¡Ay, Dios mío! Esto del BCR y la SAFI no tiene fin, ¿eh? Resulta que ayer mismo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), con el apoyo del OIJ, le metió mano a las casas de Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, ambos exjerentes del Banco de Costa Rica. Parece que el caso de las compras infladas sigue dando de qué hablar, y ahora toca removerle hasta la arena a los que estaban involucrados.
Todo esto viene de una investigación que ya arrastra tiempo, enfocada en cómo la SAFI compró unas nueve propiedades a una sociedad anónima ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales. Se habla de unos $92 millones de sobreprecio en esas tierras, una cifra que pone los pelos de punta a cualquiera. Imagínate, casi cien millones perdidos por culpa de malas decisiones y, posiblemente, de corrupción. ¡Qué barbaridad!
Ahora bien, Bolaños y Camacho están siendo señalados de haber destruido equipos del BCR donde había información vital sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Ese negocio, como muchos recuerdan, levantó ampollas desde el principio, porque los precios eran exagerados y nadie entendía cómo se justificaban. Según un informe de la Fiscalía, estos señores recibieron la instrucción para borrar los discos duros, incluso antes de pedir un respaldo de la información. ¡Se ve que iban apurados por deshacerse de pruebas!
Lo curioso es que según declaraciones juradas, la solicitud de destrucción se hizo justo el día en que ambos renunciaron al BCR, el 19 de junio de 2023. Una coincidencia muy sospechosa, ¿verdad? La Unidad de Investigaciones del BCR vio venir el arroz con pollo hace rato y recomendó al Ministerio Público que abriera una causa penal por incumplimiento de deberes, pero parece que las cosas tardaron en moverse. De hecho, la Fiscalía Adjunta sólo se enteró de la desaparición de los archivos cuatro días después, ¡imagínate el relajo!
Y ni hablar de la junta directiva, que recibió el informe el 27 de febrero de 2024 y lo pasó al Ministerio Público como si fuera un trámite más. Lo cierto es que la causa está contra “ignorados”, es decir, todavía no han identificado a todos los responsables. Pero la cosa pinta fea, porque la Superintendencia General de Valores ya tiene procesos disciplinarios y regulatorios abiertos contra varios involucrados. A ver quién sale ileso de este brete.
Además, la investigación se extiende a otras inversiones hechas por la SAFI, tanto dentro como fuera del país. Están revisando contratos, permisos de construcción… buscando cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre estas operaciones turbias. La Fiscalía ha realizado varios allanamientos, incluyendo el edificio CTIC del BCR y las oficinas de la SAFI en Torre Cordillera. Quieren ubicar toda la evidencia posible, así que no van a dejar piedra sin mover. ¡Y vaya que hay bastante por buscar!
Este caso nos demuestra una vez más que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier institución pública. Cuando los recursos de los ciudadanos se manejan de forma irresponsable, se abre la puerta a la corrupción y al abuso de poder. ¡Es hora de ponerle un alto a estas prácticas y exigir que quienes cometieron estos actos rindan cuentas ante la justicia!
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Crees que las autoridades realmente podrán llegar al fondo de este escándalo y recuperar aunque sea una parte del dinero perdido? ¿O este caso terminará como tantos otros, archivado sin consecuencias para los culpables?
Todo esto viene de una investigación que ya arrastra tiempo, enfocada en cómo la SAFI compró unas nueve propiedades a una sociedad anónima ligada al exdiputado Humberto Vargas Corrales. Se habla de unos $92 millones de sobreprecio en esas tierras, una cifra que pone los pelos de punta a cualquiera. Imagínate, casi cien millones perdidos por culpa de malas decisiones y, posiblemente, de corrupción. ¡Qué barbaridad!
Ahora bien, Bolaños y Camacho están siendo señalados de haber destruido equipos del BCR donde había información vital sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP). Ese negocio, como muchos recuerdan, levantó ampollas desde el principio, porque los precios eran exagerados y nadie entendía cómo se justificaban. Según un informe de la Fiscalía, estos señores recibieron la instrucción para borrar los discos duros, incluso antes de pedir un respaldo de la información. ¡Se ve que iban apurados por deshacerse de pruebas!
Lo curioso es que según declaraciones juradas, la solicitud de destrucción se hizo justo el día en que ambos renunciaron al BCR, el 19 de junio de 2023. Una coincidencia muy sospechosa, ¿verdad? La Unidad de Investigaciones del BCR vio venir el arroz con pollo hace rato y recomendó al Ministerio Público que abriera una causa penal por incumplimiento de deberes, pero parece que las cosas tardaron en moverse. De hecho, la Fiscalía Adjunta sólo se enteró de la desaparición de los archivos cuatro días después, ¡imagínate el relajo!
Y ni hablar de la junta directiva, que recibió el informe el 27 de febrero de 2024 y lo pasó al Ministerio Público como si fuera un trámite más. Lo cierto es que la causa está contra “ignorados”, es decir, todavía no han identificado a todos los responsables. Pero la cosa pinta fea, porque la Superintendencia General de Valores ya tiene procesos disciplinarios y regulatorios abiertos contra varios involucrados. A ver quién sale ileso de este brete.
Además, la investigación se extiende a otras inversiones hechas por la SAFI, tanto dentro como fuera del país. Están revisando contratos, permisos de construcción… buscando cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre estas operaciones turbias. La Fiscalía ha realizado varios allanamientos, incluyendo el edificio CTIC del BCR y las oficinas de la SAFI en Torre Cordillera. Quieren ubicar toda la evidencia posible, así que no van a dejar piedra sin mover. ¡Y vaya que hay bastante por buscar!
Este caso nos demuestra una vez más que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier institución pública. Cuando los recursos de los ciudadanos se manejan de forma irresponsable, se abre la puerta a la corrupción y al abuso de poder. ¡Es hora de ponerle un alto a estas prácticas y exigir que quienes cometieron estos actos rindan cuentas ante la justicia!
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Crees que las autoridades realmente podrán llegar al fondo de este escándalo y recuperar aunque sea una parte del dinero perdido? ¿O este caso terminará como tantos otros, archivado sin consecuencias para los culpables?
