¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, parece que la Asamblea Legislativa se puso pilas esta semana. Entre créditos y leyes, aprobaron un proyecto que, a primera vista, suena bastante chiva: reformar la Ley del Banco Hipotecario de la Vivienda para que las mujeres que han sufrido violencia de género tengan acceso a una casita propia. ¡Un alivio pa’ esas señoras!
La idea es simple, pero importante: actualmente, el Banhvi entrega subsidios de vivienda a familias, adultos mayores o personas con discapacidad. Ahora, gracias al expediente 23.604 impulsado por la diputada Rocío Alfaro, las mujeres víctimas de violencia entran en esa categoría. Esto significa que pueden aplicar a esos beneficios para salir adelante, dejar atrás a sus agresores y construir un futuro con dignidad.
Pero, ojo, que no es tan fácil como eso. Para poder optar al subsidio, estas mujeres tienen que demostrar su situación de vulnerabilidad. Ahí entra el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) o los documentos del Poder Judicial – órdenes de protección, sentencias... Ya saben, papeleo, papeleo y más papeleo. Uno esperaría que esto fuera más sencillo, pero bueno, así son los trámites en nuestro país. ¡Qué torta a veces!
Lo interesante es que si obtienen el subsidio, la vivienda se inscribe a nombre de la mujer solamente. Eso le da el control total de la propiedad, evitando que el agresor pueda reclamar derechos sobre ella. Imaginen la tranquilidad que eso les da a muchas mujeres que viven con miedo constante. Menos una preocupación, aunque todavía queda mucho brete por delante.
Ahora bien, hablemos del dinero. Seamos claros: esta reforma es un paso positivo, pero no resuelve el problema de fondo. Las mujeres necesitan más que un techo; necesitan recursos económicos, apoyo psicológico, asesoría legal... Todo un sistema de contención que, lamentablemente, aún estamos lejos de tener en Costa Rica. Este proyecto es un parche, sí, pero un parche necesario.
Y mientras tanto, seguimos endeudándonos. Porque, como ya saben, justo paralela a esta iniciativa, la Asamblea aprobó otro crédito por 100 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Dicen que es para apoyar la política agroambiental y los agropaisajes sostenibles, pero todos sabemos que, en realidad, ese dinero va directo a pagar la deuda. ¡Otra vez la misma vaina! Un círculo vicioso que nos ahoga poco a poco.
No es la primera vez que el gobierno recurre a préstamos internacionales para tapar agujeros en el presupuesto. Hace unas semanas, se aprobó uno similar por 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), igualmente destinado a saldar compromisos financieros. Parece que entre nosostros nos vamos a estar esforzando por años pagando estos díneros, ¡qué sal!
En fin, esta reforma al Banhvi es una pequeña victoria en medio de un panorama económico complicado. Pero me pregunto: ¿realmente estaremos brindando una solución integral a las mujeres víctimas de violencia o simplemente estamos ofreciendo un techo temporal que no aborda las causas profundas del problema? ¿Será suficiente este impulso legislativo ante la crisis económica que enfrentamos y cómo podemos asegurar que estas mujeres reciban el apoyo efectivo que merecen?
La idea es simple, pero importante: actualmente, el Banhvi entrega subsidios de vivienda a familias, adultos mayores o personas con discapacidad. Ahora, gracias al expediente 23.604 impulsado por la diputada Rocío Alfaro, las mujeres víctimas de violencia entran en esa categoría. Esto significa que pueden aplicar a esos beneficios para salir adelante, dejar atrás a sus agresores y construir un futuro con dignidad.
Pero, ojo, que no es tan fácil como eso. Para poder optar al subsidio, estas mujeres tienen que demostrar su situación de vulnerabilidad. Ahí entra el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) o los documentos del Poder Judicial – órdenes de protección, sentencias... Ya saben, papeleo, papeleo y más papeleo. Uno esperaría que esto fuera más sencillo, pero bueno, así son los trámites en nuestro país. ¡Qué torta a veces!
Lo interesante es que si obtienen el subsidio, la vivienda se inscribe a nombre de la mujer solamente. Eso le da el control total de la propiedad, evitando que el agresor pueda reclamar derechos sobre ella. Imaginen la tranquilidad que eso les da a muchas mujeres que viven con miedo constante. Menos una preocupación, aunque todavía queda mucho brete por delante.
Ahora bien, hablemos del dinero. Seamos claros: esta reforma es un paso positivo, pero no resuelve el problema de fondo. Las mujeres necesitan más que un techo; necesitan recursos económicos, apoyo psicológico, asesoría legal... Todo un sistema de contención que, lamentablemente, aún estamos lejos de tener en Costa Rica. Este proyecto es un parche, sí, pero un parche necesario.
Y mientras tanto, seguimos endeudándonos. Porque, como ya saben, justo paralela a esta iniciativa, la Asamblea aprobó otro crédito por 100 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Dicen que es para apoyar la política agroambiental y los agropaisajes sostenibles, pero todos sabemos que, en realidad, ese dinero va directo a pagar la deuda. ¡Otra vez la misma vaina! Un círculo vicioso que nos ahoga poco a poco.
No es la primera vez que el gobierno recurre a préstamos internacionales para tapar agujeros en el presupuesto. Hace unas semanas, se aprobó uno similar por 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), igualmente destinado a saldar compromisos financieros. Parece que entre nosostros nos vamos a estar esforzando por años pagando estos díneros, ¡qué sal!
En fin, esta reforma al Banhvi es una pequeña victoria en medio de un panorama económico complicado. Pero me pregunto: ¿realmente estaremos brindando una solución integral a las mujeres víctimas de violencia o simplemente estamos ofreciendo un techo temporal que no aborda las causas profundas del problema? ¿Será suficiente este impulso legislativo ante la crisis económica que enfrentamos y cómo podemos asegurar que estas mujeres reciban el apoyo efectivo que merecen?
