¡Aguántense!, parce. La cosa está dura con el presupuesto para seguridad. Resulta que el Ministerio de Hacienda le apretó el cinturón al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dejándolo corto de feria para hacer su trabajo. La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, está sacudida con la situación y ya van buscando cómo arreglar este lío, porque, díganle a alguien, el crimen organizado no espera por trámites burocráticos.
La jugada, según los números, es que para el año que entra, al OIJ le quitaron más de doscientos millones de colones. Una torta, vamos. Esto, sumado a los ataques constantes que ha recibido el Poder Judicial por parte del gobierno, hace que la situación se ponga bien fea, según la propia diputada Ramírez. Ella no se anda con rodeos: ve una especie de “guerra” declarada contra estas instituciones clave para mantener el orden en el país. Y claro, eso preocupa a todos, más aún considerando el panorama actual de violencia.
El director del OIJ, Rándall Zúñiga, ya había advertido la semana pasada ante los diputados que estamos en una encrucijada. Según él, el país vive momentos críticos con el aumento de la violencia y necesitamos tomar medidas drásticas para frenarla. No se andaba con metáforas: “Cada colón que se le quita al OIJ y a la Fiscalía es un espaldarazo al crimen organizado”. ¡Qué sal!”, exclamó, dejando claro que la falta de recursos es un problema serio.
Pero la cosa no termina ahí. Desde la Comisión de Hacendarios, Ramírez asegura que van a luchar para darle más lana al OIJ vía moción, haciendo presión al Gobierno para que escuche. Han aprobado más de nueve mil millones de colones para aumentar las plazas, pero Hacienda solamente giró dos mil cuatrocientos. Un muy poco, vamos. Prometen enfocarse en combatir al crimen organizado y la violencia doméstica, pero dicen que el problema es que el dinero simplemente no llega a donde debe.
Y ni hablar del Ministerio Público. El fiscal general, Carlo Díaz, recordó que la Asamblea les dio luz verde para crear setenta y cinco plazas nuevas este año, pero hasta ahora solo han conseguido financiar veintidós. Según la dirección de planificación del Poder Judicial, ¡hay un faltante de ciento treinta y cuatro plazas! Eso es una carga pa’ ellos, que intentan cubrir todas las áreas con pocos recursos.
Díaz destacó la necesidad urgente de treinta y nueve plazas más para combatir el narcotráfico y la violencia de género, especialmente en zonas apartadas del país. Necesitan seis fiscales, quince fiscales auxiliares en esos rincones olvidados, dieciséis técnicos judiciales y dos coordinadores. Imagínate, necesitan gente en Cóbano, Tarrazú, Siquirres, Puerto Jiménez... ¡una lista larga de lugares que carecen de apoyo legal!
Esto pone en evidencia una falla grave en la gestión pública, parce. Se aprueban fondos, se hacen planes bonitos, pero luego la realidad golpea y las instituciones quedan a medias. Parece que la responsabilidad, como dice la diputada Ramírez, “necesita un poquito más de atención” por parte del gobierno. Porque si seguimos así, ¿quién va a cuidar nuestra seguridad?
La verdad, esta situación me da qué pensar. Con tantos problemas de inseguridad, ¿cómo podemos permitir que las instituciones encargadas de protegerlos estén cortas de presupuesto? ¿Creen ustedes que el Gobierno está priorizando las cosas correctas o debería reconsiderar sus decisiones? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
La jugada, según los números, es que para el año que entra, al OIJ le quitaron más de doscientos millones de colones. Una torta, vamos. Esto, sumado a los ataques constantes que ha recibido el Poder Judicial por parte del gobierno, hace que la situación se ponga bien fea, según la propia diputada Ramírez. Ella no se anda con rodeos: ve una especie de “guerra” declarada contra estas instituciones clave para mantener el orden en el país. Y claro, eso preocupa a todos, más aún considerando el panorama actual de violencia.
El director del OIJ, Rándall Zúñiga, ya había advertido la semana pasada ante los diputados que estamos en una encrucijada. Según él, el país vive momentos críticos con el aumento de la violencia y necesitamos tomar medidas drásticas para frenarla. No se andaba con metáforas: “Cada colón que se le quita al OIJ y a la Fiscalía es un espaldarazo al crimen organizado”. ¡Qué sal!”, exclamó, dejando claro que la falta de recursos es un problema serio.
Pero la cosa no termina ahí. Desde la Comisión de Hacendarios, Ramírez asegura que van a luchar para darle más lana al OIJ vía moción, haciendo presión al Gobierno para que escuche. Han aprobado más de nueve mil millones de colones para aumentar las plazas, pero Hacienda solamente giró dos mil cuatrocientos. Un muy poco, vamos. Prometen enfocarse en combatir al crimen organizado y la violencia doméstica, pero dicen que el problema es que el dinero simplemente no llega a donde debe.
Y ni hablar del Ministerio Público. El fiscal general, Carlo Díaz, recordó que la Asamblea les dio luz verde para crear setenta y cinco plazas nuevas este año, pero hasta ahora solo han conseguido financiar veintidós. Según la dirección de planificación del Poder Judicial, ¡hay un faltante de ciento treinta y cuatro plazas! Eso es una carga pa’ ellos, que intentan cubrir todas las áreas con pocos recursos.
Díaz destacó la necesidad urgente de treinta y nueve plazas más para combatir el narcotráfico y la violencia de género, especialmente en zonas apartadas del país. Necesitan seis fiscales, quince fiscales auxiliares en esos rincones olvidados, dieciséis técnicos judiciales y dos coordinadores. Imagínate, necesitan gente en Cóbano, Tarrazú, Siquirres, Puerto Jiménez... ¡una lista larga de lugares que carecen de apoyo legal!
Esto pone en evidencia una falla grave en la gestión pública, parce. Se aprueban fondos, se hacen planes bonitos, pero luego la realidad golpea y las instituciones quedan a medias. Parece que la responsabilidad, como dice la diputada Ramírez, “necesita un poquito más de atención” por parte del gobierno. Porque si seguimos así, ¿quién va a cuidar nuestra seguridad?
La verdad, esta situación me da qué pensar. Con tantos problemas de inseguridad, ¿cómo podemos permitir que las instituciones encargadas de protegerlos estén cortas de presupuesto? ¿Creen ustedes que el Gobierno está priorizando las cosas correctas o debería reconsiderar sus decisiones? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
