¡Pero mija, qué batucada! El caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, sigue dando tela de juicio. Después de un lunes lleno de sorpresas con la salida a la luz de la primera denuncia, ahora sumamos dos más, complicando aún más la situación para el jerarca y poniendo a temblar a más de uno en la esfera policial. Parece que la cosa no va a amainar tan rápido, digámoslo así.
Todo empezó con la noticia bomba: acusaciones de violación y contagio venéreo presentadas en Corredores. Pero, como dicen por ahí, “cuando el río suena, agua lleva” y resulta que no era la única vara en juego. Ahora tenemos otras dos denuncias volando, una por delitos similares recibida en Cartago y otra en Goicoechea, apuntando a conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Qué lío!
El Ministerio Público no andaba jugando, y ya había confirmado hasta este miércoles tres expedientes en contra de Zúñiga. Las denuncias, cada una con su número – 25-000359-1883-PE, 25-001138-1893-PE y 25-000926-0994-PE – detallan acusaciones graves, desde violación hasta contagio venéreo y comportamientos inapropiados. La Fiscalía Adjunta de Género está llevando el caso con lupa, supervisando cada movimiento y asegurándose de que no quede ni un resquicio para la impunidad.
Para darle más morcilla al asunto, la Fiscalía también decomisó el teléfono celular de Zúñiga. Según informaron desde el Ministerio Público, la diligencia se realizó hace varios días, incluso antes de que la información saliera a la luz pública. “La Fiscalía Adjunta de Género confirmó que el viernes pasado se realizó el secuestro del teléfono celular de Zúñiga”, explican. Esto, obviamente, abre un abanico enorme de posibilidades en cuanto a la recolección de evidencia y la reconstrucción de los hechos.
Zúñiga, claro, no se quedó callado ante estas acusaciones. En una declaración pública emitida el lunes por la noche, negó categóricamente las acusaciones y anunció su apartamiento de cualquier gestión relacionada con la investigación interna. Buscando mantener cierta coherencia institucional, dijo, para evitar cualquier posible conflicto de interés, considerando su posición al frente del OIJ. Un acto de precaución, según él mismo afirmó, aunque muchos lo ven como un intento de limpiar su nombre antes de que la situación empeore.
Sin embargo, el jerarca no ha hecho más declaraciones desde entonces. Su silencio alimenta especulaciones y deja abiertas muchas preguntas. ¿Está esperando a tener más información antes de hablar? ¿Está preparando su defensa legal? O, tal vez, ¿simplemente está tratando de procesar todo lo que está pasando? Sea cual sea la razón, su falta de comunicación no ayuda a calmar las aguas, y la incertidumbre continúa reinando.
El Poder Judicial no solo abrió los respectivos expedientes, sino que también inició una investigación administrativa paralela. Esto demuestra la seriedad con la que están tomando el caso, buscando establecer si hubo alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones dentro del OIJ. Todo esto, mientras tanto, ha generado un clima de tensión en la institución y cuestiona la confianza que la ciudadanía deposita en la fuerza policial. El brete se pone cada vez más complicado para el OIJ y para el país entero.
Este escándalo nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas y la ética en el servicio público. ¿Cómo podemos asegurar que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley cumplan con los más altos estándares morales? Y, lo que es más importante, ¿qué medidas debemos tomar para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir? ¿Ustedes creen que el directorio del OIJ debería tomar medidas inmediatas, como suspender temporalmente a Zúñiga de sus funciones mientras se desarrolla la investigación?
Todo empezó con la noticia bomba: acusaciones de violación y contagio venéreo presentadas en Corredores. Pero, como dicen por ahí, “cuando el río suena, agua lleva” y resulta que no era la única vara en juego. Ahora tenemos otras dos denuncias volando, una por delitos similares recibida en Cartago y otra en Goicoechea, apuntando a conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Qué lío!
El Ministerio Público no andaba jugando, y ya había confirmado hasta este miércoles tres expedientes en contra de Zúñiga. Las denuncias, cada una con su número – 25-000359-1883-PE, 25-001138-1893-PE y 25-000926-0994-PE – detallan acusaciones graves, desde violación hasta contagio venéreo y comportamientos inapropiados. La Fiscalía Adjunta de Género está llevando el caso con lupa, supervisando cada movimiento y asegurándose de que no quede ni un resquicio para la impunidad.
Para darle más morcilla al asunto, la Fiscalía también decomisó el teléfono celular de Zúñiga. Según informaron desde el Ministerio Público, la diligencia se realizó hace varios días, incluso antes de que la información saliera a la luz pública. “La Fiscalía Adjunta de Género confirmó que el viernes pasado se realizó el secuestro del teléfono celular de Zúñiga”, explican. Esto, obviamente, abre un abanico enorme de posibilidades en cuanto a la recolección de evidencia y la reconstrucción de los hechos.
Zúñiga, claro, no se quedó callado ante estas acusaciones. En una declaración pública emitida el lunes por la noche, negó categóricamente las acusaciones y anunció su apartamiento de cualquier gestión relacionada con la investigación interna. Buscando mantener cierta coherencia institucional, dijo, para evitar cualquier posible conflicto de interés, considerando su posición al frente del OIJ. Un acto de precaución, según él mismo afirmó, aunque muchos lo ven como un intento de limpiar su nombre antes de que la situación empeore.
Sin embargo, el jerarca no ha hecho más declaraciones desde entonces. Su silencio alimenta especulaciones y deja abiertas muchas preguntas. ¿Está esperando a tener más información antes de hablar? ¿Está preparando su defensa legal? O, tal vez, ¿simplemente está tratando de procesar todo lo que está pasando? Sea cual sea la razón, su falta de comunicación no ayuda a calmar las aguas, y la incertidumbre continúa reinando.
El Poder Judicial no solo abrió los respectivos expedientes, sino que también inició una investigación administrativa paralela. Esto demuestra la seriedad con la que están tomando el caso, buscando establecer si hubo alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones dentro del OIJ. Todo esto, mientras tanto, ha generado un clima de tensión en la institución y cuestiona la confianza que la ciudadanía deposita en la fuerza policial. El brete se pone cada vez más complicado para el OIJ y para el país entero.
Este escándalo nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas y la ética en el servicio público. ¿Cómo podemos asegurar que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley cumplan con los más altos estándares morales? Y, lo que es más importante, ¿qué medidas debemos tomar para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir? ¿Ustedes creen que el directorio del OIJ debería tomar medidas inmediatas, como suspender temporalmente a Zúñiga de sus funciones mientras se desarrolla la investigación?
