¡Aguántense, raza! Resulta que la Sala IV, esos jueces que no andan con rodeos, le metió un buen paquetazo a la Presidencia de Chaves. Parece que todo este rollo de aclarar si estaban haciendo bien su trabajo, salió peor que una sopa aguada. Ahora, tendrán que soltar la sopa y decirnos cuánto le estaban pagando a esos “asesores” que andaban dando vueltas por la Asamblea Legislativa.
Todo empezó porque un compañero periodista de Radio Zurquí – un mae que no se anda con nacatamales – pidió hace rato qué onda con los salarios y las fechas de nombramiento de la gente que fue a la rendición de cuentas con don Rodri. Pero la Presidencia, con toa su picardía, le dio una respuesta que parecía sacada de un manual de cómo evadir la transparencia. Dijeron que no podían darle todos los datos porque era información confidencial... ¡Chin vales!
Pues resulta que la Sala IV, después de escuchar el recurso de amparo que le puso nuestro colega, dijo “¡No señor!”. Le tiró encima que la respuesta de Presidencia estaba más incompleta que un pan sin miga, y que no cumplieron con lo que les pedían. Básicamente, la regaron feísima y ahora tienen que corregir la jugada. Este no es el primer bronca que la Sala le mete a Chaves, brete que lo anda buscando solito.
Y ni hablar de los nombres que salieron a la luz. Tenemos a Ariel Mora Fallas, consejero presidencial desde el 2022, embolsándose unos ¢1.5 millones mensuales. Ese mae, entre otras cosas, parece que le gusta mandar mensajes en grupitos de WhatsApp para atacar a periodistas y opositores. ¡Una pena! Luego tenemos a Aleikko Tattoli Dunkley, consultor profesional presidencial, con un sueldito de ¢1.4 millones. Su trayectoria digital pinta igual de sospechosa, con campañas de propaganda y ataques a la oposición.
La lista, que ya está circulando por internet – gracias a la Sala IV y al periodista tenaz – muestra clarito que el erario público está siendo usado para pagar trolls que defienden ciegamente al gobierno. Esto huele a gallina podrida, diay. No sé ustedes, pero yo estoy pensando que alguien tiene que ponerle el freno a tanta tontería. Y claro, esto viene a ratificar lo que muchos ya sabíamos: que en Casa Amarilla hay más ruido que chicha en Navidad.
Para refrescarles la memoria, esto no es novedad. Hace poco la Sala IV también le exigió a la Presidencia entregar información sobre los ingresos del gerente de la Federación de Cooperativas, y antes le mandó a Bukele a rendir cuentas sobre la cena de Estado. ¡Se nota que esos magistrados sí saben cómo hacer respetar las leyes! Además, hasta al Ministerio de Educación les tocó dar la lata por esconder datos sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. ¡Ni siquiera el MEP escapa de las garras de la transparencia!
Ahora bien, analizando la situación, uno se queda pensando: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar este tipo de prácticas? ¿Es justo que usemos el dinero de todos para financiar una maquinaria propagandística que solo busca silenciar las voces críticas? ¿No deberíamos exigir a nuestros gobernantes mayor ética y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos? Uno cree que sí, pero ahí va la vaina, que como dice el dicho: 'el que mucho aboga pierde'.
¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta revelación cambiará algo o simplemente será otra noticia más que pasa factura y luego se olvida? Dejen sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué les parece este bronca y si creen que debemos seguir presionando para que haya más transparencia en el gobierno. ¡Vamos a conversar, mi gente!
Todo empezó porque un compañero periodista de Radio Zurquí – un mae que no se anda con nacatamales – pidió hace rato qué onda con los salarios y las fechas de nombramiento de la gente que fue a la rendición de cuentas con don Rodri. Pero la Presidencia, con toa su picardía, le dio una respuesta que parecía sacada de un manual de cómo evadir la transparencia. Dijeron que no podían darle todos los datos porque era información confidencial... ¡Chin vales!
Pues resulta que la Sala IV, después de escuchar el recurso de amparo que le puso nuestro colega, dijo “¡No señor!”. Le tiró encima que la respuesta de Presidencia estaba más incompleta que un pan sin miga, y que no cumplieron con lo que les pedían. Básicamente, la regaron feísima y ahora tienen que corregir la jugada. Este no es el primer bronca que la Sala le mete a Chaves, brete que lo anda buscando solito.
Y ni hablar de los nombres que salieron a la luz. Tenemos a Ariel Mora Fallas, consejero presidencial desde el 2022, embolsándose unos ¢1.5 millones mensuales. Ese mae, entre otras cosas, parece que le gusta mandar mensajes en grupitos de WhatsApp para atacar a periodistas y opositores. ¡Una pena! Luego tenemos a Aleikko Tattoli Dunkley, consultor profesional presidencial, con un sueldito de ¢1.4 millones. Su trayectoria digital pinta igual de sospechosa, con campañas de propaganda y ataques a la oposición.
La lista, que ya está circulando por internet – gracias a la Sala IV y al periodista tenaz – muestra clarito que el erario público está siendo usado para pagar trolls que defienden ciegamente al gobierno. Esto huele a gallina podrida, diay. No sé ustedes, pero yo estoy pensando que alguien tiene que ponerle el freno a tanta tontería. Y claro, esto viene a ratificar lo que muchos ya sabíamos: que en Casa Amarilla hay más ruido que chicha en Navidad.
Para refrescarles la memoria, esto no es novedad. Hace poco la Sala IV también le exigió a la Presidencia entregar información sobre los ingresos del gerente de la Federación de Cooperativas, y antes le mandó a Bukele a rendir cuentas sobre la cena de Estado. ¡Se nota que esos magistrados sí saben cómo hacer respetar las leyes! Además, hasta al Ministerio de Educación les tocó dar la lata por esconder datos sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. ¡Ni siquiera el MEP escapa de las garras de la transparencia!
Ahora bien, analizando la situación, uno se queda pensando: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar este tipo de prácticas? ¿Es justo que usemos el dinero de todos para financiar una maquinaria propagandística que solo busca silenciar las voces críticas? ¿No deberíamos exigir a nuestros gobernantes mayor ética y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos? Uno cree que sí, pero ahí va la vaina, que como dice el dicho: 'el que mucho aboga pierde'.
¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que esta revelación cambiará algo o simplemente será otra noticia más que pasa factura y luego se olvida? Dejen sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué les parece este bronca y si creen que debemos seguir presionando para que haya más transparencia en el gobierno. ¡Vamos a conversar, mi gente!
