieren disfrazarlo como una medida necesaria. Pero los diputados vieron la jugada y lograron reasignar fondos en el presupuesto de este año. ¡Bien hecho, congreso! Aunque todavía queda ver si realmente los van a hacer llegar a quienes los necesitan.
Entonces, amigos del Foro, la pregunta es la siguiente: ¿Este congelamiento de fondos es simplemente un ajuste económico, o estamos presenciando un ataque directo a la seguridad y la justicia en nuestro país? ¿Creen que el gobierno va a cambiar de opinión o deberemos prepararnos para vivir con menos protección?
La jugada, según explican desde Hacienda, es que el dinero se bajó de las partidas destinadas al pago de intereses de la deuda pública. ¡Pero dígame!, ¿cómo justificar que la seguridad del país pasa a segundo plano cuando estamos viendo cómo la delincuencia se mete hasta en las casas de nuestros abuelos? Parece que hay prioridades bastante raras por ahí arriba, mi pana.
Orlando Aguirre, el Presidente de la Corte Suprema, ya le mandó un mensaje al Ministro Lücke, diciéndole claro: esto es un problema serio. Principalmente porque afectará al OIJ y al Ministerio Público, que andaban con la guardia en alto intentando darle pelea al hampa. Imaginen la torta que puede salir de esto, güevos.
Y no es cualquier plata, gente. Estos ¢8.688 millones eran para contratar 176 nuevos policías judiciales y 99 fiscales. Además, para pagar arriendos y comprar vehículos. El OIJ, en particular, iba a fortalecer sus delegaciones en zonas clave como La Cruz, Tamarindo, Cabo Velas y Puerto Jiménez. ¡Zonas donde los maleantes andan como reyes! Que ni se diga que no sabíamos que esos lugares necesitaban refuerzos.
Michael Soto, el director interino del OIJ, expresó su preocupación (con razón). Espera que las cosas cambien, que el gobierno entienda que estos recursos son vitales para seguir combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado. Pero ya saben, con este gobierno... uno nunca sabe qué esperar. Espero que no nos agarre perrengue.
Carlo Díaz, el Fiscal General, también salió a defender la necesidad de estos fondos. Dice que la falta de personal está complicando los procesos legales, generando demoras y poniendo en riesgo que los criminales queden libres. ¡Una verdadera pena! Porque mientras tanto, los delincuentes siguen haciendo de las suyas y la ciudadanía anda asustada en su propia casa. El brete está duro, diay.
Lo peor de todo es que esto no es algo nuevo. Desde el año pasado, el gobierno se ha negado a entregar recursos al OIJ y a la Fiscalía. Ahora, con esta maniobra, quieren disfrazarlo como una medida necesaria. Pero los diputados vieron la jugada y lograron reasignar fondos en el presupuesto de este año. ¡Bien hecho, congreso! Aunque todavía queda ver si realmente los van a hacer llegar a quienes los necesitan.
Entonces, amigos del Foro, la pregunta es la siguiente: ¿Este congelamiento de fondos es simplemente un ajuste económico, o estamos presenciando un ataque directo a la seguridad y la justicia en nuestro país? ¿Creen que el gobierno va a cambiar de opinión o deberemos prepararnos para vivir con menos protección?
