Maes, no sé ustedes, pero el despiche que se armó con el caso Samcam es de esos que lo dejan a uno con un mal sabor de boca, por más que haya noticias “buenas” de por medio. Por un lado, tenemos al OIJ haciendo un brete de película, metiéndose en la León XIII y sacando a cuatro de los presuntos gatilleros que se bajaron al exmilitar nicaragüense. Uno hasta respira un poquito y dice: “¡Diay, por lo menos la justicia camina!”. Pero justo cuando uno va a celebrar, sale doña Laura Chinchilla, con la precisión de un francotirador, y le manda un filazo al gobierno de Chaves que deja a todo el mundo pensando.
La vara es que la expresidenta no se anduvo por las ramas. Básicamente, su punto es que es muy tuanis que el OIJ resuelva, pero ¿de qué sirve tener a los mejores bomberos si dejamos que el fuego empiece por pura negligencia? Chinchilla dice que, mientras las autoridades judiciales se la juegan investigando, el Poder Ejecutivo “permanece con la guardia baja” en prevención. Y aquí es donde el asunto se pone más feo, porque no es solo un pleito político. El gobierno actual, en materia de prevención para este caso específico, parece que se jaló una torta monumental. Es un recordatorio amargo de que una detención, por más importante que sea, llega siempre después de la tragedia.
Y es que no estamos hablando de una corazonada. El director de la DIS, el propio mae a cargo de la inteligencia del país, reconoció en la Asamblea Legislativa que Samcam les había cantado la jugada meses antes. ¡El hombre les dijo que lo andaban persiguiendo militantes del régimen de Ortega! Fue a la instancia correcta, dio la alerta, y aún así terminó con ocho balazos en la entrada de su casa. ¿Entonces? ¿De qué estamos hablando? Es como si alguien te dice que le huele a gas la cocina y vos, en lugar de revisar la fuga, te esperás a que todo explote para después llamar a los bomberos. La seguridad preventiva, el plan para evitar que la tragedia ocurriera, simplemente se fue al traste.
Lo más crudo de todo este despiche es ver en qué nos estamos convirtiendo. La investigación apunta a que los detenidos eran parte de una banda de sicarios, maes que matan por encargo. Y si uno conecta los puntos con otras noticias, se entera de que una de las piezas clave para ligar a una mujer al crimen fue un pago miserable de ₡50 mil. Cincuenta rojos. Eso es lo que, al parecer, vale una vida en este país para algunos. La facilidad con la que se puede contratar a alguien para que elimine a un opositor político exiliado en nuestro propio territorio es, francamente, para que se nos pare el pelo. Ya no es una bronca de narcos en un búnker, es un servicio a domicilio que amenaza a cualquiera.
Al final, este caso es mucho más que la muerte de un hombre; es una radiografía que nos muestra un país con una policía judicial súper eficiente pero con un sistema de prevención que hace aguas. Nos enseña que la política se mete hasta en la sopa de la seguridad nacional y que el sicariato es un cáncer que ya hizo metástasis. Entonces, les pregunto a ustedes, maes del foro: ¿Esto es un gane para la justicia porque el OIJ agarró a los sospechosos, o es una derrota para el país porque demuestra que cualquiera puede ser asesinado por encargo y que las alertas tempranas no sirven de nada? ¿O son las dos varas al mismo tiempo?
La vara es que la expresidenta no se anduvo por las ramas. Básicamente, su punto es que es muy tuanis que el OIJ resuelva, pero ¿de qué sirve tener a los mejores bomberos si dejamos que el fuego empiece por pura negligencia? Chinchilla dice que, mientras las autoridades judiciales se la juegan investigando, el Poder Ejecutivo “permanece con la guardia baja” en prevención. Y aquí es donde el asunto se pone más feo, porque no es solo un pleito político. El gobierno actual, en materia de prevención para este caso específico, parece que se jaló una torta monumental. Es un recordatorio amargo de que una detención, por más importante que sea, llega siempre después de la tragedia.
Y es que no estamos hablando de una corazonada. El director de la DIS, el propio mae a cargo de la inteligencia del país, reconoció en la Asamblea Legislativa que Samcam les había cantado la jugada meses antes. ¡El hombre les dijo que lo andaban persiguiendo militantes del régimen de Ortega! Fue a la instancia correcta, dio la alerta, y aún así terminó con ocho balazos en la entrada de su casa. ¿Entonces? ¿De qué estamos hablando? Es como si alguien te dice que le huele a gas la cocina y vos, en lugar de revisar la fuga, te esperás a que todo explote para después llamar a los bomberos. La seguridad preventiva, el plan para evitar que la tragedia ocurriera, simplemente se fue al traste.
Lo más crudo de todo este despiche es ver en qué nos estamos convirtiendo. La investigación apunta a que los detenidos eran parte de una banda de sicarios, maes que matan por encargo. Y si uno conecta los puntos con otras noticias, se entera de que una de las piezas clave para ligar a una mujer al crimen fue un pago miserable de ₡50 mil. Cincuenta rojos. Eso es lo que, al parecer, vale una vida en este país para algunos. La facilidad con la que se puede contratar a alguien para que elimine a un opositor político exiliado en nuestro propio territorio es, francamente, para que se nos pare el pelo. Ya no es una bronca de narcos en un búnker, es un servicio a domicilio que amenaza a cualquiera.
Al final, este caso es mucho más que la muerte de un hombre; es una radiografía que nos muestra un país con una policía judicial súper eficiente pero con un sistema de prevención que hace aguas. Nos enseña que la política se mete hasta en la sopa de la seguridad nacional y que el sicariato es un cáncer que ya hizo metástasis. Entonces, les pregunto a ustedes, maes del foro: ¿Esto es un gane para la justicia porque el OIJ agarró a los sospechosos, o es una derrota para el país porque demuestra que cualquiera puede ser asesinado por encargo y que las alertas tempranas no sirven de nada? ¿O son las dos varas al mismo tiempo?
