¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, con la CCSS metida en un brete que ni Don Chepe Galán. Una auditoría interna sacudió la mesa porque parece que les faltan más de dos mil millones de colones para pagar las licencias de cuidado. Esto significa que las familias que están cuidando a sus seres queridos enfermos podrían verse afectadas, y eso, mis panas, no es ninguna novedad. Ya sabemos cómo andamos….
La movida es así: el Programa de Beneficios para Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Menores de Edad Gravemente Enfermos, que suena lindísimo en papel, depende del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Pero resulta que la cantidad de gente necesitando estas licencias se disparó, superando cualquier proyección que hayan hecho. ¡Y vaya que se proyectaron! Ahora, la caja está con la lengua afuera buscando dónde sacar la plata. Un verdadero despiche.
El documento GF-DFC-1882-2025, que suena más técnico de lo que es en realidad, explica que los atrasos en los pagos vienen de atrás. Según la auditoría, “el aumento sostenido en la cantidad de beneficiarios ha superado las previsiones iniciales de financiamiento”. En otras palabras, más gente necesita ayuda, y la ayuda no alcanza. Este asunto ya había salido en CR Hoy, donde pusieron en evidencia las justificaciones contradictorias de la CCSS y el Fodesaf sobre estos pagos. ¡Un quilombo!
Lo curioso es que la Auditoría dice que la CCSS sí ha estado haciendo su parte, pagando conforme reciben la plata. El problema es que el Fodesaf no está enviando lo suficiente. Parece que alguien anda durmiendo en los laureles o quizás jugando al escondite con los recursos públicos. Uno se pregunta, ¿quién va a asumir la responsabilidad?
Recordemos que todo esto está regido por la Ley 7756, que data de 1998. Esta ley establece que los trabajadores asalariados pueden tomar licencias y recibir subsidios para cuidar a sus familiares enfermos. El subsidio se calcula basado en el salario, llegando hasta dos salarios base para el 100%, bajando al 80% para salarios entre dos y tres, y al 60% para aquellos mayores a tres salarios. Con el nuevo salario base de 462 mil colones, estas diferencias terminan siendo significativas y la falta de liquidez agrava aún más la situación.
Ahora bien, la CCSS sigue otorgando las licencias, eso es claro. Pero advierten que si no les llegan los fondos a tiempo, tendrán que avisarle a los beneficiarios que no van a poder seguir pagando. ¡Imaginen el estrés! Ya bastante tienen con cuidar de sus seres queridos, ahora tener que lidiar con la burocracia y la incertidumbre económica... ¡Qué torta! Por cierto, la idea de usar los fondos de seguridad social para tapar este agujero es imposible, pues iría contra la Constitución Política. ¡Ni hablar!
La Auditoría propone unas cosas interesantes: que hagan un informe detallado de los pagos, que publiquen un comunicado oficial explicando de dónde sale la plata (o que no sale), y que fortalezcan la coordinación entre la CCSS y el Fodesaf. También sugieren crear unas mesas de trabajo para buscar soluciones a largo plazo. Suena bonito en teoría, pero necesitamos ver resultados pronto. Es evidente que este programa nació con la mejor de las intenciones: ayudar a las familias en momentos difíciles, pero ahora está amenazado por la falta de planificación y la gestión inadecuada de los recursos. La historia de Ivón Brenes, una madre desesperada que lleva más de un mes sin recibir el subsidio, es un claro ejemplo de la difícil situación que viven miles de familias en Costa Rica.
Ante este panorama, queda la gran pregunta: ¿Se aprobará rápidamente el proyecto de ley 25.240, que busca garantizar el traslado de recursos urgentes, o seguiremos viendo cómo las familias cuidadoras sufren las consecuencias de la ineficiencia administrativa? ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno ante esta emergencia social?
La movida es así: el Programa de Beneficios para Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Menores de Edad Gravemente Enfermos, que suena lindísimo en papel, depende del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Pero resulta que la cantidad de gente necesitando estas licencias se disparó, superando cualquier proyección que hayan hecho. ¡Y vaya que se proyectaron! Ahora, la caja está con la lengua afuera buscando dónde sacar la plata. Un verdadero despiche.
El documento GF-DFC-1882-2025, que suena más técnico de lo que es en realidad, explica que los atrasos en los pagos vienen de atrás. Según la auditoría, “el aumento sostenido en la cantidad de beneficiarios ha superado las previsiones iniciales de financiamiento”. En otras palabras, más gente necesita ayuda, y la ayuda no alcanza. Este asunto ya había salido en CR Hoy, donde pusieron en evidencia las justificaciones contradictorias de la CCSS y el Fodesaf sobre estos pagos. ¡Un quilombo!
Lo curioso es que la Auditoría dice que la CCSS sí ha estado haciendo su parte, pagando conforme reciben la plata. El problema es que el Fodesaf no está enviando lo suficiente. Parece que alguien anda durmiendo en los laureles o quizás jugando al escondite con los recursos públicos. Uno se pregunta, ¿quién va a asumir la responsabilidad?
Recordemos que todo esto está regido por la Ley 7756, que data de 1998. Esta ley establece que los trabajadores asalariados pueden tomar licencias y recibir subsidios para cuidar a sus familiares enfermos. El subsidio se calcula basado en el salario, llegando hasta dos salarios base para el 100%, bajando al 80% para salarios entre dos y tres, y al 60% para aquellos mayores a tres salarios. Con el nuevo salario base de 462 mil colones, estas diferencias terminan siendo significativas y la falta de liquidez agrava aún más la situación.
Ahora bien, la CCSS sigue otorgando las licencias, eso es claro. Pero advierten que si no les llegan los fondos a tiempo, tendrán que avisarle a los beneficiarios que no van a poder seguir pagando. ¡Imaginen el estrés! Ya bastante tienen con cuidar de sus seres queridos, ahora tener que lidiar con la burocracia y la incertidumbre económica... ¡Qué torta! Por cierto, la idea de usar los fondos de seguridad social para tapar este agujero es imposible, pues iría contra la Constitución Política. ¡Ni hablar!
La Auditoría propone unas cosas interesantes: que hagan un informe detallado de los pagos, que publiquen un comunicado oficial explicando de dónde sale la plata (o que no sale), y que fortalezcan la coordinación entre la CCSS y el Fodesaf. También sugieren crear unas mesas de trabajo para buscar soluciones a largo plazo. Suena bonito en teoría, pero necesitamos ver resultados pronto. Es evidente que este programa nació con la mejor de las intenciones: ayudar a las familias en momentos difíciles, pero ahora está amenazado por la falta de planificación y la gestión inadecuada de los recursos. La historia de Ivón Brenes, una madre desesperada que lleva más de un mes sin recibir el subsidio, es un claro ejemplo de la difícil situación que viven miles de familias en Costa Rica.
Ante este panorama, queda la gran pregunta: ¿Se aprobará rápidamente el proyecto de ley 25.240, que busca garantizar el traslado de recursos urgentes, o seguiremos viendo cómo las familias cuidadoras sufren las consecuencias de la ineficiencia administrativa? ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno ante esta emergencia social?
