¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con el circo mediático alrededor del diputado Fabricio Alvarado. Después de tanto rodeo y polémica, el Plenario de la Asamblea Legislativa le dio luz verde a la moción para que renuncie a su inmunidad. Un día más, parece que la política nacional nos mantiene pegados a la pantalla, y vaya que ha sido un brete seguirle la corriente a este caso.
Todo se remonta a una denuncia presentada en febrero por una señora llamada Alicia Castillo, quien asegura haber sufrido abuso sexual por parte de Alvarado allá por el 2006, cuando él era un jovencito de 32 años y ella apenas contaba con 13 primaveras. La denuncia, que se hizo más grande en agosto, encendió todas las alarmas y puso a la opinión pública en ebullición. Desde entonces, la vara se elevó y cada movimiento del diputado ha sido analizado con lupa, generando debates acalorados en redes sociales y medios de comunicación.
La moción para quitarle la inmunidad contó con el respaldo de 25 diputados, una coalición interesante entre el PLN (que impulsó la enmienda), el Frente Amplio, y algunos independientes que se sumaron a la causa. Luis Diego Vargas, Gloria Navas, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero decidieron apostar por la justicia, dando una señal clara de que, ante estas acusaciones, no hay privilegios ni fuertecitos. Por otro lado, 18 legisladores del oficialismo, sus compañeros de Nueva República, el PUSC y otros independientes se plantaron en contra, defendiendo la presunción de inocencia del diputado.
David Segura, legislador neorepublicano, no tardó en soltar la lengua y culpar a Liberación Nacional de orquestar una “campaña sucia” contra Alvarado. Según él, la denuncia es un montaje y que el apoyo al diputado ha crecido exponencialmente desde que se levantó la polvareda. Uno pensaría que, ante semejante acusación, Alvarado estaría presente en la votación, pero no, decidió ausentarse, dejando claro que prefiere mantenerse alejado del foco mediático.
Durante la presentación de la moción, Alvarado ya había mostrado su irritación, calificándola de “ignorancia”. Argumentaba que, proceduralmente, no podía renunciar a su inmunidad en esas circunstancias y que no se iba a prestar para un “juicio” en el Plenario ni en la prensa. ¡Imagínate!, quiere que se investigue el caso con calma y respeto, como manda la ley. Pero en Costa Rica, a veces, la prisa por juzgar públicamente supera cualquier formalidad.
Daniela Rojas, del PUSC, puso pa’lante un argumento que muchos compartimos: “No revolvamos, una cosa es estar denunciado y otra es estar acusado”. Ella, junto con varios legisladores, insistieron en que no se puede obligar a alguien a renunciar a su inmunidad mientras no exista una acusación formal. Eso sí que es pensar con claridad, lejos de las presiones políticas y mediáticas.
Alvarado, con su peculiar estilo directo, expresó su frustración ante la rapidez con la que se le condenó en la opinión pública. “Por qué están hablando de mí como si fuera un juicio público y hasta me condenaron como si no existiera el debido proceso”, se preguntó retóricamente. Se siente incomprendido, víctima de una cacería de brujas, y que se están perdiendo el tiempo persiguiéndolo cuando él simplemente está dispuesto a colaborar con la investigación en los lugares correspondientes, sin necesidad de escandalar a la nación entera.
Ahora bien, viendo todo este panorama, surge la gran pregunta: ¿Será que este caso finalmente llevará a esclarecer la verdad, o seguirá siendo pasto de especulaciones y campañas de desprestigio? ¿Hasta dónde llegará la polarización política en torno a esta vara, y cómo afectará la imagen de nuestras instituciones democráticas? Dígame usted, ¿cree que la Asamblea Legislativa actuó correctamente al aprobar la moción, o debería haber esperado a que hubiera una acusación formal?
Todo se remonta a una denuncia presentada en febrero por una señora llamada Alicia Castillo, quien asegura haber sufrido abuso sexual por parte de Alvarado allá por el 2006, cuando él era un jovencito de 32 años y ella apenas contaba con 13 primaveras. La denuncia, que se hizo más grande en agosto, encendió todas las alarmas y puso a la opinión pública en ebullición. Desde entonces, la vara se elevó y cada movimiento del diputado ha sido analizado con lupa, generando debates acalorados en redes sociales y medios de comunicación.
La moción para quitarle la inmunidad contó con el respaldo de 25 diputados, una coalición interesante entre el PLN (que impulsó la enmienda), el Frente Amplio, y algunos independientes que se sumaron a la causa. Luis Diego Vargas, Gloria Navas, Johana Obando, Cynthia Córdoba y Kattia Cambronero decidieron apostar por la justicia, dando una señal clara de que, ante estas acusaciones, no hay privilegios ni fuertecitos. Por otro lado, 18 legisladores del oficialismo, sus compañeros de Nueva República, el PUSC y otros independientes se plantaron en contra, defendiendo la presunción de inocencia del diputado.
David Segura, legislador neorepublicano, no tardó en soltar la lengua y culpar a Liberación Nacional de orquestar una “campaña sucia” contra Alvarado. Según él, la denuncia es un montaje y que el apoyo al diputado ha crecido exponencialmente desde que se levantó la polvareda. Uno pensaría que, ante semejante acusación, Alvarado estaría presente en la votación, pero no, decidió ausentarse, dejando claro que prefiere mantenerse alejado del foco mediático.
Durante la presentación de la moción, Alvarado ya había mostrado su irritación, calificándola de “ignorancia”. Argumentaba que, proceduralmente, no podía renunciar a su inmunidad en esas circunstancias y que no se iba a prestar para un “juicio” en el Plenario ni en la prensa. ¡Imagínate!, quiere que se investigue el caso con calma y respeto, como manda la ley. Pero en Costa Rica, a veces, la prisa por juzgar públicamente supera cualquier formalidad.
Daniela Rojas, del PUSC, puso pa’lante un argumento que muchos compartimos: “No revolvamos, una cosa es estar denunciado y otra es estar acusado”. Ella, junto con varios legisladores, insistieron en que no se puede obligar a alguien a renunciar a su inmunidad mientras no exista una acusación formal. Eso sí que es pensar con claridad, lejos de las presiones políticas y mediáticas.
Alvarado, con su peculiar estilo directo, expresó su frustración ante la rapidez con la que se le condenó en la opinión pública. “Por qué están hablando de mí como si fuera un juicio público y hasta me condenaron como si no existiera el debido proceso”, se preguntó retóricamente. Se siente incomprendido, víctima de una cacería de brujas, y que se están perdiendo el tiempo persiguiéndolo cuando él simplemente está dispuesto a colaborar con la investigación en los lugares correspondientes, sin necesidad de escandalar a la nación entera.
Ahora bien, viendo todo este panorama, surge la gran pregunta: ¿Será que este caso finalmente llevará a esclarecer la verdad, o seguirá siendo pasto de especulaciones y campañas de desprestigio? ¿Hasta dónde llegará la polarización política en torno a esta vara, y cómo afectará la imagen de nuestras instituciones democráticas? Dígame usted, ¿cree que la Asamblea Legislativa actuó correctamente al aprobar la moción, o debería haber esperado a que hubiera una acusación formal?
