¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, parece que el Banco Central sí puede ir pidiendo información financiera a diestra y siniestra para hacer sus estudios, según dictaminó la Sala Cuarta. Después de tanto alboroto por parte de la Asociación Bancaria, al final el Tribunal resolvió a favor del BCR, dejando a algunos mordiéndose las uñas.
Todo este brete comenzó allá por noviembre del 2022, cuando el Banco Central pidió a la SUGEF unos montones de datos financieros. La Asociación Bancaria, llena de buen sentido, argumentó que el BCR se estaba pasando de rango, que eso no estaba dentro de sus facultades. Dijeron que estaba excediendo sus competencias legales, buscando información que no le correspondía tener.
Pero resulta que la Sala Constitucional, luego de analizar toda la vaina, llegó a la conclusión de que la actuación del Banco Central estaba bien encaminada. No hubo ningún exceso ni ninguna extralimitación. Todo, aparentemente, dentro de lo legal y correcto. Un respiro para la gente del BCR, que andaban preocupados por si se les venía encima un proceso judicial.
Y claro, desde el Banco Central no tardaron en salir a celebrar la noticia. En un comunicado oficial, dejaron claro que esta decisión “reafirma que los acuerdos de Junta Directiva y, en general, las acciones tomadas por el Banco Central con el fin de obtener información siempre se han ajustado a la legalidad y tienen un objetivo exclusivamente científico”. ¡Qué alivio, eh!
Ahora, esto no es solamente importante porque le sale bien el tiro al Banco Central. Esto también sienta un precedente muy gordo para el futuro. Podría cambiar la forma en que se producen las estadísticas oficiales en Costa Rica. Imagínate, organismos internacionales, inversionistas y hasta las calificadoras de riesgo dependen de estos datos para saber cómo anda el país.
Si esos datos no son confiables, pues ahí se va la reputación de Costa Rica, y con ella, la posibilidad de atraer inversión extranjera. Entonces, este fallo de la Sala Constitucional ayuda a garantizar que esas estadísticas sean sólidas y transparentes. ¡Un churro pa’ el país!
Algunos analistas dicen que ahora los demás entes estatales van a querer imitarlos, queriendo acceder a información privada bajo el pretexto de “fines estadísticos”. Pero a ver, aquí hay que ponerle cuidado, porque no queremos que se nos vaya todo al traste por querer abarcar demasiado. Hay que mantener el equilibrio y respetar los derechos individuales, diay.
En fin, este caso demuestra que a veces la ley es laberíntica y los procesos judiciales pueden tardar una eternidad. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Ahora me pregunto, ¿cree usted que el Estado debería tener tanta libertad para acceder a información personal con tal de producir estadísticas? Déjeme su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho saber qué piensa!
Todo este brete comenzó allá por noviembre del 2022, cuando el Banco Central pidió a la SUGEF unos montones de datos financieros. La Asociación Bancaria, llena de buen sentido, argumentó que el BCR se estaba pasando de rango, que eso no estaba dentro de sus facultades. Dijeron que estaba excediendo sus competencias legales, buscando información que no le correspondía tener.
Pero resulta que la Sala Constitucional, luego de analizar toda la vaina, llegó a la conclusión de que la actuación del Banco Central estaba bien encaminada. No hubo ningún exceso ni ninguna extralimitación. Todo, aparentemente, dentro de lo legal y correcto. Un respiro para la gente del BCR, que andaban preocupados por si se les venía encima un proceso judicial.
Y claro, desde el Banco Central no tardaron en salir a celebrar la noticia. En un comunicado oficial, dejaron claro que esta decisión “reafirma que los acuerdos de Junta Directiva y, en general, las acciones tomadas por el Banco Central con el fin de obtener información siempre se han ajustado a la legalidad y tienen un objetivo exclusivamente científico”. ¡Qué alivio, eh!
Ahora, esto no es solamente importante porque le sale bien el tiro al Banco Central. Esto también sienta un precedente muy gordo para el futuro. Podría cambiar la forma en que se producen las estadísticas oficiales en Costa Rica. Imagínate, organismos internacionales, inversionistas y hasta las calificadoras de riesgo dependen de estos datos para saber cómo anda el país.
Si esos datos no son confiables, pues ahí se va la reputación de Costa Rica, y con ella, la posibilidad de atraer inversión extranjera. Entonces, este fallo de la Sala Constitucional ayuda a garantizar que esas estadísticas sean sólidas y transparentes. ¡Un churro pa’ el país!
Algunos analistas dicen que ahora los demás entes estatales van a querer imitarlos, queriendo acceder a información privada bajo el pretexto de “fines estadísticos”. Pero a ver, aquí hay que ponerle cuidado, porque no queremos que se nos vaya todo al traste por querer abarcar demasiado. Hay que mantener el equilibrio y respetar los derechos individuales, diay.
En fin, este caso demuestra que a veces la ley es laberíntica y los procesos judiciales pueden tardar una eternidad. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Ahora me pregunto, ¿cree usted que el Estado debería tener tanta libertad para acceder a información personal con tal de producir estadísticas? Déjeme su opinión en los comentarios, ¡me interesa mucho saber qué piensa!
