¡Ay, Dios mío, qué torta! La Sala Constitucional le pegó duro a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Resulta que llevan meses arrastrando los pies con el caso del Dr. Edgar Carrillo, quien fue separado temporalmente de su puesto como director del Hospital de San Carlos. Ya van como tres meses y medio desde que este señor fue removido, y la CCSS parece que anda pa’lante con remos chinos.
Pa' ponerlos en el contexto, el Dr. Carrillo fue apartado del cargo el 20 de junio pasado, trabajando ahora en un área de salud, pero sin una definición clara de su estatus laboral. Este mae, viendo que la cosa andaba salada, decidió ir a la Sala Cuatro a buscarle solución a su brete, y vaya si la encontró. Como bien saben, cualquier funcionario público tiene derechos, y la CCSS no puede andar haciendo lo que quiera con el empleo de nadie.
La Sala Constitucional, con toda la razón del mundo, les ordenó a la CCSS que definieran “de inmediato” el caso del doctor. No podían andar jugando así con la vida de un trabajador. Y como si fuera poco, también los condenó a pagarle las costas, daños y perjuicios. ¡Imagínate la bronca que deben tener allá adentro! Según el recurso de amparo presentado por el Dr. Carrillo, la administración de la CCSS sabía perfectamente que tenían un plazo limitado para tomar una decisión tras imponer la medida cautelar.
La CCSS había solicitado esa separación como medida cautelar, pero el doctor pidió que la revocaran el 13 de agosto. ¿Y por qué?, porque no hubo un traslado de cargos dentro del plazo legal establecido. Esto demuestra que la CCSS no cumplió con sus obligaciones legales. La Sala Constitucional recalcó que las medidas cautelares tienen que respetar el principio de instrumentalidad, es decir, no pueden durar indefinidamente o durante periodos exageradamente largos. ¡Dos meses y medio es demasiado tiempo, chunches!
Como si eso no fuera suficiente, Karla Solano, directora de la Red de Servicios de Salud, intentó justificar la separación argumentando que el hospital estaba manejándose mal en cuanto a la gestión de camas y que el servicio de emergencias estaba saturado. Dijo que parecía haber una “mala gestión” por parte del Dr. Carrillo. ¡Pero a ver, compañera, si la culpa es del director, ¿por qué lo dejan tanto tiempo así, sin darle una respuesta clara?! Parece que estaban buscando excusas a última hora, diay.
Lo cierto es que la Sala Constitucional no se quedó callada. Señalaron que, aunque se pueden tomar medidas cautelares antes de iniciar un proceso administrativo, estas deben respetarse y no prolongarse innecesariamente. En otras palabras, la CCSS se jaló una torta al dejar el caso del Dr. Carrillo en limbo por tanto tiempo. Esto pone en evidencia la lentitud e ineficiencia de algunos procesos burocráticos en nuestra querida Caja.
Esta situación plantea preguntas importantes sobre cómo la CCSS trata a sus empleados y si realmente cumple con sus obligaciones legales. Muchos trabajadores se preguntarán si ellos también corren el riesgo de sufrir situaciones similares. Además, pone en tela de juicio la transparencia y la eficiencia de la institución. Una cosa es clara: la CCSS necesita mejorar sus procesos internos y asegurarse de cumplir con las leyes. Porque sino, ¡van a seguir recibiendo palizas como esta!
Ahora, me pregunto, ¿cree usted que la CCSS aprenderá la lección de este fallo de la Sala Constitucional, o seguiremos viendo casos similares en el futuro? ¿Deberían implementar reformas internas para agilizar estos trámites y evitar que se arrastre tanto la justicia para los funcionarios públicos?
Pa' ponerlos en el contexto, el Dr. Carrillo fue apartado del cargo el 20 de junio pasado, trabajando ahora en un área de salud, pero sin una definición clara de su estatus laboral. Este mae, viendo que la cosa andaba salada, decidió ir a la Sala Cuatro a buscarle solución a su brete, y vaya si la encontró. Como bien saben, cualquier funcionario público tiene derechos, y la CCSS no puede andar haciendo lo que quiera con el empleo de nadie.
La Sala Constitucional, con toda la razón del mundo, les ordenó a la CCSS que definieran “de inmediato” el caso del doctor. No podían andar jugando así con la vida de un trabajador. Y como si fuera poco, también los condenó a pagarle las costas, daños y perjuicios. ¡Imagínate la bronca que deben tener allá adentro! Según el recurso de amparo presentado por el Dr. Carrillo, la administración de la CCSS sabía perfectamente que tenían un plazo limitado para tomar una decisión tras imponer la medida cautelar.
La CCSS había solicitado esa separación como medida cautelar, pero el doctor pidió que la revocaran el 13 de agosto. ¿Y por qué?, porque no hubo un traslado de cargos dentro del plazo legal establecido. Esto demuestra que la CCSS no cumplió con sus obligaciones legales. La Sala Constitucional recalcó que las medidas cautelares tienen que respetar el principio de instrumentalidad, es decir, no pueden durar indefinidamente o durante periodos exageradamente largos. ¡Dos meses y medio es demasiado tiempo, chunches!
Como si eso no fuera suficiente, Karla Solano, directora de la Red de Servicios de Salud, intentó justificar la separación argumentando que el hospital estaba manejándose mal en cuanto a la gestión de camas y que el servicio de emergencias estaba saturado. Dijo que parecía haber una “mala gestión” por parte del Dr. Carrillo. ¡Pero a ver, compañera, si la culpa es del director, ¿por qué lo dejan tanto tiempo así, sin darle una respuesta clara?! Parece que estaban buscando excusas a última hora, diay.
Lo cierto es que la Sala Constitucional no se quedó callada. Señalaron que, aunque se pueden tomar medidas cautelares antes de iniciar un proceso administrativo, estas deben respetarse y no prolongarse innecesariamente. En otras palabras, la CCSS se jaló una torta al dejar el caso del Dr. Carrillo en limbo por tanto tiempo. Esto pone en evidencia la lentitud e ineficiencia de algunos procesos burocráticos en nuestra querida Caja.
Esta situación plantea preguntas importantes sobre cómo la CCSS trata a sus empleados y si realmente cumple con sus obligaciones legales. Muchos trabajadores se preguntarán si ellos también corren el riesgo de sufrir situaciones similares. Además, pone en tela de juicio la transparencia y la eficiencia de la institución. Una cosa es clara: la CCSS necesita mejorar sus procesos internos y asegurarse de cumplir con las leyes. Porque sino, ¡van a seguir recibiendo palizas como esta!
Ahora, me pregunto, ¿cree usted que la CCSS aprenderá la lección de este fallo de la Sala Constitucional, o seguiremos viendo casos similares en el futuro? ¿Deberían implementar reformas internas para agilizar estos trámites y evitar que se arrastre tanto la justicia para los funcionarios públicos?
