Maes, vamos a hablar sin pelos en la lengua. La vara en Playa Avellanas está que arde, y no es por el sol guanacasteco. Imagínense esto: usted se levanta un día, se prepara el cafecito con vista al mar como lo ha hecho su tata y su abuelo, y de pronto ve que un tractor de la Muni se parquea al frente de su casa. No viene a arreglar la calle, no. Viene a demoler el lugar donde usted ha vivido por décadas. ¡Qué torta! Eso es, a grandes rasgos, lo que está pasando en una de las playas más famosas de nuestro país, y el despiche apenas comienza.
La Municipalidad de Santa Cruz, con la ley en la mano, argumenta que todo este operativo es para poner orden. Se basan en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, esa normativa que todos hemos oído mencionar pero que pocos entienden al cien. En resumen, dice que los primeros 50 metros de playa desde la línea de marea alta son intocables, de dominio público. O sea, de todos nosotros. El argumento es que esas construcciones, por más viejas que sean, nunca debieron estar ahí y que su demolición es un paso necesario para proteger nuestras costas y sentar un precedente. Según ellos, este es su brete y lo están cumpliendo para evitar que las playas se conviertan en un condominio privado con acceso VIP.
Pero aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Del otro lado de la cerca (o de lo que quedaba de ella) están las familias. No hablamos de un millonario que se construyó una mansión ayer. Hay gente que alega llevar más de cincuenta años ahí, mucho antes de que Avellanas se pusiera de moda y apareciera en las revistas de surf. Para ellos, no se trata de un simple “asentamiento ilegal”, es su hogar. Cuentan que vieron crecer a sus hijos ahí, que sus recuerdos están pegados a esas paredes que ahora son escombros. Califican la acción de “precipitada” y reclaman que, aunque existían órdenes, nunca hubo un plan de reubicación decente. ¡Qué sal! Es ver cómo sacan los chunches de toda una vida mientras una máquina le pasa por encima a su historia.
Este caso es la punta del iceberg de un problema mucho más grande en todo el país. Es el choque de dos trenes: por un lado, la urgencia de proteger nuestro recurso natural más valioso y aplicar la ley a rajatabla; por otro, el drama humano de familias que son, para efectos prácticos, parte del paisaje desde hace generaciones. Los vecinos de playas cercanas como Playa Negra o Junquillal ahora duermen con un ojo abierto, pensando si ellos serán los próximos. Esto ha abierto un debate enorme: ¿qué pesa más, un papel que declara una zona como protegida o la historia de vida de quienes la han habitado desde que era puro monte y culebras? Es un despiche legal y social que nadie parece saber cómo resolver sin que alguien salga perdiendo feo.
Al final, la pregunta queda en el aire, flotando como la arena que levantan los tractores. La Muni de Santa Cruz dice que esto es un paso firme hacia la recuperación de lo que es de todos. Las familias afectadas lo ven como un desalojo sin corazón que borra su pasado. Ambos lados tienen puntos que uno puede llegar a entender, y eso es lo que hace que la vara sea tan complicada. No es un asunto de buenos contra malos, sino de visiones totalmente opuestas sobre qué significa "proteger" y a quién le pertenece realmente la costa.
Así que, gente del Foro, les lanzo la pregunta: ¿Dónde se traza la línea? ¿Se debe aplicar la ley sin importar las consecuencias humanas para garantizar la protección de las playas a futuro? ¿O se debería buscar una solución más negociada para estas familias que, legalmente o no, son parte de la historia de esas costas? Diay, ¿ustedes qué piensan?
La Municipalidad de Santa Cruz, con la ley en la mano, argumenta que todo este operativo es para poner orden. Se basan en la Ley de Zona Marítimo Terrestre, esa normativa que todos hemos oído mencionar pero que pocos entienden al cien. En resumen, dice que los primeros 50 metros de playa desde la línea de marea alta son intocables, de dominio público. O sea, de todos nosotros. El argumento es que esas construcciones, por más viejas que sean, nunca debieron estar ahí y que su demolición es un paso necesario para proteger nuestras costas y sentar un precedente. Según ellos, este es su brete y lo están cumpliendo para evitar que las playas se conviertan en un condominio privado con acceso VIP.
Pero aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Del otro lado de la cerca (o de lo que quedaba de ella) están las familias. No hablamos de un millonario que se construyó una mansión ayer. Hay gente que alega llevar más de cincuenta años ahí, mucho antes de que Avellanas se pusiera de moda y apareciera en las revistas de surf. Para ellos, no se trata de un simple “asentamiento ilegal”, es su hogar. Cuentan que vieron crecer a sus hijos ahí, que sus recuerdos están pegados a esas paredes que ahora son escombros. Califican la acción de “precipitada” y reclaman que, aunque existían órdenes, nunca hubo un plan de reubicación decente. ¡Qué sal! Es ver cómo sacan los chunches de toda una vida mientras una máquina le pasa por encima a su historia.
Este caso es la punta del iceberg de un problema mucho más grande en todo el país. Es el choque de dos trenes: por un lado, la urgencia de proteger nuestro recurso natural más valioso y aplicar la ley a rajatabla; por otro, el drama humano de familias que son, para efectos prácticos, parte del paisaje desde hace generaciones. Los vecinos de playas cercanas como Playa Negra o Junquillal ahora duermen con un ojo abierto, pensando si ellos serán los próximos. Esto ha abierto un debate enorme: ¿qué pesa más, un papel que declara una zona como protegida o la historia de vida de quienes la han habitado desde que era puro monte y culebras? Es un despiche legal y social que nadie parece saber cómo resolver sin que alguien salga perdiendo feo.
Al final, la pregunta queda en el aire, flotando como la arena que levantan los tractores. La Muni de Santa Cruz dice que esto es un paso firme hacia la recuperación de lo que es de todos. Las familias afectadas lo ven como un desalojo sin corazón que borra su pasado. Ambos lados tienen puntos que uno puede llegar a entender, y eso es lo que hace que la vara sea tan complicada. No es un asunto de buenos contra malos, sino de visiones totalmente opuestas sobre qué significa "proteger" y a quién le pertenece realmente la costa.
Así que, gente del Foro, les lanzo la pregunta: ¿Dónde se traza la línea? ¿Se debe aplicar la ley sin importar las consecuencias humanas para garantizar la protección de las playas a futuro? ¿O se debería buscar una solución más negociada para estas familias que, legalmente o no, son parte de la historia de esas costas? Diay, ¿ustedes qué piensan?
