Diay maes, para nadie es un secreto que cuando se acercan las elecciones, el ambiente se pone tenso y cada movimiento en el tablero político cuenta. La noticia de hoy es una de esas que, aunque predecible, siempre genera roncha. Resulta que la Sala IV le acaba de dar un portazo en la cara a un intento por levantar la prohibición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que impide al Gobierno de turno andar cacareando sus logros con bombos y platillos una vez que arranca la campaña. En resumen: el plan de seguir haciendo publicidad se fue al traste.
Vamos por partes para entender este enredo. Un ciudadano, sintiéndose muy afectado, presentó un recurso de amparo diciendo que esa regla del TSE era un completo abuso. Según el recurso, prohibirle al Gobierno hablar de su buen brete es una mordaza que atenta contra la libertad de expresión y, ojo a esto, contra el sagrado principio de "rendición de cuentas". El argumento suena bonito en papel: ¿cómo se va a enterar la gente de lo que hace la administración si no se lo pueden contar? La vara es que los magistrados, en su mayoría, no se comieron el cuento y le dieron la razón al TSE, manteniendo la prohibición vivita y coleando hasta el mismísimo día de las elecciones.
Ahora, ¿de dónde sale esta prohibición? ¿Es un invento nuevo para fregar al gobierno actual? Para nada. Esta regla viene del famoso artículo 142 del Código Electoral, un chunche legal que tiene más años que Matusalén y que se ha aplicado a todas las administraciones sin distinción de color político. La lógica detrás es simple y, la verdad, bastante sensata: evitar que el partido en el poder use recursos públicos (o sea, nuestra plata) para inclinar la balanza a su favor. Se trata de buscar un piso parejo, donde todos los candidatos, en teoría, compitan en condiciones similares sin que el que tiene la chequera del Estado tenga una ventaja descarada.
Los que presentaron el recurso alegan que la situación actual es un despiche, que la norma es desproporcionada y que no se puede comparar la comunicación institucional con una campaña pagada. Pero para el TSE y ahora para la Sala IV, la línea es muy delgada y prefieren no arriesgarse. La prohibición es total: ni medios pagados, ni redes sociales institucionales, ni cadenas nacionales para inaugurar hasta una canoa. El Gobierno, básicamente, tiene que guardar silencio sobre sus "éxitos" en cualquier plataforma que huela a publicidad. Así que, para los que esperaban ver una avalancha de anuncios gubernamentales en los próximos meses, salieron salados.
Al final del día, esta decisión reafirma un principio clave de nuestra democracia electoral: el poder tiene límites, especialmente cuando se trata de usar su maquinaria para perpetuarse. Aunque a algunos les parezca una exageración, la idea de mantener al Gobierno al margen de la propaganda electoral busca proteger la integridad del proceso. Es un recordatorio de que el Estado no le pertenece al partido de turno, sino a todos los costarricenses. Claro, siempre habrá quien argumente que es una medida que impide informarse, pero la mayoría parece coincidir en que es un mal menor para evitar un mal mayor.
Ahora la pregunta del millón, maes: ¿Ustedes creen que esta prohibición de verdad empareja la cancha o es una mordaza innecesaria para el Gobierno? ¿Sirve de algo o los políticos siempre encuentran la forma de hacerse publicidad por debajo de la mesa? ¡Los leo en los comentarios!
Vamos por partes para entender este enredo. Un ciudadano, sintiéndose muy afectado, presentó un recurso de amparo diciendo que esa regla del TSE era un completo abuso. Según el recurso, prohibirle al Gobierno hablar de su buen brete es una mordaza que atenta contra la libertad de expresión y, ojo a esto, contra el sagrado principio de "rendición de cuentas". El argumento suena bonito en papel: ¿cómo se va a enterar la gente de lo que hace la administración si no se lo pueden contar? La vara es que los magistrados, en su mayoría, no se comieron el cuento y le dieron la razón al TSE, manteniendo la prohibición vivita y coleando hasta el mismísimo día de las elecciones.
Ahora, ¿de dónde sale esta prohibición? ¿Es un invento nuevo para fregar al gobierno actual? Para nada. Esta regla viene del famoso artículo 142 del Código Electoral, un chunche legal que tiene más años que Matusalén y que se ha aplicado a todas las administraciones sin distinción de color político. La lógica detrás es simple y, la verdad, bastante sensata: evitar que el partido en el poder use recursos públicos (o sea, nuestra plata) para inclinar la balanza a su favor. Se trata de buscar un piso parejo, donde todos los candidatos, en teoría, compitan en condiciones similares sin que el que tiene la chequera del Estado tenga una ventaja descarada.
Los que presentaron el recurso alegan que la situación actual es un despiche, que la norma es desproporcionada y que no se puede comparar la comunicación institucional con una campaña pagada. Pero para el TSE y ahora para la Sala IV, la línea es muy delgada y prefieren no arriesgarse. La prohibición es total: ni medios pagados, ni redes sociales institucionales, ni cadenas nacionales para inaugurar hasta una canoa. El Gobierno, básicamente, tiene que guardar silencio sobre sus "éxitos" en cualquier plataforma que huela a publicidad. Así que, para los que esperaban ver una avalancha de anuncios gubernamentales en los próximos meses, salieron salados.
Al final del día, esta decisión reafirma un principio clave de nuestra democracia electoral: el poder tiene límites, especialmente cuando se trata de usar su maquinaria para perpetuarse. Aunque a algunos les parezca una exageración, la idea de mantener al Gobierno al margen de la propaganda electoral busca proteger la integridad del proceso. Es un recordatorio de que el Estado no le pertenece al partido de turno, sino a todos los costarricenses. Claro, siempre habrá quien argumente que es una medida que impide informarse, pero la mayoría parece coincidir en que es un mal menor para evitar un mal mayor.
Ahora la pregunta del millón, maes: ¿Ustedes creen que esta prohibición de verdad empareja la cancha o es una mordaza innecesaria para el Gobierno? ¿Sirve de algo o los políticos siempre encuentran la forma de hacerse publicidad por debajo de la mesa? ¡Los leo en los comentarios!
