Maes, hablemos de una vara que se las trae y que tiene a medio mundo con los pelos de punta, para bien o para mal. Resulta que nuestros queridísimos diputados decidieron jugar a la reelección de la ley y le pasaron por encima al veto del presi. ¿El resultado? El OIJ y el resto de los cuerpos policiales ahora tienen permiso para meterse a su choza a las 3 de la mañana de un domingo o en pleno 25 de diciembre si un juez les da luz verde. Se acabó aquello de que los malos tenían horario de oficina para sentirse seguros. Ahora el brete de la ley no duerme, literalmente.
Diay, y uno escucha a Randall Zúñiga, el director del OIJ, y la verdad es que el mae vende la idea con una seguridad que casi convence. Él dice que esto es “un paso muy importante”, que les quita una camisa de fuerza y que ahora sí van a poder actuar con más flexibilidad contra el crimen organizado. Básicamente, la lógica es que los delincuentes no respetan feriados ni horarios, entonces, ¿por qué la policía debería hacerlo? Le dieron al OIJ una herramienta que, para ser honestos, es un carga en la lucha contra la criminalidad. Eliminar esos "espacios seguros" suena, en papel, como una jugada maestra para arrinconar a los que nos tienen hartos con tanta inseguridad.
Pero aquí es donde la vara se pone interesante y, si me preguntan, un poco peluda. Zúñiga habla de “privilegiar el bien común”, y esa frase siempre me genera un cortocircuito. Porque el “bien común” es un concepto lindísimo hasta que choca con los derechos individuales. Una cosa es que agarren al narco del barrio a las 4 de la mañana mientras duerme con los millones debajo del colchón, y otra muy distinta es que, por un error de dirección o un pitazo mal dado, el que se despierte con diez maes armados tumbándole la puerta sea usted, su tata o su abuelita. La garantía de que todo será “bajo la supervisión de un juez” suena bien, pero en la práctica, todos sabemos que en este país a veces las cosas se van al traste por errores humanos.
Imagínese usted, mae, el escenario. Son las 2:30 a.m. y usted está en el quinto sueño después de un día matado en el brete. De pronto, un estruendo lo levanta y lo que ve son sombras con chalecos antibalas y armas largas revisando hasta el chunche más insignificante de su casa. Y después de una hora de caos, de tenerlo a usted y a su familia contra la pared, se dan cuenta de que se equivocaron de casa. “Disculpe las molestias, fue un error en el sistema”. ¡Qué despiche! Ahí no hay “bien común” que valga el susto y el trauma. Ese es el miedo, que en la carrera por mostrar resultados y mano dura, la precisión y el respeto por el ciudadano inocente queden en un segundo plano.
Al final, creo que todos estamos de acuerdo en que la situación de seguridad del país es insostenible y se necesitan medidas drásticas. Nadie quiere que los delincuentes se sientan a cachete en sus casas. La pregunta del millón no es si la herramienta es poderosa, porque lo es. La pregunta es si la institucionalidad tica está realmente preparada para manejar un poder tan grande sin que se le vaya de las manos. Es un equilibrio súper delicado entre darle dientes a la ley y proteger a la gente buena. Por un lado, tenemos la promesa de más efectividad; por el otro, el fantasma del abuso de poder. Es una apuesta alta, y solo el tiempo dirá si nos jalamos una torta o si fue la decisión correcta.
Y ahora se las tiro a ustedes, maes del foro: ¿Creen que esto es un mal necesario y que ya era hora de ponerse serios, o estamos abriendo una puerta que después va a ser muy difícil de cerrar? ¿Confían en el sistema para que no se den abusos? Los leo.
Diay, y uno escucha a Randall Zúñiga, el director del OIJ, y la verdad es que el mae vende la idea con una seguridad que casi convence. Él dice que esto es “un paso muy importante”, que les quita una camisa de fuerza y que ahora sí van a poder actuar con más flexibilidad contra el crimen organizado. Básicamente, la lógica es que los delincuentes no respetan feriados ni horarios, entonces, ¿por qué la policía debería hacerlo? Le dieron al OIJ una herramienta que, para ser honestos, es un carga en la lucha contra la criminalidad. Eliminar esos "espacios seguros" suena, en papel, como una jugada maestra para arrinconar a los que nos tienen hartos con tanta inseguridad.
Pero aquí es donde la vara se pone interesante y, si me preguntan, un poco peluda. Zúñiga habla de “privilegiar el bien común”, y esa frase siempre me genera un cortocircuito. Porque el “bien común” es un concepto lindísimo hasta que choca con los derechos individuales. Una cosa es que agarren al narco del barrio a las 4 de la mañana mientras duerme con los millones debajo del colchón, y otra muy distinta es que, por un error de dirección o un pitazo mal dado, el que se despierte con diez maes armados tumbándole la puerta sea usted, su tata o su abuelita. La garantía de que todo será “bajo la supervisión de un juez” suena bien, pero en la práctica, todos sabemos que en este país a veces las cosas se van al traste por errores humanos.
Imagínese usted, mae, el escenario. Son las 2:30 a.m. y usted está en el quinto sueño después de un día matado en el brete. De pronto, un estruendo lo levanta y lo que ve son sombras con chalecos antibalas y armas largas revisando hasta el chunche más insignificante de su casa. Y después de una hora de caos, de tenerlo a usted y a su familia contra la pared, se dan cuenta de que se equivocaron de casa. “Disculpe las molestias, fue un error en el sistema”. ¡Qué despiche! Ahí no hay “bien común” que valga el susto y el trauma. Ese es el miedo, que en la carrera por mostrar resultados y mano dura, la precisión y el respeto por el ciudadano inocente queden en un segundo plano.
Al final, creo que todos estamos de acuerdo en que la situación de seguridad del país es insostenible y se necesitan medidas drásticas. Nadie quiere que los delincuentes se sientan a cachete en sus casas. La pregunta del millón no es si la herramienta es poderosa, porque lo es. La pregunta es si la institucionalidad tica está realmente preparada para manejar un poder tan grande sin que se le vaya de las manos. Es un equilibrio súper delicado entre darle dientes a la ley y proteger a la gente buena. Por un lado, tenemos la promesa de más efectividad; por el otro, el fantasma del abuso de poder. Es una apuesta alta, y solo el tiempo dirá si nos jalamos una torta o si fue la decisión correcta.
Y ahora se las tiro a ustedes, maes del foro: ¿Creen que esto es un mal necesario y que ya era hora de ponerse serios, o estamos abriendo una puerta que después va a ser muy difícil de cerrar? ¿Confían en el sistema para que no se den abusos? Los leo.
