¡Qué alivio, pura vida! Después de un buen arrastre legal, la Contraloría General de la República finalmente dio luz verde a la transferencia de ¢2.700 millones destinados a pagar las aguardadas licencias de cuidado. Esto significa que familias que han estado batallando cuidando a sus seres queridos enfermos o niños gravemente enfermos van a poder respirar un poquito más tranquilos.
La movida se remonta a la Ley 7756, una vara que desde 1998 reconoce el derecho de los trabajadores a ausentarse del trabajo para atender a familiares en situaciones delicadas como estas. La ley establece que los empleadores deben garantizar estos permisos y la CCSS tiene la obligación de cubrir los subsidios correspondientes, pero bueno… ya saben cómo andamos con los trámites burocráticos. El tema ha sido un verdadero brete para muchas familias, que se han visto entre la espada y la pared: cuidar a sus allegados o perder su sustento.
Esta vez, la Contraloría cedió ante las presiones, respaldándose en dos resoluciones recientes de la Sala Constitucional – ¡esas sí que son carga! – que prácticamente le obligaron a aprobar los fondos. Parece que la jueza mandó el mensaje claro: “Esto tiene carácter constitucional, no pueden meterle más palo”. Estas resoluciones consideraron que retrasar los pagos de estos subsidios era inaceptable, dado el impacto directo en el bienestar de las familias costarricenses. Vamos, que no podían seguir jugando con la salud y estabilidad de la gente.
Los dineros provienen del FODESAF, esos chuches que todos pagamos con nuestros impuestos, y ahora nos sirven para apoyar a quienes más lo necesitan. La CCSS será la encargada de administrar estos recursos, aunque la Contraloría dejó clarito que su rol se limita a aprobar el presupuesto; ellos no se meten en los detalles de quién recibe qué. Es como decir, “nosotros damos el machete, ustedes cortan la caña.”
Pero espere, que hay más. Este presupuesto extraordinario, además de las licencias de cuidado, incluye otras partidas interesantes. Por ejemplo, se destinan ¢10.832 millones para ayudar a los trabajadores independientes y los convenios especiales de la CCSS, una buena noticia para muchos emprendedores que siempre andan con la incertidumbre hasta el cuello. También se asignan ¢25.329 millones para amortizar deudas del Estado con los regímenes de pensiones – un tema que da escalofríos a cualquiera que esté pensando en jubilarse – y otros ¢10.054 millones para pensiones de adultos mayores en situación de pobreza, una iniciativa que definitivamente necesita más apoyo.
Ahora, hablemos del cálculo del subsidio. Para aquellos que ganan hasta dos salarios base (que este año son ¢462.200), reciben el 100% de su salario promedio de los últimos tres meses. Si ganan entre dos y tres salarios base, se les cubre el 80%, y si ganan más de tres, el subsidio llega al 60%. Un sistema que busca proteger a los que menos tienen, aunque algunos dirían que podría mejorar aún más.
Este tema, sin lugar a dudas, abre un debate importante sobre la necesidad de fortalecer la protección social en Costa Rica. Con tantas crisis económicas y tantos desafíos, es fundamental asegurar que las familias tengan acceso a los apoyos que necesitan para enfrentar momentos difíciles. Además, este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia judicial y del control ciudadano sobre el gasto público; porque si no, ¡qué torta nos podemos encontrar!
Y hablando de eso, me pregunto... ¿Crees que este gesto de la Contraloría es un cambio genuino de actitud hacia la protección de los derechos sociales, o simplemente una reacción forzada ante la presión de la Sala Constitucional? Déjanos tus opiniones en el foro y veamos qué piensa el pueblo:
La movida se remonta a la Ley 7756, una vara que desde 1998 reconoce el derecho de los trabajadores a ausentarse del trabajo para atender a familiares en situaciones delicadas como estas. La ley establece que los empleadores deben garantizar estos permisos y la CCSS tiene la obligación de cubrir los subsidios correspondientes, pero bueno… ya saben cómo andamos con los trámites burocráticos. El tema ha sido un verdadero brete para muchas familias, que se han visto entre la espada y la pared: cuidar a sus allegados o perder su sustento.
Esta vez, la Contraloría cedió ante las presiones, respaldándose en dos resoluciones recientes de la Sala Constitucional – ¡esas sí que son carga! – que prácticamente le obligaron a aprobar los fondos. Parece que la jueza mandó el mensaje claro: “Esto tiene carácter constitucional, no pueden meterle más palo”. Estas resoluciones consideraron que retrasar los pagos de estos subsidios era inaceptable, dado el impacto directo en el bienestar de las familias costarricenses. Vamos, que no podían seguir jugando con la salud y estabilidad de la gente.
Los dineros provienen del FODESAF, esos chuches que todos pagamos con nuestros impuestos, y ahora nos sirven para apoyar a quienes más lo necesitan. La CCSS será la encargada de administrar estos recursos, aunque la Contraloría dejó clarito que su rol se limita a aprobar el presupuesto; ellos no se meten en los detalles de quién recibe qué. Es como decir, “nosotros damos el machete, ustedes cortan la caña.”
Pero espere, que hay más. Este presupuesto extraordinario, además de las licencias de cuidado, incluye otras partidas interesantes. Por ejemplo, se destinan ¢10.832 millones para ayudar a los trabajadores independientes y los convenios especiales de la CCSS, una buena noticia para muchos emprendedores que siempre andan con la incertidumbre hasta el cuello. También se asignan ¢25.329 millones para amortizar deudas del Estado con los regímenes de pensiones – un tema que da escalofríos a cualquiera que esté pensando en jubilarse – y otros ¢10.054 millones para pensiones de adultos mayores en situación de pobreza, una iniciativa que definitivamente necesita más apoyo.
Ahora, hablemos del cálculo del subsidio. Para aquellos que ganan hasta dos salarios base (que este año son ¢462.200), reciben el 100% de su salario promedio de los últimos tres meses. Si ganan entre dos y tres salarios base, se les cubre el 80%, y si ganan más de tres, el subsidio llega al 60%. Un sistema que busca proteger a los que menos tienen, aunque algunos dirían que podría mejorar aún más.
Este tema, sin lugar a dudas, abre un debate importante sobre la necesidad de fortalecer la protección social en Costa Rica. Con tantas crisis económicas y tantos desafíos, es fundamental asegurar que las familias tengan acceso a los apoyos que necesitan para enfrentar momentos difíciles. Además, este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia judicial y del control ciudadano sobre el gasto público; porque si no, ¡qué torta nos podemos encontrar!
Y hablando de eso, me pregunto... ¿Crees que este gesto de la Contraloría es un cambio genuino de actitud hacia la protección de los derechos sociales, o simplemente una reacción forzada ante la presión de la Sala Constitucional? Déjanos tus opiniones en el foro y veamos qué piensa el pueblo:
