¡Manito arriba si tú o algún familiar han tenido que lidiar con esto! Después de meses de penurias y protestas, la Junta Directiva de la CCSS finalmente dio luz verde al segundo presupuesto extraordinario de 2025, lo que significa que vuelven las licencias de cuidado para pacientes en fase terminal y niños gravemente enfermos. ¡Qué alivio para tantas familias que estaban desesperadas!
Como saben, la bronca comenzó en agosto pasado cuando la Caja anunció que se le acababan los fondos para costear estas licencias, dejando varada a muchísimas personas que necesitan estar al lado de sus seres queridos en esos momentos tan difíciles. Hubo marchas, protestas frente a Piedades… hasta el Presidente tuvo que reunirse con algunos afectados. Un verdadero despache, la verdad.
El ajuste presupuestario asciende a unos ¢50.458 millones, dineros que vienen del tercer presupuesto extraordinario de la República, aprobado en octubre. De eso, ¡le van a meter ¢2.700 millones directo a las licencias! El resto se va a destinarlos a pagar pensiones y aguinaldos del Régimen No Contributivo (RNC) y otras obligaciones del IVM. Mónica Taylor, la presidenta de la CCSS, soltó un comunicado diciendo que esto es “vital” para mantener estos pagos. Ya nos imaginamos la alegría de la gente.
Pero esperen, que todavía queda un resquicio. La jugada de la CCSS se da en medio de una polémicota política, porque algunos dicen que el uso de estos fondos no es precisamente legal. El Presidente Chaves dice que con aprobar el presupuesto en la Caja, ya está todo listo. Pero Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, advierte que la Contraloría podría echarles una piedra al jardín, argumentando que no tienen base legal para sacar la plata de otro lado.
¿Y dónde viene el problema? Pues mira, la Ley 7756 autoriza usar solamente un 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para estas licencias. Pero ahora, los recursos provienen directamente del Presupuesto Nacional. Según el mismo ministro de Trabajo, para ir más allá del 0,5% de FODESAF, era necesaria una reforma a la ley. ¡Qué vara!, parece que andan buscando apagar el fuego con gasolina.
Para complicar aún más la cosa, existe un proyecto de ley – el 25.240 – que sí formaliza esa ampliación del financiamiento. Este proyecto ya pasó por el Congreso con unánimidad en primer debate, pero ahora necesita que el Poder Ejecutivo lo convoque para el segundo debate. Si no, la Contraloría tendrá todos los argumentos del mundo para decir que no. La junta directiva ya mandó a la gerencia financiera a ponerle pila al asunto y enviar todo rápido a la Contraloría para que les den luz verde antes de que termine el año. ¡Esperemos que no se vayan al traste!
Hablemos de números, pa’ que tengan una idea clara de cómo se repartirá el pastel. Al Seguro de Salud le van a meter ¢2.742,5 millones, casi todo destinado a esas licencias. Luego, al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) le tocan ¢36.161,6 millones para pagar pensiones; y al Régimen No Contributivo (RNC) le caen ¢11.554,7 millones para asegurar el pago de pensiones y aguinaldos a cerca de 150 mil beneficiarios. Gustavo Picado, el gerente financiero, asegura que con esto pueden “asegurar los recursos suficientes para cubrir las prestaciones económicas de dos poblaciones altamente vulnerables”. Eso espero, mae.
En fin, aunque esto es una gran noticia para miles de familias, la incertidumbre sigue ahí. Con toda esta movida legal, ¿creen que realmente la Contraloría permitirá que la CCSS siga pagando estas licencias sin problemas? ¿O estamos ante una nueva batalla entre el gobierno y la Contraloría?
Como saben, la bronca comenzó en agosto pasado cuando la Caja anunció que se le acababan los fondos para costear estas licencias, dejando varada a muchísimas personas que necesitan estar al lado de sus seres queridos en esos momentos tan difíciles. Hubo marchas, protestas frente a Piedades… hasta el Presidente tuvo que reunirse con algunos afectados. Un verdadero despache, la verdad.
El ajuste presupuestario asciende a unos ¢50.458 millones, dineros que vienen del tercer presupuesto extraordinario de la República, aprobado en octubre. De eso, ¡le van a meter ¢2.700 millones directo a las licencias! El resto se va a destinarlos a pagar pensiones y aguinaldos del Régimen No Contributivo (RNC) y otras obligaciones del IVM. Mónica Taylor, la presidenta de la CCSS, soltó un comunicado diciendo que esto es “vital” para mantener estos pagos. Ya nos imaginamos la alegría de la gente.
Pero esperen, que todavía queda un resquicio. La jugada de la CCSS se da en medio de una polémicota política, porque algunos dicen que el uso de estos fondos no es precisamente legal. El Presidente Chaves dice que con aprobar el presupuesto en la Caja, ya está todo listo. Pero Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, advierte que la Contraloría podría echarles una piedra al jardín, argumentando que no tienen base legal para sacar la plata de otro lado.
¿Y dónde viene el problema? Pues mira, la Ley 7756 autoriza usar solamente un 0,5% del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para estas licencias. Pero ahora, los recursos provienen directamente del Presupuesto Nacional. Según el mismo ministro de Trabajo, para ir más allá del 0,5% de FODESAF, era necesaria una reforma a la ley. ¡Qué vara!, parece que andan buscando apagar el fuego con gasolina.
Para complicar aún más la cosa, existe un proyecto de ley – el 25.240 – que sí formaliza esa ampliación del financiamiento. Este proyecto ya pasó por el Congreso con unánimidad en primer debate, pero ahora necesita que el Poder Ejecutivo lo convoque para el segundo debate. Si no, la Contraloría tendrá todos los argumentos del mundo para decir que no. La junta directiva ya mandó a la gerencia financiera a ponerle pila al asunto y enviar todo rápido a la Contraloría para que les den luz verde antes de que termine el año. ¡Esperemos que no se vayan al traste!
Hablemos de números, pa’ que tengan una idea clara de cómo se repartirá el pastel. Al Seguro de Salud le van a meter ¢2.742,5 millones, casi todo destinado a esas licencias. Luego, al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) le tocan ¢36.161,6 millones para pagar pensiones; y al Régimen No Contributivo (RNC) le caen ¢11.554,7 millones para asegurar el pago de pensiones y aguinaldos a cerca de 150 mil beneficiarios. Gustavo Picado, el gerente financiero, asegura que con esto pueden “asegurar los recursos suficientes para cubrir las prestaciones económicas de dos poblaciones altamente vulnerables”. Eso espero, mae.
En fin, aunque esto es una gran noticia para miles de familias, la incertidumbre sigue ahí. Con toda esta movida legal, ¿creen que realmente la Contraloría permitirá que la CCSS siga pagando estas licencias sin problemas? ¿O estamos ante una nueva batalla entre el gobierno y la Contraloría?
