¡Ay, Dios mío! Ya parece que el caso Aldesa va a tener la edad de mi abuela. A ver, pa' los que andan distraídos, se trata de una estafa descomunal, más de 300 palos verdes desaparecidos, dejando a cientos de inversionistas con las manos vacías. Pero lo bueno, o lo malo según cómo le vea uno, es que el proceso judicial anda más lento que perezoso caminando cuesta arriba.
Ya van casi siete años desde que se encendieron las alarmitas, y el expediente sigue dando vueltas como pollo perdido. Imagínate, el tipo de papeleo que esto tiene, debe pesar más que una vaca entera. Dicen que el problema son las agendas cruzadas de los abogados, tanto los que defienden a los imputados como los que representan a las víctimas. ¡Un verdadero choque de calendarios!
Flora Fernández Amón, que representa a un grupo importante de los afectados, está sacando espuma por la boca. Lo dice bien claro: si siguen así, los imputados van a terminar siendo ancianitos demenciales, y luego, ¿quién va a pagar? ¡Justicia tardía es justicia negada, dicen por ahí! Pide que aceleren el paso, que busquen soluciones, aunque sea cambiar de abogado o separar casos, como hicieron en el tema de La Trocha. Pa’ eso sí, movieron el avispero rápido.
Entre los nombres que aparecen en la lista de sospechosos tenemos a los Chaves Bolaños, Luis Mesalles, Mario Montealegre, Eduardo Ulibarri, Carlos Oreamuno, Lanzo Luconi y Diego Artiñano. Todos ustedes ya saben, con la edad suficiente para estar disfrutando de la jubilación, y no precisamente pasando penas en la cárcel. ¡Eso da qué pensar, eh! Unos tranquilos tomando café, mientras otros sufriendo las consecuencias de sus acciones.
Ahora, la Fiscal General, Carlo Díaz, no oculta su frustración. Dice que invirtieron hartas pelas del Estado en este caso, que tenían todo preparado para la audiencia preliminar, y de repente... ¡zas!, la suspenden. Advierte que si no le ponen lomo al asunto, el caso puede irse al garete, y todo el esfuerzo sería para nada. Eso sí que estaría feo.
El Poder Judicial, con su labia característica, justifica la demora diciendo que es culpa de terceros, que no pueden hacer milagros y conciliar las agendas de todos. Pero Flora Fernández los acusa de charlatanería judicial, de saber que había un lío y no prevenirlo. Según ella, esto ya suma siete años de impunidad, con gente perdiendo las esperanzas y algunos hasta falleciendo sin recuperar su plata. ¡Una verdadera tragedia!
La verdad, es que la situación es deprimente. Ves a personas que perdieron sus ahorros de toda la vida, viendo cómo los responsables se pasean con total libertad. Y mientras tanto, la burocracia se enrolla más que un rollo de papel higiénico. Parece que en Costa Rica, la paciencia es un valor fundamental, porque pa’ conseguir justicia hay que tenerla a montones.
Entonces, te pregunto, compa: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los procesos judiciales se alarguen indefinidamente, dejando a las víctimas a la deriva? ¿Será que necesitamos una reforma radical del sistema judicial para garantizar una justicia más rápida y eficiente, o nos resignaremos a aceptar que la lentitud es parte del juego?
Ya van casi siete años desde que se encendieron las alarmitas, y el expediente sigue dando vueltas como pollo perdido. Imagínate, el tipo de papeleo que esto tiene, debe pesar más que una vaca entera. Dicen que el problema son las agendas cruzadas de los abogados, tanto los que defienden a los imputados como los que representan a las víctimas. ¡Un verdadero choque de calendarios!
Flora Fernández Amón, que representa a un grupo importante de los afectados, está sacando espuma por la boca. Lo dice bien claro: si siguen así, los imputados van a terminar siendo ancianitos demenciales, y luego, ¿quién va a pagar? ¡Justicia tardía es justicia negada, dicen por ahí! Pide que aceleren el paso, que busquen soluciones, aunque sea cambiar de abogado o separar casos, como hicieron en el tema de La Trocha. Pa’ eso sí, movieron el avispero rápido.
Entre los nombres que aparecen en la lista de sospechosos tenemos a los Chaves Bolaños, Luis Mesalles, Mario Montealegre, Eduardo Ulibarri, Carlos Oreamuno, Lanzo Luconi y Diego Artiñano. Todos ustedes ya saben, con la edad suficiente para estar disfrutando de la jubilación, y no precisamente pasando penas en la cárcel. ¡Eso da qué pensar, eh! Unos tranquilos tomando café, mientras otros sufriendo las consecuencias de sus acciones.
Ahora, la Fiscal General, Carlo Díaz, no oculta su frustración. Dice que invirtieron hartas pelas del Estado en este caso, que tenían todo preparado para la audiencia preliminar, y de repente... ¡zas!, la suspenden. Advierte que si no le ponen lomo al asunto, el caso puede irse al garete, y todo el esfuerzo sería para nada. Eso sí que estaría feo.
El Poder Judicial, con su labia característica, justifica la demora diciendo que es culpa de terceros, que no pueden hacer milagros y conciliar las agendas de todos. Pero Flora Fernández los acusa de charlatanería judicial, de saber que había un lío y no prevenirlo. Según ella, esto ya suma siete años de impunidad, con gente perdiendo las esperanzas y algunos hasta falleciendo sin recuperar su plata. ¡Una verdadera tragedia!
La verdad, es que la situación es deprimente. Ves a personas que perdieron sus ahorros de toda la vida, viendo cómo los responsables se pasean con total libertad. Y mientras tanto, la burocracia se enrolla más que un rollo de papel higiénico. Parece que en Costa Rica, la paciencia es un valor fundamental, porque pa’ conseguir justicia hay que tenerla a montones.
Entonces, te pregunto, compa: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los procesos judiciales se alarguen indefinidamente, dejando a las víctimas a la deriva? ¿Será que necesitamos una reforma radical del sistema judicial para garantizar una justicia más rápida y eficiente, o nos resignaremos a aceptar que la lentitud es parte del juego?
