¡Ay, Dios mío! Esto del proyecto La Esperanza en Naranjo se ha puesto más caliente que gallo en chipotle. Randall Vega, nuestro alcalde, anda con la mosca detrás de la oreja, recibiendo amenazas directas por defender sus principios y, aparentemente, evitar un buen lío político. ¡Imagínate la bronca!
La cosa viene de atrás, amigos. Desde 2021, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aprobó unos ¢4.700 millones para construir ese condominio, con la empresa Consultora Mar Azul S.A., propiedad del que fuera vicealcalde, Carlos Calvo, llevándose la tajada grande. Ya ahí empezaron a sonar alarmitas: ¿permisos correctos? ¿trámites al día?
Luego, en 2022, el exalcalde Juan Luis Chaves, en medio de un maremoto de decisiones cuestionables, dio luz verde al proyecto sin darle vueltas al asunto técnico, ni ver si realmente daba la pila. Eso dejó abierta la puerta a muchas sospechas, y ahora estamos viendo las consecuencias. ¡Un brete bien gordo!
Vega, con la responsabilidad de ponerle orden a la casa, presentó recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando posibles irregularidades en los permisos y la conexión de agua. Según él, los técnicos y los abogados municipales estaban seguros de que se trataba de un acto ilegal si se seguía adelante con la conexión sin el visto bueno del juez. ¡Qué cara dura tratar de meterlo por la fuerza!
Pero, sorpresa, sorpresa, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hizo patrás a la autonomía municipal y al debido proceso, y procedió a conectar el agua sin esperar la decisión del tribunal. Eso encendió aún más a Vega, quien denunció una clara intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos municipales. “Eso no se vale, diay,” expresó el alcalde.
Ahora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está investigando por posible tráfico de influencias, mientras que el Gobierno intenta imponerse a la Municipalidad. Y para colmo, según cuenta Vega, las amenazas hacia él y su familia han escalado, provenientes de algunos de los beneficiarios del proyecto. “No todos, claro, son unas pocas personas de las 120 familias, pero sí he recibido amenazas muy serias que nos tienen preocupados a mi familia y a mí.”
Aunque la situación pinta turbia, Vega asegura que buscarán soluciones para garantizar el suministro de agua para todo el cantón, incluyendo la posibilidad de conectar la naciente de Quebrada Honda, una inversión de unos ¢500 millones. Él propone que Banhvi, la constructora y la municipalidad compartan los costos, evitando así que el IFAM tenga que prestarle plata. De paso, con las nuevas familias viviendo allí, aumentarán los ingresos del municipio por recolección de basura, impuestos y servicios de agua, así que al final, podría salir rentable, ¿no creen?
Esta novela del proyecto La Esperanza sigue escribiéndose capítulo tras capítulo, dejando preguntas abiertas sobre la transparencia en la gestión pública y el respeto a la autonomía municipal. ¿Creen ustedes que el alcalde Vega está haciendo lo correcto al enfrentar al gobierno y defender sus convicciones, o está politizando innecesariamente un tema que podría resolverse de manera más pragmática?
La cosa viene de atrás, amigos. Desde 2021, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) aprobó unos ¢4.700 millones para construir ese condominio, con la empresa Consultora Mar Azul S.A., propiedad del que fuera vicealcalde, Carlos Calvo, llevándose la tajada grande. Ya ahí empezaron a sonar alarmitas: ¿permisos correctos? ¿trámites al día?
Luego, en 2022, el exalcalde Juan Luis Chaves, en medio de un maremoto de decisiones cuestionables, dio luz verde al proyecto sin darle vueltas al asunto técnico, ni ver si realmente daba la pila. Eso dejó abierta la puerta a muchas sospechas, y ahora estamos viendo las consecuencias. ¡Un brete bien gordo!
Vega, con la responsabilidad de ponerle orden a la casa, presentó recursos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando posibles irregularidades en los permisos y la conexión de agua. Según él, los técnicos y los abogados municipales estaban seguros de que se trataba de un acto ilegal si se seguía adelante con la conexión sin el visto bueno del juez. ¡Qué cara dura tratar de meterlo por la fuerza!
Pero, sorpresa, sorpresa, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) hizo patrás a la autonomía municipal y al debido proceso, y procedió a conectar el agua sin esperar la decisión del tribunal. Eso encendió aún más a Vega, quien denunció una clara intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos municipales. “Eso no se vale, diay,” expresó el alcalde.
Ahora, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está investigando por posible tráfico de influencias, mientras que el Gobierno intenta imponerse a la Municipalidad. Y para colmo, según cuenta Vega, las amenazas hacia él y su familia han escalado, provenientes de algunos de los beneficiarios del proyecto. “No todos, claro, son unas pocas personas de las 120 familias, pero sí he recibido amenazas muy serias que nos tienen preocupados a mi familia y a mí.”
Aunque la situación pinta turbia, Vega asegura que buscarán soluciones para garantizar el suministro de agua para todo el cantón, incluyendo la posibilidad de conectar la naciente de Quebrada Honda, una inversión de unos ¢500 millones. Él propone que Banhvi, la constructora y la municipalidad compartan los costos, evitando así que el IFAM tenga que prestarle plata. De paso, con las nuevas familias viviendo allí, aumentarán los ingresos del municipio por recolección de basura, impuestos y servicios de agua, así que al final, podría salir rentable, ¿no creen?
Esta novela del proyecto La Esperanza sigue escribiéndose capítulo tras capítulo, dejando preguntas abiertas sobre la transparencia en la gestión pública y el respeto a la autonomía municipal. ¿Creen ustedes que el alcalde Vega está haciendo lo correcto al enfrentar al gobierno y defender sus convicciones, o está politizando innecesariamente un tema que podría resolverse de manera más pragmática?
