Maes, paren todo porque la novela del Banco de Costa Rica (BCR) y el famoso Parque Empresarial del Pacífico acaba de sumar un capítulo que nadie se esperaba. Cuando ya parecía que a la gente del BCR le tocaba sacar la billetera y soltar $70 millones para enmendar la plana, llegó el Tribunal Contencioso Administrativo y metió un frenazo en seco. Así como lo oyen: la orden de trasladar ese platal a la subsidiaria BCR Safi para compensar a los inversionistas quedó, por ahora, en el aire. ¡Qué despiche se tienen montado!
Para los que andan un poco perdidos con esta vara, hagamos un resumen rápido. Todo este enredo arrancó con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), allá en Esparza. La subsidiaria del banco, BCR SAFI, lo metió en un fondo de inversión por la módica suma de $70 millones. El problema es que desde hace rato huele a quemado, con una investigación por un supuesto sobreprecio que haría llorar a cualquiera. Básicamente, la sospecha es que se jalaron una torta monumental y pagaron mucho más de lo que esa propiedad realmente valía, afectando directamente a la gente que metió su plata en ese fondo.
Ante semejante tortón, la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que es como el árbitro en estos asuntos financieros, se puso las pilas. El año pasado les cantó la gallina y les ordenó al BCR y a su subsidiaria que tenían que resarcir a los inversionistas para evitar que el hueco se hiciera más grande. La decisión fue tan seria que hasta el Conassif (el mero tata de los reguladores) la respaldó en junio, después de mandarlos a volar con una apelación. Parecía un caso cerrado: el banco tenía que pagar para arreglar su propio desorden.
Pero como en toda buena novela tica, siempre hay un giro dramático. El BCR no se iba a quedar de brazos cruzados. Se fueron directito al Contencioso Administrativo a llorar, argumentando que la orden de la Sugeval era totalmente “desproporcionada”. En palabras sencillas, su defensa fue algo como: “Mae, nos están pidiendo que saquemos $70 millones de un solo tiro, ¿no hay una forma menos drástica de arreglar esto?”. Alegaron que era una carga demasiado pesada y que no se analizaron otras opciones. Y diay, parece que el argumento le sonó lo suficientemente convincente al Tribunal como para, al menos, ponerle pausa a la transferencia millonaria.
Ahora la pelota queda picando en media cancha y la incertidumbre es total. Por un lado, el BCR y su gente respiran un poco, ganando un tiempo valiosísimo. Por otro, los inversionistas del fondo siguen viendo cómo su plata está en el limbo, mientras los abogados van y vienen. Esta decisión no resuelve el problema de fondo —si hubo o no sobreprecio—, simplemente congela una de las consecuencias. Diay, maes, ahora la pregunta del millón es: ¿Creen que el Contencioso hizo bien en meter el freno, o es solo una jugada para alargar la agonía y que al final nadie pague los platos rotos? ¿Quién tiene la razón en todo este despiche?
Para los que andan un poco perdidos con esta vara, hagamos un resumen rápido. Todo este enredo arrancó con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), allá en Esparza. La subsidiaria del banco, BCR SAFI, lo metió en un fondo de inversión por la módica suma de $70 millones. El problema es que desde hace rato huele a quemado, con una investigación por un supuesto sobreprecio que haría llorar a cualquiera. Básicamente, la sospecha es que se jalaron una torta monumental y pagaron mucho más de lo que esa propiedad realmente valía, afectando directamente a la gente que metió su plata en ese fondo.
Ante semejante tortón, la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que es como el árbitro en estos asuntos financieros, se puso las pilas. El año pasado les cantó la gallina y les ordenó al BCR y a su subsidiaria que tenían que resarcir a los inversionistas para evitar que el hueco se hiciera más grande. La decisión fue tan seria que hasta el Conassif (el mero tata de los reguladores) la respaldó en junio, después de mandarlos a volar con una apelación. Parecía un caso cerrado: el banco tenía que pagar para arreglar su propio desorden.
Pero como en toda buena novela tica, siempre hay un giro dramático. El BCR no se iba a quedar de brazos cruzados. Se fueron directito al Contencioso Administrativo a llorar, argumentando que la orden de la Sugeval era totalmente “desproporcionada”. En palabras sencillas, su defensa fue algo como: “Mae, nos están pidiendo que saquemos $70 millones de un solo tiro, ¿no hay una forma menos drástica de arreglar esto?”. Alegaron que era una carga demasiado pesada y que no se analizaron otras opciones. Y diay, parece que el argumento le sonó lo suficientemente convincente al Tribunal como para, al menos, ponerle pausa a la transferencia millonaria.
Ahora la pelota queda picando en media cancha y la incertidumbre es total. Por un lado, el BCR y su gente respiran un poco, ganando un tiempo valiosísimo. Por otro, los inversionistas del fondo siguen viendo cómo su plata está en el limbo, mientras los abogados van y vienen. Esta decisión no resuelve el problema de fondo —si hubo o no sobreprecio—, simplemente congela una de las consecuencias. Diay, maes, ahora la pregunta del millón es: ¿Creen que el Contencioso hizo bien en meter el freno, o es solo una jugada para alargar la agonía y que al final nadie pague los platos rotos? ¿Quién tiene la razón en todo este despiche?
